Mauricio Vila aplica «manita de puerco» a empresarios y gobernados | Armando Pacheco

Como si se tratara de un ring de lucha libre, por una parte, el exalcalde de la ciudad de Mérida -quien no terminó su periodo por ambiciones políticas-, Mauricio Vila Dosal, regaña al sector empresarial porque éste, lo acusa con la «prensa»; por la otra, la sociedad yucateca que amenazó con una protesta colectiva en coordinación con dueños de empresas dedicadas a la venta de bebidas embriagantes y al sector restaurantero, misma que «fracasa».

Ni uno ni otro logra dejar contentos a los de jodidos, a los de abajo, a los (des)empleados y a quienes no se les otorgan prórrogas para alimentar a sus hijos, a quienes no les condonan impuestos y servicios (luz, agua, teléfono, gas, colegiaturas, en su caso, etcétera), a quienes no les sobra el dinero para comprar a través de la aplicaciones digitales que tanto promueve el experto en sándwiches y sus fieles servidores.

Lo anterior viene a cuenta por un audio filtrado por un «supuesto» empresario. Se trata de un archivo que circuló por las redes sociales, principalmente por el WhatsApp y a cuyas declaraciones evitaremos hacer mucho caso pero que, de acuerdo a las mismas acciones difundidas con erario público a través de comunicación social del Gobierno del Estado, le dan la razón a dicho empresario.

Todo parece indicar que @MauVila sí está molesto con el sector empresarial, principalmente con el restaurantero y turístico pues sus integrantes se les «salieron del huacal» y por ello les ha reclamado su «ingratitud» pues según se relata en el audio, él se ha peleado hasta con el Presidente de México para apoyar a los empresarios de Yucatán; de ser cierta esta versión, Mauricio Vila Dosal olvida que él es el trabajador del pueblo, que es su obligación velar por los intereses de todos los sectores de la población que él gobierna y que, además, se le paga -y muy bien- por su trabajo. En otras palabras, él es el obrero del pueblo, aunque le hagan el manicure a cargo del erario.

Tampoco le ha quedado claro al hoy señor Gobernador que todo el dinero utilizado para ayudar al sector empresarial y a la gente, no es dinero de su bolsillo o de sus cuates. Ese recurso económico lo irá pagando el pueblo yucateco de los impuestos que, valga decir, no son bajitos ni se pagan en abonos chiquitos. Pierde la memoria, además, de que esos «apoyos» serán devueltos, y con intereses, a corto, mediano y largo plazo.

La manita de puerco a empresarios y pueblo

La desobediencia civil en Yucatán siempre ha sido coaccionada por los empresarios, sindicatos ligados al poder, por la prensa vendida, chayotera y amaizada (Diario Por Esto!, Diario de Yucatán, Novedades de Yucatán. Sipse, Telesur y una larga lista); ha sido condenada y hasta censurada por pseudo líderes de opinión y, en últimas fechas, hasta reprendida por la autoridad con la utilización de gases lacrimógenos.

De esta forma y bajo el lema que ante advertencia no hay engaño, Mauricio Vila Dosal le ha aplicado una manita de puerco a los emprearios rebeldes, y, al parecer, ha dicho que habrá negocios que se perderán para siempre, pero que ni modos; le ha aplicado la legendaria llave de lucha libre a la sociedad que persiste en su intento de ir en contra de sus políticas sanitarias.

Sólo queda pues, esperar los nuevos anuncios que dará el titular del ejecutivo que, al parecer, le quedó grande el paquete de la gubernatura y necesita de los medios públicos para justificar sus acciones y presumir que hasta son reconocidas por instancias internacionales como la ONU (que se sabe también, es lacaya del mejor postor y del neoliberalismo).

Por lo tanto, los muy poquitos medios rebeldes, ajenos al poder público y críticos, seguiremos siendo los únicos que destapen las triquiñuelas de los poderosos. Lo que sí hay que agradecer a Mauricio Vila, es que, a pesar de todo, «agunta vara» y le apuesta a la Libertad de Expresión sin reprenderla como sucede en otros estados del país. Un punto a su favor mientras no le haga caso a sus asesores con ideas represoras.

Arte y Cultura en Rebeldía necesita de tu ayuda: En su objetivo de ser un medio independiente y autogestivo, no percibe recursos públicos ni de figuras ligadas a la política y/o iniciativa privada que pretendan privarnos de la libertad de expresarnos utilizando para sus propósitos la censura o el chantaje, por ello es que abogamos por la solidaridad de nuestros lectores. ¡Ayúdanos a seguir en este espacio! Conoce las formas de apoyarnos en el siguiente enlace: Apoya la continuidad de Arte y Cultura en Rebeldía en la web

