Prostitución: ¿Legalización o abolición? | Marisa del Campo

Sobre las posiciones, dilemas y debates de la prostitución

Los lugares comunes permean nuestra vida y condicionan tanto nuestros pensamientos como nuestras acciones. Un tópico actual dentro del progresismo es el de “feminizar la política” en la idea de que las mujeres serían, en general, menos competitivas y ambiciosas y, en particular, más suaves y mesuradas en los debates que los hombres, bastante “machos” y “alfas” casi todos ellos.

Esta media verdad nos revelaría su parte errónea en lo que a la suavidad en la discusión se refiere si asistiésemos a una reunión de feministas que estuviesen hablando sobre la prostitución. Porque si hay un tema que divide y encona al feminismo es el del mal llamado oficio más viejo del mundo. Sin entrar a valorar, por razones de espacio, la posición que proclama la prostitución como un arma liberadora para la mujer y un factor de desestabilización de la cultura heterosexual y patriarcal, dos son las principales corrientes que se enfrentan dentro del movimiento feminista: la que defiende la legalización y la partidaria de la abolición. Veámoslas brevemente.

La postura por la legalización.

Para las partidarias de la legalización, la prostitución sería un trabajo como otro cualquiera. Simplemente consistirá en el intercambio de un servicio por dinero, no muy diferente – o nada distinto – del que pueda realizar cualquier otro trabajador. Se cambia una mercancía por otra entre personas adultas. Por supuesto, se está hablando de la prostitución consentida, siendo este punto, el consentimiento y la decisión autónoma y personal de la prostituta en ejercer esta actividad, el segundo concepto básico de las partidarias de la legalización. Nadie tendría derecho a estigmatizar, prohibir o castigar a una persona que decida libremente “utilizar” su cuerpo para sacar un beneficio.

En consecuencia, al ser esta prostitución libre y consentida una actividad laboral, debería ser regulada como todas las demás: seguridad social, pensiones, impuestos, cotizaciones, etcétera. De esta manera el Estado sacaría beneficios por vía impositiva, se protegería el bienestar de las prostitutas y se combatirían los abusos de los empresarios y las enormes ganancias de las mafias de trata de mujeres y niñas, favorecidos por la actual situación de “imprecisión” legal.

Por último, las partidarias de la legalización critican a las abolicionistas por inmiscuirse en el derecho al propio cuerpo, las recriminan que en el fondo estigmatizan la prostitución por principios puritanos inconfesables, las tildan de paternalistas al considerar a todas la prostitutas como víctimas sin capacidad de agencia y las advierten de que llevar a la práctica la abolición solo conduciría a aumentar la explotación y debilidad de las prostitutas frente a empresarios y mafias al ser desterradas al mundo de la ilegalidad. Un ejemplo de esta postura sería Holanda.

La postura abolicionista.

La posición abolicionista – la de mayor tradición dentro del movimiento feminista – defiende que cualquier medida legislativa que se plantee debe tener como objetivo acabar con la prostitución. Afirma que la prostitución es la esclavitud moderna – de ahí su nombre de abolicionista – y que, por ende, sólo cabe luchar por su erradicación. Niega el carácter de “trabajo como otro cualquiera” de la prostitución, alegando no solo su “especificidad” y sus posibles peligros, sino conceptualizándolo como símbolo extremo y revelador de la situación de dominación de fondo del hombre sobre la mujer.

También rechaza el argumento de la “libre decisión” al considerar que, en la aplastante mayoría de los casos, el ejercicio de la prostitución viene motivado más por la necesidad que por una hipotética libertad personal sobre el propio cuerpo. Acusando a las pro-legalización de caer en las concepciones liberales del individualismo contractualista, las abolicionistas utilizarían un doble enfoque al aproximarse al fenómeno de la prostitución: de clase y de género. Por el enfoque de clase arguyen que la casi totalidad de las prostitutas pertenecen a la clase baja y que, por añadidura, se da una especie de neocolonialismo pues la presencia de mujeres del tercer mundo es cada vez más importante.

Por el enfoque de género, definen a la prostitución no como un contrato de intercambio de servicios entre individuos, sino como una institución que asegura a los hombres el acceso a ciertas mujeres previo pago de una determinada cantidad de dinero, esto es, una especie de harén “democrático” permanente o un supermercado del orgasmo masculino abierto las veinticuatro horas.

