Refrendando la Doctrina Estrada | Ricardo Monreal Ávila

En días anteriores, la noticia del autonombramiento de un “presidente interino” en Venezuela sacudió al mundo, sobre todo por la grave crisis económica que el país sudamericano ha experimentado en los últimos años, y por la tensión de la coyuntura política, en la que el actual mandatario venezolano estaba en vías de ampliar su mandato.

El caso del país sudamericano ha despertado una oleada de posicionamientos y controversias en el plano internacional, a las que México no ha escapado, pues se ha demandado a su Gobierno actuar con mayor definición y manifestar su apoyo al autodenominado presidente encargado de Venezuela.

No obstante, como nunca antes en las décadas recientes, el Gobierno federal de nuestro país se está apegando a los principios constitucionales y al respeto al Estado de Derecho.

A diferencia de otras administraciones, México está conduciendo su política exterior de conformidad con el mandato constitucional establecido en la fracción X del artículo 89 de la Carta Magna, el cual, a la letra, señala:
En la conducción de tal política, el titular del Poder Ejecutivo observará los siguientes principios normativos: la autodeterminación de los pueblos; la no intervención; la solución pacífica de controversias; la proscripción de la fuerza en las relaciones internacionales; la igualdad jurídica de los Estados; la cooperación internacional para el desarrollo; el respeto, la protección y promoción de los derechos humanos y la lucha por la paz y la seguridad internacionales […]

Nuestro país adoptó el principio de no intervención como una política de Estado durante el siglo pasado. Esto se remonta a la administración de Venustiano Carranza quien, en su calidad de titular del Ejecutivo federal y a causa del constante acoso de la milicia norteamericana en el puerto de Veracruz y en el Norte del país durante el desarrollo del movimiento revolucionario, decidió adoptar un modelo de política exterior que, tácitamente, enarbolaría el apotegma juarista: “Entre los individuos, como entre las naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz”.

A partir de 1930, durante el gobierno de Pascual Ortiz Rubio, se adoptó la llamada Doctrina Estrada como el principal conjunto de premisas que México acataría en materia de política exterior.

Tal doctrina, reconocida ampliamente en las relaciones internacionales, establece que México propugna por el establecimiento de la cooperación entre países, tanto de carácter multilateral como bilateral, atendiendo en todo momento al íntegro respeto de la forma de organización interna de los Estados.

La posición de los gobiernos mexicanos al amparo de tal doctrina se prolongó hasta finales del siglo pasado, sin embargo, en la primera década del presente siglo, nuestro país comenzó a participar más activamente en el ámbito internacional y a sumarse a tratados y convenciones multilaterales.

En la actual administración federal se busca lograr la cooperación para la paz y el desarrollo con las naciones con las cuales México mantiene relaciones diplomáticas. Además, se pretende llevar a cabo un modelo de política exterior que guarde estricta correspondencia con las premisas establecidas en nuestra Carta Magna.

Nuestro país en forma alguna se puede pronunciar respecto a la legitimidad del gobierno de una nación con la que mantiene relaciones diplomáticas, porque es partidario de la libre autodeterminación de los pueblos y porque en nuestra Constitución, concretamente en el artículo 39, se reconoce que únicamente las ciudadanas y los ciudadanos de un pueblo o nación en cuyo territorio se reclama soberanía estatal tienen derecho exclusivo de decidir sobre sus asuntos internos, así como de alterar o modificar la forma de su gobierno. Estos principios, a su vez, encuentran su antecedente en el artículo 3 de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano.

Dada la apremiante situación por la que atraviesa Venezuela, el Gobierno de México ha sido prudente respecto de su posición y sus declaraciones. En un contexto como el actual se deben evitar a toda costa las acciones que puedan socavar las relaciones entre los países, o exacerbar, en cualquier medida, los factores de riesgo o desestabilización.

El presidente mexicano hizo pública la posición de nuestro país, privilegiando la solución pacífica de controversias y reconociendo los logros de nuestra nación en esta materia (recuérdense, por ejemplo, los Tratados de Tlatelolco o los Acuerdos de Paz de Chapultepec). Así, México abrió la puerta para fungir como mediador en el conflicto, pero sólo si las partes en disputa lo solicitan. De la misma manera, la cancillería ha entablado comunicación con representantes diplomáticos de otros países para que se establezca el diálogo necesario que allane los caminos hacia la paz.

México es un país que constitucionalmente resguarda el principio de la soberanía popular y que, de la misma manera, busca promover a nivel internacional estas premisas a través del manejo de su política exterior. La conducción responsable de la misma, por parte del Gobierno federal, es una prioridad.

Asimismo, mantener buenos canales de comunicación con los gobiernos de los países con los cuales se sostienen relaciones diplomáticas es una cuestión que se tiene que conducir con sumo cuidado. Sería una ignominia dar cabida a los posicionamientos de los detractores, así como a los cuestionamientos. La diplomacia mexicana debe mantener su prestigio internacional y no arriesgarse a la pauperización de las relaciones internacionales.