Foto cortesía de Óscar Zárate

Armando Pacheco (Nezahualcóyotl, Edomex, 1980). Radica en Mérida desde 1985. Es escritor, periodista y músico de folclore latinoamericano. Integrante del Centro Yucateco de Escritores. Primer Lugar del Premio Regional de Poesía «Syan Ca’an Bakhalal» 2016. Tercer Lugar, en la categoría B del II Premio Nacional de Poesía Joven «Jorge Lara Rivera» 2010. Primer Lugar del Premio Estatal de Poesía Joven «Jorge Lara Rivera», ediciones 2003 y 2006. Mención de Honor en el Premio Regional de Poesía «José Díaz Bolio», ediciones 2005 y 2006. Becario del Fondo Estatal para la Cultura y las Artes de Yucatán (Foecay) 2007. Coeditor, junto con el escritor Adán Echeverría, del Mapa Poético de México, edición 2008. Autor de las plaquetas: Entidad en el exilio y otros poemas de añoranza (Ediciones Zur, Catarsis El Drenaje Literario e ICY, 2007) y Memorial del poeta errante (Ediciones Letras en Rebeldía, Editorial El gato bajo la lluvia, 2015). Autor del cuentario breve El viejecillo de historias de animales mayas (El gato bajo la lluvia, 2018). Antologado en La Otredad (2006), Palabrando (2006), Nuevas voces en el laberinto (2007), Cultura de Veracruz (2008), Mapa Poético de México (2008); El canto del silencio (Ediciones Letras en Rebeldía, 2018) y Entre juegos y garabatos, antología para niños Vol. 1 (Ediciones Letras en Rebeldía, 2019). Publicado en las revistas Navegaciones Zur, Cantera Verde, Cultura de Veracruz, Letralia, entre otras. Actualmente es director general de Arte y Cultura en Rebeldía. Es fundador y editor de Ediciones Letras en Rebeldía. Está próximo a publicar Memorias de un poeta errante.

Enloquece Gobierno de Mauricio Vila: ahoga a empresarios restauranteros con Ley seca y promueve clandestinaje | Armando Pacheco

El general Salvador Alvarado dijo al respecto de la implementación de la Ley seca en Yucatán en 1916: «El indio, en su miserable condición, necesita un paraíso artificial; y era el hacendado quien, en multitud de casos, se encargaba de proporcionárselo en la forma de brebajes alcohólicos, terriblemente nocivos. Las tiendas de raya de las haciendas no eran, en realidad, sino pequeñas tabernas. Como consecuencia del alcoholismo, la enfermedad más común entre los braceros de Yucatán era una especie de LEPRA, la terrible PELAGRA, cuyo remate era una espantosa hipocondría que arrastraba a sus víctimas irremisiblemente a la locura o al suicidio…[1]»; esto contrasta radicalmente con la postura —104 años después— de Mauricio Vila Dosal quien ha demostrado sus fallas en las medidas contra la pandemia de la Covid-19, tratando de justificar la incompetencia de sus «asesores» con imposiciones que dejan entrever el moralismo con el cual se maneja la ultraderecha yucateca y que justifica en la pandemia su irracional coacción en contra de la economía (de unos) y de las libertades de la mayoría de los ciudadanos.   

Bajo el argumento de «evitar la movilidad, el contacto social innecesario y las reuniones sociales que no ayudan a la prevención y contribuyen a relajar el cuidado de las medidas sanitarias ante la situación de pandemia por el Coronavirus», el Gobierno encabezado por Mauricio Vila ha extendido la Ley seca a todo el estado so pena de castigos que van de 6 años de prisión y hasta 200 días-multa a quienes infrinja lo dispuesto[2] (impuesto) por @mauvila y «asesores».

Un mes antes, el mismo Jefe del Ejecutivo estatal había implementado, por segunda ocasión, la Ley seca acusando a la sociedad de estar realizando fiestas y reuniones, pero omitiendo que la mayoría de esas aglomeraciones eran promovidas por gente de altos ingresos económicos, hijos de políticos e incluso parientes de funcionarios públicos del actual régimen gubernamental; tuvo que cerrar las marinas turísticas que a inicio del mes de julio había abierto con acuerdos (presiones) con los empresarios del sector turístico; había permitido que los restaurantes de Puerto Progreso y otras playas populares de Yucatán dieran servicio, dizque impulsando la reactivación económica de la entidad y, sobre todo, porque se estaban tomando las medidas de acuerdo al semáforo naranja, mismo que continúa a pesar de que los casos de contagios y fallecidos no han cedido.

Y la primera vez que se implementó la Ley seca el argumento fue el de la violencia de género y la intrafamiliar; el primer municipio que adoptó la medida fue precisamente Progreso y días después Mauricio Vila hizo el llamado a la sociedad yucateca a través de su red social preferida: twitter.

Decíamos que mientras el General Salvador Alvarado había adoptado la medida para luchar contra los hacendados y la «Casta Divina», esta última sin resignarse a morir aún, Mauricio Vila, un siglo después, pretende mostrar un poder que la misma ciudadanía no le dio ni en las urnas, utilizando para ello los prejuicios sociales y promoviendo, de pasada, el clandestinaje, pues por mucha vigilancia y restricción la venta de alcohol está incluso en las redes sociales.

Mientras Vila Dosal ahoga a restaurantes —que ya se han manifestado en contra de la Ley seca—, agencias cerveceras y lleva a la desesperación a un sector de alcohólicos (que no llevan terapias ni forman parte de AA) y orilla al consumo de bebidas adulteradas y del «mercado negro», los contagios no bajan en Yucatán muy a su versión de una descendencia leve en casos de hospitalización; los muertos por la Covid-19 oscilan entre 20 y 30 diariamente, y casos nuevos entre 150 y 200 por día.

En pocas palabras la Ley seca no ha aportado nada al control epidemiológico y por el contrario, coadyuva a la desobediencia social y a prácticas deshonestas del sector cervecero.  


