Jugoso negocio de Vila Dosal con el reemplacamiento | Sol Yucatán

Difícil ha sido la cuesta de enero para todos los yucatecos, pues tan solo en imposiciones fiscales (impuestos), pagarán 198 millones más este año por servicios personales como honorarios y personal transitorio; pagará 377 millones de pesos más por materiales y suministros como equipos de oficina, impresiones, limpieza, alimentos y utensilios, combustibles y uniformes; además pagará casi 1000 millones de pesos más en servicios generales como energía eléctrica.

Además, en arrendamientos de vehículos, servicios profesionales, conservación, mantenimiento menor de inmuebles, comunicación social y viajes y gastará 134 millones de pesos en la compra de vehículos aeroespaciales y marítimos, dijo.

A partir del primero de marzo los yucatecos pagarán más de 546 millones de pesos por reemplacar sus vehículos que sumaron más de 868 mil tan solo en el primer semestre del 2019.

Sin embargo, este programa de reemplacamiento está ensombrecido por denuncias de corrupción contra el gobierno del ex gobernador Rolando Zapata y del mismo Vila Dosal, ya que se señala que el proceso esta plagado de irregularidades y actos de corrupción de autoridades estatales.

De esta manera, el Gobierno del Estado que encabeza Mauricio Vila Dosal, dará un fuerte golpe a los bolsillos de los yucatecos y espera recaudar más de 546 millones por canje de placas, tarjetas de circulación y licencia de manejo.

Es decir, cada propietario de un automóvil desembolsará aproximadamente $1,650 pesos por sus nuevas placas y su tarjeta de circulación y un promedio de $9 pesos por habitante para el nuevo Derecho por la infraestructura tecnológica (impuesto de seguridad).

En el Diario Oficial del Gobierno del Estado fue publicado el Decreto 155/2019 que modifica la Ley General de Hacienda para el próximo año y que da luz verde no solo al canje de placas nuevas, sino también al cobro de seguridad relativo al 8% del consumo total de la energía eléctrica, aumento al impuesto al hospedaje que pasará del 3 al 5%.

En su oportunidad, el exsenador Daniel Ávila Ruiz solicitó a la Auditoría Superior de la Federación (ASF) investigar a fondo al gobierno de Yucatán por el uso indebido de recursos públicos federales en la licitación pública No. LIC-GEY-SSP-031/2016 para el programa de reemplacamiento vehicular 2017.

Con este motivo, presentó una denuncia en la que describe numerosas irregularidades y presuntos actos de corrupción de funcionarios estatales en la adquisición de 750 mil placas metálicas, calcomanías de identificación, tarjetas de circulación y recibos oficiales para vehículos de transporte terrestre.

Hay evidencias de que el secretario de Administración y Finanzas, Alfredo Dájer Abimerhi y el director general de Administración de la Secretaría de Seguridad Pública, Luis Alberto Pinzón Sarabia, manipularon el proceso licitatorio para beneficiar a la empresa Vitro Fomento Industrial, S.A. de C.V, propiedad de Juan Manuel Ponce Días, un empresario involucrado en las investigaciones contra el ex gobernador de Tabasco, Andrés Granier por lavado de dinero y desvío de recursos.

El yucateco Juan Manuel Ponce Díaz, tiene una trayectoria como empresario en Yucatán. De acuerdo con la página de internet www.juanmanuelponcediaz.com

Juan Manuel Ponce Díaz forma parte del Consejo de Administración de BEPENSA, importante empresa con presencia en gran parte de México, Estados Unidos, República Dominicana y Colombia. Es Director General de Vitro Fibras del Sureste, dedicada a productos a partir de la fibra de vidrio; y de Hielo Tun’Ha, comercializadora de hielo de consumo. Es licenciado en Administración de Empresas por la Universidad de Dayton, en Estados Unidos, con diversos estudios en Desarrollo Gerencial y Desarrollo de Empresas en la Wharton School en Pennsylvania y en la Harvard Business School en Boston; así como del ITAM y el ITESM en México.

Es accionista y miembro del Consejo de Administración de Bepensa, un consorcio que posee la franquicia de The Coca Cola Company para distribuir el producto en Yucatán y en 24 estados más, así como en República Dominicana.

Su familia ha tenido por años la franquicia refresquera más grande del mundo; y en Bepensa también fungió como director general.

En febrero de 2017 fue nombrado como el nuevo presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Transformación (Canacitra) Yucatán.