En este sentido, las abolicionistas creen que es posible influir legislativa y culturalmente sobre la demanda, ya sea multando a los puteros, ya sea deslegitimando la práctica del sexo comprado – o ambas cosas a la vez – Por último las abolicionistas consideran que la legalización de la prostitución solo beneficia a las mafias y empresarios al expandir el mercado del sexo y al dividir, en la práctica, a las putas en legales e ilegales. Un ejemplo de esta política sería Suecia.

¿Es posible un terreno común?

Como ya dijimos al principio estas dos posturas están muy encastilladas en sus posiciones y han generado un encono muy profundo en el movimiento feminista.

El resultado inmediato de esta situación ha sido la incapacidad del feminismo de dar una respuesta práctica y unitaria, aquí y ahora, al problema de la prostitución y a la enorme expansión del mercado del sexo pagado, y más particularmente al inhumano tráfico de mujeres y niñas, al crecimiento del turismo colonialista sexual y a la sangrante situación de muchas putas emigrantes en burdeles y calles.

Esta parálisis debe concluir para bien del feminismo, las afectadas y la sociedad en general. Para salir de este bloqueo propositivo es necesario dejar a un lado por el momento las diferencias “ontológicas” – trabajo/no trabajo, libre decisión/necesidad… – que solo conducen al atrincheramiento, y buscar aquello que une a las dos corrientes mayoritarias. Veamos. Ambas posturas tienen en común tres cosas.

La primera es que tanto una como otra pretenden defender el bienestar de las prostitutas y liberarlas del estigma social que suele conllevar su actividad, evitando cualquier tipo de condena moral o criminalización legal.

La segunda es que legalizadoras y abolicionistas tienen como uno de sus principales objetivos la lucha contra las mafias, el tráfico de mujeres y niñas, y la conversión del tercer mundo en fuente de mano de obra prostituta y en burdeles neocoloniales.

La tercera es que comparten un mismo desiderátum: preferirían un mundo donde no existiese la prostitución. Dentro de este tercer aspecto, se podría considerar que, coincidentes en el largo plazo – una sociedad de iguales –, difieren en el corto y medio plazo y en el método para alcanzar esa humanidad donde reinaría una sexualidad realmente libre: unas creerían que el mejor medio sería la abolición, las otras pensarían que la legalización es un camino más adecuado.

Una modesta proposición.

En nuestra opinión, y en base a los tres puntos reseñados, creemos que existe un terreno común sobre el que es posible edificar una propuesta unitaria. Esta tercera vía la podríamos calificar de alegalidad con un horizonte ético abolicionista. Tendría como mayores fundamentos, por un lado, la convicción de que ni la abolición, ni la legalización pueden resolver el problema de la prostitución a medio y corto plazo; y por otro, la imperiosa necesidad de dar una respuesta unitaria, aquí y ahora, a la cuestión que nos ocupa y preocupa. A grandes rasgos este mínimo común consistiría en lo siguiente:

1o.- La prostitución ni se legalizaría, ni se ilegalizaría, dejándola así en una situación de alegalidad.
2o.- Se perseguirían de una forma eficaz y contundente las mafias y el tráfico de mujeres y niñas.
3o.- Las prostitutas no sería penadas, al contrario se velaría por sus derechos humanos y se combatiría cualquier forma de explotación.
4o.- Se implementarían fondos para ofrecer a las prostitutas que lo quisieran salidas profesionales de otro tipo.
5o.- Se deslegitimaría al putero y a la banalización de la sexualidad que suele conllevar la práctica del consumidor de sexo pagado.

La responsabilidad de los hombres.

Por último, añadir algo de transcendental importancia: hay que dar un giro copernicano al análisis de la prostitución. Es necesario dejar de verla desde el lado de la puta y empezar a mirarla desde el lado del putero. La responsabilidad de los hombres en este sentido es grande. La prostitución degrada al sexo masculino al considerar que los varones son sacos de testosterona, gorilas incapaces de reprimir sus ansias de orgasmos simiescos, violadores en potencia cuya única forma de reprimir su insaciable sed de sexo es ofrecerles el desaguadero de las putas. Los hombres tienen que dar un paso adelante, levantar la voz y oponerse a esta idea depredadora de su sexualidad, y reivindicar como suya una sexualidad libre entre iguales. Sin puteros no habría putas.

FUENTE: REBELIÓN

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