[1] Salvador, Alvarado; Mi actuación revolucionaria en Yucatán; Biblioteca Básica de Yucatán No. 8; Primera edición, 2010; P. 127

[2] Comunicado de prensa del Gobierno del Estado de Yucatán

Armando Pacheco, director general de Arte y Cultura en Rebeldía | Foto: CHAMBRIT@S

Armando Pacheco (Nezahualcóyotl, Edomex, 1980). Radica en Mérida desde 1985. Es escritor, periodista y músico de folclore latinoamericano. Integrante del Centro Yucateco de Escritores. Primer Lugar del Premio Regional de Poesía «Syan Ca’an Bakhalal» 2016. Tercer Lugar, en la categoría B del II Premio Nacional de Poesía Joven «Jorge Lara Rivera» 2010. Primer Lugar del Premio Estatal de Poesía Joven «Jorge Lara Rivera», ediciones 2003 y 2006. Mención de Honor en el Premio Regional de Poesía «José Díaz Bolio», ediciones 2005 y 2006. Becario del Fondo Estatal para la Cultura y las Artes de Yucatán (Foecay) 2007. Coeditor, junto con el escritor Adán Echeverría, del Mapa Poético de México, edición 2008. Autor de las plaquetas: Entidad en el exilio y otros poemas de añoranza (Ediciones Zur, Catarsis El Drenaje Literario e ICY, 2007) y Memorial del poeta errante (Ediciones Letras en Rebeldía, Editorial El gato bajo la lluvia, 2015). Autor del cuentario breve El viejecillo de historias de animales mayas (El gato bajo la lluvia, 2018). Antologado en La Otredad (2006), Palabrando (2006), Nuevas voces en el laberinto (2007), Cultura de Veracruz (2008), Mapa Poético de México (2008); El canto del silencio (Ediciones Letras en Rebeldía, 2018) y Entre juegos y garabatos, antología para niños Vol. 1 (Ediciones Letras en Rebeldía, 2019). Publicado en las revistas Navegaciones Zur, Cantera Verde, Cultura de Veracruz, Letralia, entre otras. Actualmente es director general de Arte y Cultura en Rebeldía. Es fundador y editor de Ediciones Letras en Rebeldía. Está próximo a publicar Memorias de un poeta errante.

Yucatán y los otros datos | Cristóbal León Campos

Antes y durante la pandemia del COVID-19 se ha podido observar en Yucatán el comportamiento megalómano del gobernador Mauricio Vila Dosal, el juego implementado desde los primeros días de su gobierno se ha extendido hasta las fechas actuales sin importar la crisis humanitaria que vivimos, su proyección mediante la colaboración de diversos medios de comunicación públicos y privados con la imagen de preocupación e interés social por el bienestar de la población yucateca, se desmorona cuando se pone en tela de juicio algunas de sus acciones, como por ejemplo, la actual complicidad y servilismo frente a los empresarios, quienes desesperados por conservar sus fortunas impulsan la reapertura de la mal llamada «nueva normalidad», poniendo en riesgo de contagio a miles de trabajadores y trabajadoras. Únicamente se preocupan por mantener privilegios y seguir viviendo a costa de la explotación laboral.

Puede notarse que en la reapertura de puertos como Progreso el carácter elitista y racista del hecho, pues se posibilita la apertura de las «marinas» para que los burgueses disfruten de sus yates, motos acuáticas y demás vehículos marinos, pero se impide a la población el acceso a las playas, y si bien es cierto que las aglomeraciones comunes en el puerto mencionado serían un factor de contagio, también lo es el privilegio secundado para el deleite burgués, también en los puertos, se reabren restaurantes para el consumo (y lógica ganancia del empresario) pero no se garantiza la seguridad de la clase trabajadoras que sin más opción regresa a emplearse de meseros, cocineros y demás formas. Durante la primera Ola de reactivación económica (pronto decretarán la segunda Ola) acontece lo mismo que se vio antes de decretarse la cuarentena; una serie de flagrantes violaciones a los derechos humanos y laborales de la clase trabajadora. No hay garantías verdaderas en los centros de trabajo para evitar los contagios, a los trabajadores y a las trabajadoras se les ha puesto entre la espada y la pared, pues o deciden cuidar su salud o mantener su trabajo corriendo el riesgo de enfermedad. ¿Por qué? Primero por el desinterés a la vida humana, esto claro está, no es nuevo, es arrastrado desde mucho atrás, manifestado en la desarticulación de los servicios públicos de salud y la violación de los derechos laborales, la reducción de prestaciones sociales y el incremento de la subcontratación, la indefensión para la tercera edad por las modificaciones a las leyes y reglamentos de jubilación, junto a la condena que pesa ahora sobre las nuevas generaciones ante trabajos con salarios precarios y la ausencia total o casi total de garantías mínimas de derechos. El tan elogiado trabajo en casa (lo dicen en inglés para creer que con eso ya se moderniza el asunto) no es otra cosa que la consumación de la individualidad capitalista y la celebración de los sueños empresariales-burgueses pues no genera ningún tipo de responsabilidad social para el patrón, si bien hay trabajadores bajo esquemas legales antiguos que sí les posibilita el disfrute de derechos, la tendencia es aumentar la auto-explotación en aras de la «modernidad».