El 30 de noviembre de 2016 se publicaron en el Diario Oficial de Yucatán, las bases para que las empresas participaran en la licitación, donde se solicitó el pago de 2 mil pesos para concursar.

La fecha límite para este pago en efectivo, como lo solicitó la Secretaría de Seguridad Pública, dependencia encargada del proceso, era el mismo 30 de noviembre, con un horario de 8:00 a 14:00 horas en la caja de ingresos de la Secretaría de Administración y Finanzas.

Otro los puntos que se destacan en el documento de las bases, consultado por La Silla Rota, es que se estableció que no se daría un pago como anticipo a la empresa ganadora para la elaboración de las placas, tarjetas de circulación y recibos.

Cabe destacar que en la mayoría de las licitaciones gubernamentales se les entrega un anticipo a las empresas, ya sea para comenzar la obra, confeccionar material textil o cualquier otro producto que el gobierno compre a los particulares.

Bajo estas condiciones, sólo tres empresas lograron su registro: Talleres Unidos Mexicanos S.A. de C.V.; Placas Realzadas S.A. de C.V.; y Vitro Fomento Industrial S.A. de C.V.

Días después, el 12 de diciembre del 2016 se llevó a cabo la reunión para anunciar a la compañía ganadora de la licitación. Únicamente asistió la sociedad propiedad de Juan Manuel Ponce Díaz.

Las otras dos empresas no se presentaron, como tampoco lo hizo el contralor interno asignado por la SSP de la Contraloría General ni algún representante la Secretaría de Administración y Finanzas.

En esta reunión convocada para emitir el acta del fallo se determinó que Talleres Unidos Mexicanos S.A. de C.V. no cumplió con los requisitos mínimos y ofertó el precio más alto de las tres.

Por su parte, Placas Realzadas S.A. de C.V sí cumplió con los requisitos de las bases, pero el precio también fue elevado, de acuerdo con el documento oficial. Sin embargo, en el documento no se establece cuál fue la oferta económica que hicieron ambas empresas.

En este sentido se declaró: “De acuerdo con el análisis anterior, se emite el siguiente fallo y se adjudican los bienes de la partida única al licitante Vitro Fomento Industrial S.A. de C.V.”.

El entonces senador panista, Daniel Ávila Ruiz denunció que los precios eran elevados, ya que ésta misma empresa vendió al estado de Nuevo León cada placa por 156 pesos; cantidad 50% menor a los 245 pesos que pagó el gobierno de Yucatán.

Agrego que la empresa ganadora de ese concurso Vitro Fomento Industrial S.A de C.V. VIFINSA fijo un precio de 204 pesos por juego de placas de un total de 700 mil esa misma empresa gano un concurso nacional de canje de placas en Monterrey Nuevo León cobrando 104 pesos por juego de placas luego entonces por qué cobro más caro en Yucatán.

Puntualizo que el Gobierno del Estado aumentó a 1446.00 pesos por cambio de placas de circulación cuando el gobierno de Ivonne Ortega Pacheco en 2009 por canje de placas se cobró a los yucatecos 449 pesos.

Especifico que el Gobierno del Estado justifico este aumentó por la inflación lo cual es mentira le están cobrando a los yucatecos bajo el agua el refrendo vehicular la cual por decreto Estatal no se pretendía cobrar por algunos meses.

Ávila Ruiz abundo que según el Gobierno del Estado pretende captar 400 millones de pesos por el canje de placas la cual es mentira su intención es recaudar 900 millones de pesos.

Anuncio que presento una denuncia por estas irregularidades del gobierno del estado a la Auditoria Superior de la Federación también presentaron la misma denuncia en la Auditoria Superior del Estado de Yucatán y hará el mismo procedimiento en la Procuraduría General de la República en la Ciudad de México.

Dio a conocer que ha través de la dirigencia estatal del Partido Acción Nacional (PAN) presentaran en el Congreso del Estado una solicitud para que el Gobierno del Estado no lleve a cabo cada sexenio estatal el reemplacamiento la cual es un jugoso negocio para la administración estatal.

Sin embargo, a dos años de esa denuncia, no se ha realizado ninguna acción en contra de los implicados en actos de corrupción realizados en el gobierno de Zapata Bello y avalado por el actual gobierno de Vila Dosal.



FUENTE: SOL YUCATÁN

ENLACE: https://bit.ly/312RYvq


 

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