Los trabajadores y trabajadoras del sector salud han demostrado su gallardía e importantísimo papel para el porvenir humano, lo hacen en condiciones extremas, trabajan mucho más horas de lo común en verdaderas condiciones extremas, sin comer y descansar adecuadamente, arriesgándose por nosotros, muchos y muchas a través diversos medios han hecho patente la situación que viven al interior de los hospitales y clínicas, carecen de la gran mayoría de recursos materiales para su labor, no gozan de derechos miles de ellos por ser de nuevas generaciones o por arrastrarse sobre su condición legal un sinfín de injusticias que los someten a aceptar contrataciones a modo para los patrones, además, muchas de las denuncias que se pueden leer, ver y escuchar en redes sociales y medios no dependientes del Estado, hacen saber a la sociedad las condiciones sumamente preocupantes que se viven, pues el colapso de los servicios médicos está a la vuelta de la esquina y el gobierno megalómano continúa con la reapertura jurando tener otros datos para avalar sus decisiones, llegando al extremo de criminalizar con el apoyo medios vendidos a los trabajadores y trabajadoras de la salud que denuncian la situación y reclaman medidas realmente humanitarias, puede más en Yucatán y otras partes del mundo la soberbia del poder que la razón humana por el bienestar.

El gobierno actual empeñado en el saqueo (este gobierno es parte de los megaproyectos neocoloniales) y el endeudamiento (no olvidar los préstamos ya realizados que el pueblo termina pagando), con obras inservibles como la nueva sección del Siglo XXI, los fraudes a la ciudadanía de diversas secretarías como las de turismo y educación, que niegan el pago a maestros o generan eventos falsos para usurpar en convenios con empresas a modo, sin olvidar los despidos efectuados por el gobierno desde su inicio, dejando a miles de yucatecos en la total precariedad, para luego jugando al bueno, diga que se preocupa por ellos generando empleos precarios y sobre-explotadores en favor de los empresarios burgueses.

Naturalmente la sociedad debe actuar con cautela y cuidarse, tampoco podemos eliminar la parte social e individual que sí nos corresponde para evitar contagios y agravar la pandemia, pero no es posible que se culpe al pueblo criminalizándolo mientras el gobierno se lava las manos de sus responsabilidades. Vivimos tiempos muy complejos para el futuro de la humanidad, desde estas condiciones debemos repensar y reestructurar nuestras sociedades, ponderando por encima de todo, el real bienestar humano y el fin del descarado circo de los otros datos y la megalomanía.

¿Gobierno de Yucatán xenófobo, misógino, homofóbico y represor? | Armando Pacheco | Resistencia en el Sur No. 1 | 1 febrero 2020 | Tercera época

Descarga la revista completa en PDF con un click

Joseph de Maistre alguna vez dijo que «toda nación tiene al gobernante que se merece», mientras que Victor Hugo externó que «entre un Gobierno que lo hace mal y un Pueblo que lo consiente, hay una cierta complicidad vergonzosa».
Lo anterior viene a propósito de la crisis política y social que se está viviendo en el estado de Yucatán aunque sus gobernantes paguen y paguen a canales de noticias tanto de televisión abierta como por la señala privada para dar la imagen, ante México y el mundo, de que en la tierra de los mayas itzaes todo es «amor, paz y seguridad».
Dicen, los que supuestamente fueron electos por la mayoría yucateca, que tienen los brazos abiertos y extendidos para aquellos que quieran llegar a territorios yucatecos pero lo que nunca dicen es que los fuereños mexicanos, que no extranjeros, serán el pretexto perfecto para culparlos del incremento criminal, de las ideas progresistas (matrimonio igualitario, legalización del aborto, drogas, etcétera) y de salir a las calles a protestar («violentamente») por sus derechos y decir lo que piensan.
Esos mismos, que suelen viajar al extranjero con dinero del erario público, realizar banquetes exclusivos con Premios Nobel de la Paz y derrochan el dinero en su imagen personal en los medios de comunicación, se rasgan las vestiduras y argumentan, casi siempre, que ellos trabajan de la mano del Presidente de México, esto, mientras se juntan con los personajes más detestables de la política nacional e incluso acusados de corrupción en sus estados.
Y así podríamos seguir, pero nuestro objetivo es tratar de contestar las preguntas que nos hacemos en el título de este artículo.
Primera: ¿Es el Gobierno de Yucatán xenófobo?
Yo creo que sí.
Los argumentos:
El pasado 19 de enero se realizó una marcha que convocó a más de dos mil personas, esto, en el marco del Primer Informe de Gobierno de Mauricio Vila Dosal y su gabinete. Como respuesta a la presión social, la policía estatal, al mando del Gobernador, reprimió a los manifestantes echando una granada de gas lacrimógeno; acto seguido, el alto mando policíaco deslindó a la corporación señalando que el agente que arrojó el artefacto actuó por su cuenta en defensa de sus compañeros.
Por supuesto, ese día, Vila Dosal se dedicó a cacarear sus logros, pagó a los medios «chayoteros» de siempre, minimizó el escándalo, pero no contó que en las mismas redes sociales, donde él se promociona, ya se había hecho el trabajo de difundir la represión, la violación al libre tránsito y al derecho de protestar. Para el día siguiente, «La siempreviva» María Fritz Sierra, su secretaria de Gobierno, salió a dar la cara ante los medios de información, mientras que él se escudaba en un evento público.
Lo lamentable no es que el Gobernador no diera la cara, pues la prensa y la opinión pública ya está acostumbrada a ello, sino que ambos, Vila Dosal y Fritz Sierra, quizás hasta con la misma tarjetita, argumentaron que en Yucatán no se permitirá que «personas de otros lados de la República» cambien «la fórmula a la que estamos acostumbrados» en Yucatán. Y yo me cuestiono: ¿a qué fórmula se refieren?, ¿a qué personas de otros lugares se refieren?
¿Acaso se refieren a la fórmula de que los ciudadanos doblen las manos ante cualquier abuso del Gobierno?, ¿acaso se refieren a las personas que como la flamante secretaria de turismo estatal, oriunda de la capital del país, vienen con una visión de prepotencia, con una misión de saquear los recursos económicos de los yucatecos y un objetivo de vivir del erario público, producto de los elevados impuestos que pagan los nacidos y radicados en Yucatán?
La señora Fritz Sierra, sin duda, o se equivocó o en realidad no sabe nada de política nacional; la migración entre mexicanos no es de ahora.
Esa rueda de prensa desató el descontento, por supuesto, de quienes vivimos en Yucatán desde hace décadas y no somos ni conservadores ni católicos y pensamos diferente a ellos, los «elegidos» y que hoy cobran, cada quince días, del dinero del pueblo.
Segunda: ¿Es el Gobierno de Yucatán misógino?
Yo creo que sí.
Los argumentos:
Mujeres de todas las edades salieron a marchar a nivel nacional en septiembre 28 del año pasado. En Yucatán, jóvenes entusiastas, pro aborto también se organizaron. Con pañuelos verdes, consignas y una pinta en el denominado Monumento a la Madre, ubicado en el parque que lleva ese mismo nombre, se consignó el hecho. Luego luego, tanto el Gobierno municipal como el estatal salieron a la defensa del monumento ultraconservador erigido en el año 1928.
Es menester informar por qué los gobiernos panistas defienden el monumento:
«El periódico mexicano Excélsior creó el famoso Día de las Madres un 10 de mayo del año 1922; el objetivo era contrarrestar los movimientos feministas que se estaban dando en el país, especialmente en Puebla (centro) y en Yucatán (sureste). Los conservadores de esa época utilizaron esa festividad instituida al calor del dueño del periódico católico y muy a pesar del Gobierno federal de Álvaro Obregón. Mientras tanto, en Yucatán, una agrupación ultraconservadora, católica, oligárquica y conformada por grandes hacendados de la entidad, llamada Liga de Acción Social, patrocinaron, años después, una reproducción fiel de la escultura «Maternidad» del artista francés Charles Alfred Lenoir en honor al Día de la Madre; el objetivo era condenar y tratar de desaparecer el movimiento feminista que Elvia Carrillo Puerto había encabezado años atrás, mismo que pugnaba por el derecho de la mujer a decidir por su cuerpo (pro aborto), el derecho de la mujer al voto, entre muchas otras acciones liberales que contrastaban con la política de quienes estaban perdiendo el poder en el Yucatán post-revolucionario. Luego, entonces, ese monumento es un signo de represión ideológica y símbolo perverso a «favor de la vida». Cabe destacar que el nombre de esta asociación actualmente está ligada a La Casa de España ubicada en la colonia Itzimná, en la ciudad de Mérida.»
Pero retomando los argumentos, la marcha feminista del 28 de septiembre último pasado, movió los ánimos en la opinión pública. Por un lado, a los «mojigatos católicos y cristianos» y, por el otro, a los progresistas, liberales y grupos de izquierda.
La pinta de consignas en la piel blanquísima del Monumento a la Madre, sacó de sus casillas al mismísimo alcalde Renán Barrera que condenó el hecho y lo llamó vandalismo, destacando que no se opone a la libertad de expresión pero tajantemente dijo que no permitirá que existan actos vandálicos en la capital de Yucatán; asimismo, el Gobernador se manifestó en contra del supuesto daño que se le hizo a un «monumento histórico».
Las feministas tuvieron el apoyo y aliento de los usuarios de las redes sociales, de activistas, pero fueron condenadas por los medios de información, esos mismos que viven del famoso sobre amarillo y otras «ayudaditas» de los gobiernos municipales y estatales.
Pero el hecho más lamentable contra las mujeres fue el que sí trascendió a nivel nacional: la detención de seis feministas que fueron agredidas, insultadas y tomadas a la fuerza desde un establecimiento público del Centro Histórico de Mérida. El vídeo y las imágenes circularon por la televisión, el Facebook y el Twitter. Medios como La Hoguera, La Silla Rota y Milenio, manejaron suavidad en la nota; sin embargo, Aristegui Noticias sí le dio más cobertura y manejó la argumentación de Grupo Indignación quienes al día siguiente del lamentable suceso ofrecieron una rueda de prensa.
La vulgar represión se dio el 25 de noviembre, irónicamente en el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. No se trataba de delincuentes ni de rijosas, sino de estudiantes de arte que en sus mochilas tenían material educativo a lo que las autoridades llamaron «armas punzocortantes y materiales para vandalismo»; tanto la policía municipal como la estatal actuaron en contra de estas féminas que fueron detenidas arbitrariamente y privadas de su libertad, al menos 12 horas; había una embarazada.
Si con lo anterior expuesto no queda clara la misoginia existente en la entidad, pues sólo hay que mirar las estadísticas de las mujeres asesinadas en el estado, de las mujeres maltratadas y un sinnúmero de jóvenes abandonadas y embarazadas.

Tercera: ¿Es el Gobierno de Yucatán homofóbico?
Yo creo que sí.
Los argumentos:
El 8 de junio del 2019 ya es historia en Yucatán. Por primera vez, luego de 16 años de irse organizando año tras año, la Marcha por la Diversidad Sexual de Yucatán aglutinó a miles de personas que salieron del parque de La Mejorada para finalizar en el Plaza Principal con discurso, concierto y toda las condenas contra el Estado que, en complicidad con la mayoría de los legisladores del ya no tan honorable Congreso del Estado de Yucatán, siguen discriminando a este sector. Y es que durante el año pasado dos fueron las veces en que se puso a discusión y votación del matrimonio igualitario, un derecho humano que no ha querido ser reconocido por el Gobierno del Estado y reprobado por retrógrados políticos yucatecos.
La primera votación se realizó antes de la Marcha del Orgullo Gay, esto es, el 10 de abril donde 15 de 25 diputados locales votaron en contra y en secreto; cobardemente no quisieron darle la cara a la ciudadanía. Hubo, en aquel día rezadoras hincadas en el recinto legislativo sin quien nadie les dijera nada, violando así el Estado laico que está consagrado en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Mauricio Vila Dosal no se manifestó al respecto, dando así su aval a los irresponsables «representantes del pueblo».
Lo anterior dio pie a que el diputado Felipe Cervera dijera, ante las duras críticas recibidas por el resultado de la votación de grupos a favor del matrimonio igualitario, que sólo son cuatro quienes estaban cuestionando el actuar del Poder Legislativo estatal; en respuesta, la sociedad civil suscribió el hashtag #NoSomosCuatro.

El 8 de junio llegó y mientras los conservadores esperaban sólo la presencia de algunos centenares de asistentes a la convocatoria, en el parque de La Mejorada el entusiasmo se vivía en los cuatro puntos cardinales. Activistas, creadores de arte, periodistas independientes, transexuales, queers, empresarios, jóvenes, niños, adultos mayores y familias enteras tomaron las calles del Centro Histórico de Mérida, logrando que, por primera vez en su historia, la marcha de Mérida fuera la más importante del sureste mexicano. Sólo el alcalde de Mérida, Renán Barrera Concha, se manifestó a favor de la lucha de la comunidad LGBTIQ+ dando las facilidades para que se realizara el evento.
Cabe hacer hincapié que se aprovechó para rechazar a los ultraconservadores su terquedad por violar los derechos humanos (DDHH); se dejó claro que la lucha seguirá hasta las últimas consecuencias y quedó de manifiesto que el Estado es discriminador y violador de los DDHH
Y la insistencia del partido político Movimiento Ciudadano (MC) por retomar el debate y la votación del matrimonio igualitario, permitió que de nueva cuenta se llevara al parlamento estatal la discusión en esta materia. Una nueva oportunidad se les daba a los legisladores panistas, priístas y morenistas para reflexionar su voto y la manera de hacerlo. Se pedía que fuera en lo nominal y no por cédula (en secreto). Sin embargo, esos que se denominan como «veladores de la voluntad del pueblo», «representantes del pueblo»; esos que se ufanan de su labor a favor de sus votantes y que presumen en sus informes sus intervenciones en el pleno legislativo, esos mismos, volvieron la espalda a un sector, que, es menester aclarar, forma parte importante de la economía de la entidad.
Estos diputados homofóbicos no quisieron aprobar el matrimonio igualitario dejando registro de su vergonzosa actuación en la historia política de Yucatán. Fue noticia nacional que la misma legislatura, sencillamente, está en contra de los derechos humanos. Continuó haciendo oídos sordos a la Suprema Corte de Justicia y dejó en claro que sus intereses no están con las mal llamadas minorías.
Pero la burla para con la comunidad gay del actual Gobierno encabezado por el panista Vila Dosal tuvo lugar este mes de enero cuando la secretaria de fomento turístico, Michelle Fridman Hirsch presumió una distinción que le «dieron» al Gobierno yucateco por sumarse a la iniciativa Queer Destinations y que engañosamente en un comunicado de prensa pareciera ser parte del programa piloto de estrategia «Turismo LGBT+» de la Secretaría de Turismo federal. Sin embargo, logramos investigar que este «premio» no es más que otra estrategia mercadotécnica de la señorita Fridman Hirsch dado que el galardón se entregó en el marco de la Feria Internacional de Turismo (Fitur) organizada por la Institución Ferial de Madrid, España.
El engaño ha molestado a la comunidad gay que ya en las redes sociales han criticado a la flamante funcionaria y al Gobernador, recordándoles que esta administración es discriminadora y violadora de los derechos humanos. Además, es importante precisar que la secretaria tuvo la complicidad de la Internacional Gay Travel Association que es una asociación de empresas turísticas especializadas en el sector homosexual, ésta funciona desde 2016 cuando Michelle Fridman era empresaria de agencias de viajes. ¿Habrá intereses ocultos?
Si con todo lo anterior se tiene duda de que el Estado es homofóbico, cabría revisar cuántas detenciones arbitrarias existente cerca de los bares, discotecas y sitios donde suele acudir la comunidad gay de Mérida; la falta de programas de prevención contra el VIH/SIDA y el desinterés por apoyar a agrupaciones que ayudan a personas que viven con el virus e incluso que tienen la enfermedad.

Cuarta: ¿Es el Gobierno de Yucatán represor?
Yo creo que sí.
Los argumentos:
La llegada de Mauricio Vila Dosal al Palacio de Gobierno se realizó con gran boato; se prometió que las puertas de la casa del Poder Ejecutivo estarían abiertas a todos los ciudadanos; que habría un Gobierno del pueblo. Pero la realidad, conforme pasó el tiempo, fue otra: viajes al extranjero, nulas ruedas de prensa, acuerdos en los «oscurito», abandono al campo, críticas a grupos progresistas, y el aumento de impuestos; todo ello ha contribuido para que exista un gran descontento social que terminó con una agresión por parte de la SSP el pasado 19 de enero.
Pero ¿por qué consideramos que el Gobierno de Yucatán es represor?
Sólo hay que recordar el 25 de noviembre del año pasado donde se abusó de la fuerza pública para detener a seis mujeres; sólo hay que recordar que en meses pasados una muchacha, estudiante ejemplar de derecho, fue detenida arbitrariamente por la policía estatal confundida con una narcomenudista; y sólo hay que rememorar el 19 de enero cuando las autoridades repelaron la manifestación de la sociedad civil que se pronunciaba en contra de los aumentos de impuestos que pretende hacer el Gobierno encabezado por Vila Dosal.
Con relación a la prensa, el Gobierno del Estado no contempla a medios alternativos en su esquema de publicidad argumentando que no tienen alto impacto; sin embargo, apoya a ciertos «periodistas» que ni siquiera tienen un portal o redes sociales; su venganza se debe a que estos medios fueron «apoyados» en el Gobierno priísta o que son duros críticos de su proyecto gubernamental.
Así las cosas, así Yucatán.

Jugoso negocio de Vila Dosal con el reemplacamiento | Sol Yucatán

Difícil ha sido la cuesta de enero para todos los yucatecos, pues tan solo en imposiciones fiscales (impuestos), pagarán 198 millones más este año por servicios personales como honorarios y personal transitorio; pagará 377 millones de pesos más por materiales y suministros como equipos de oficina, impresiones, limpieza, alimentos y utensilios, combustibles y uniformes; además pagará casi 1000 millones de pesos más en servicios generales como energía eléctrica.

Además, en arrendamientos de vehículos, servicios profesionales, conservación, mantenimiento menor de inmuebles, comunicación social y viajes y gastará 134 millones de pesos en la compra de vehículos aeroespaciales y marítimos, dijo.

A partir del primero de marzo los yucatecos pagarán más de 546 millones de pesos por reemplacar sus vehículos que sumaron más de 868 mil tan solo en el primer semestre del 2019.

Sin embargo, este programa de reemplacamiento está ensombrecido por denuncias de corrupción contra el gobierno del ex gobernador Rolando Zapata y del mismo Vila Dosal, ya que se señala que el proceso esta plagado de irregularidades y actos de corrupción de autoridades estatales.

De esta manera, el Gobierno del Estado que encabeza Mauricio Vila Dosal, dará un fuerte golpe a los bolsillos de los yucatecos y espera recaudar más de 546 millones por canje de placas, tarjetas de circulación y licencia de manejo.

Es decir, cada propietario de un automóvil desembolsará aproximadamente $1,650 pesos por sus nuevas placas y su tarjeta de circulación y un promedio de $9 pesos por habitante para el nuevo Derecho por la infraestructura tecnológica (impuesto de seguridad).

En el Diario Oficial del Gobierno del Estado fue publicado el Decreto 155/2019 que modifica la Ley General de Hacienda para el próximo año y que da luz verde no solo al canje de placas nuevas, sino también al cobro de seguridad relativo al 8% del consumo total de la energía eléctrica, aumento al impuesto al hospedaje que pasará del 3 al 5%.

En su oportunidad, el exsenador Daniel Ávila Ruiz solicitó a la Auditoría Superior de la Federación (ASF) investigar a fondo al gobierno de Yucatán por el uso indebido de recursos públicos federales en la licitación pública No. LIC-GEY-SSP-031/2016 para el programa de reemplacamiento vehicular 2017.

Con este motivo, presentó una denuncia en la que describe numerosas irregularidades y presuntos actos de corrupción de funcionarios estatales en la adquisición de 750 mil placas metálicas, calcomanías de identificación, tarjetas de circulación y recibos oficiales para vehículos de transporte terrestre.

Hay evidencias de que el secretario de Administración y Finanzas, Alfredo Dájer Abimerhi y el director general de Administración de la Secretaría de Seguridad Pública, Luis Alberto Pinzón Sarabia, manipularon el proceso licitatorio para beneficiar a la empresa Vitro Fomento Industrial, S.A. de C.V, propiedad de Juan Manuel Ponce Días, un empresario involucrado en las investigaciones contra el ex gobernador de Tabasco, Andrés Granier por lavado de dinero y desvío de recursos.

El yucateco Juan Manuel Ponce Díaz, tiene una trayectoria como empresario en Yucatán. De acuerdo con la página de internet www.juanmanuelponcediaz.com

Juan Manuel Ponce Díaz forma parte del Consejo de Administración de BEPENSA, importante empresa con presencia en gran parte de México, Estados Unidos, República Dominicana y Colombia. Es Director General de Vitro Fibras del Sureste, dedicada a productos a partir de la fibra de vidrio; y de Hielo Tun’Ha, comercializadora de hielo de consumo. Es licenciado en Administración de Empresas por la Universidad de Dayton, en Estados Unidos, con diversos estudios en Desarrollo Gerencial y Desarrollo de Empresas en la Wharton School en Pennsylvania y en la Harvard Business School en Boston; así como del ITAM y el ITESM en México.

Es accionista y miembro del Consejo de Administración de Bepensa, un consorcio que posee la franquicia de The Coca Cola Company para distribuir el producto en Yucatán y en 24 estados más, así como en República Dominicana.

Su familia ha tenido por años la franquicia refresquera más grande del mundo; y en Bepensa también fungió como director general.

En febrero de 2017 fue nombrado como el nuevo presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Transformación (Canacitra) Yucatán.

El 30 de noviembre de 2016 se publicaron en el Diario Oficial de Yucatán, las bases para que las empresas participaran en la licitación, donde se solicitó el pago de 2 mil pesos para concursar.

La fecha límite para este pago en efectivo, como lo solicitó la Secretaría de Seguridad Pública, dependencia encargada del proceso, era el mismo 30 de noviembre, con un horario de 8:00 a 14:00 horas en la caja de ingresos de la Secretaría de Administración y Finanzas.

Otro los puntos que se destacan en el documento de las bases, consultado por La Silla Rota, es que se estableció que no se daría un pago como anticipo a la empresa ganadora para la elaboración de las placas, tarjetas de circulación y recibos.

Cabe destacar que en la mayoría de las licitaciones gubernamentales se les entrega un anticipo a las empresas, ya sea para comenzar la obra, confeccionar material textil o cualquier otro producto que el gobierno compre a los particulares.

Bajo estas condiciones, sólo tres empresas lograron su registro: Talleres Unidos Mexicanos S.A. de C.V.; Placas Realzadas S.A. de C.V.; y Vitro Fomento Industrial S.A. de C.V.

Días después, el 12 de diciembre del 2016 se llevó a cabo la reunión para anunciar a la compañía ganadora de la licitación. Únicamente asistió la sociedad propiedad de Juan Manuel Ponce Díaz.

Las otras dos empresas no se presentaron, como tampoco lo hizo el contralor interno asignado por la SSP de la Contraloría General ni algún representante la Secretaría de Administración y Finanzas.

En esta reunión convocada para emitir el acta del fallo se determinó que Talleres Unidos Mexicanos S.A. de C.V. no cumplió con los requisitos mínimos y ofertó el precio más alto de las tres.

Por su parte, Placas Realzadas S.A. de C.V sí cumplió con los requisitos de las bases, pero el precio también fue elevado, de acuerdo con el documento oficial. Sin embargo, en el documento no se establece cuál fue la oferta económica que hicieron ambas empresas.

En este sentido se declaró: “De acuerdo con el análisis anterior, se emite el siguiente fallo y se adjudican los bienes de la partida única al licitante Vitro Fomento Industrial S.A. de C.V.”.

El entonces senador panista, Daniel Ávila Ruiz denunció que los precios eran elevados, ya que ésta misma empresa vendió al estado de Nuevo León cada placa por 156 pesos; cantidad 50% menor a los 245 pesos que pagó el gobierno de Yucatán.

Agrego que la empresa ganadora de ese concurso Vitro Fomento Industrial S.A de C.V. VIFINSA fijo un precio de 204 pesos por juego de placas de un total de 700 mil esa misma empresa gano un concurso nacional de canje de placas en Monterrey Nuevo León cobrando 104 pesos por juego de placas luego entonces por qué cobro más caro en Yucatán.

Puntualizo que el Gobierno del Estado aumentó a 1446.00 pesos por cambio de placas de circulación cuando el gobierno de Ivonne Ortega Pacheco en 2009 por canje de placas se cobró a los yucatecos 449 pesos.

Especifico que el Gobierno del Estado justifico este aumentó por la inflación lo cual es mentira le están cobrando a los yucatecos bajo el agua el refrendo vehicular la cual por decreto Estatal no se pretendía cobrar por algunos meses.

Ávila Ruiz abundo que según el Gobierno del Estado pretende captar 400 millones de pesos por el canje de placas la cual es mentira su intención es recaudar 900 millones de pesos.

Anuncio que presento una denuncia por estas irregularidades del gobierno del estado a la Auditoria Superior de la Federación también presentaron la misma denuncia en la Auditoria Superior del Estado de Yucatán y hará el mismo procedimiento en la Procuraduría General de la República en la Ciudad de México.

Dio a conocer que ha través de la dirigencia estatal del Partido Acción Nacional (PAN) presentaran en el Congreso del Estado una solicitud para que el Gobierno del Estado no lleve a cabo cada sexenio estatal el reemplacamiento la cual es un jugoso negocio para la administración estatal.

Sin embargo, a dos años de esa denuncia, no se ha realizado ninguna acción en contra de los implicados en actos de corrupción realizados en el gobierno de Zapata Bello y avalado por el actual gobierno de Vila Dosal.



FUENTE: SOL YUCATÁN

ENLACE: https://bit.ly/312RYvq