Legisladores interrogan a titulares de la Secretaría de Energía, Pemex, Profeco y de la Unidad de Inteligencia Financiera

Se han logrado congelar 800 millones de pesos de cuentas personales presuntamente relacionadas con hechos de robo de hidrocarburos. Se trata de la misma cantidad asegurada por la FGR durante todo un año, en 2018, sobre todos los temas relacionados con lavado de dinero. || CIUDAD DE MÉXICO (Cámara de Diputados) ||

Legisladores de la Tercera Comisión de la Permanente solicitaron a la secretaría de Energía, al director general de Pemex, y a los titulares de la Profeco, y de la Unidad de Inteligencia Financiera del SAT, información sobre la estrategia contra el robo de hidrocarburos, emprendida por el gobierno federal.

El director de Petróleos Mexicanos, Octavio Romero Oropeza, afirmó que a partir de que empezó el control de los ductos, desde el 21 de diciembre, ha disminuido de manera muy importante el robo de combustibles. “El promedio, en este momento, es de 20 mil 700 barriles diarios, de los cuales 5 mil los obtienen de algún ducto en operación. No estamos diciendo que estamos acabando con el huachicol, pero está disminuyendo alrededor de 65 por ciento con relación al año pasado”.

Los otros 15 mil, explicó, es de tomas descontroladas, que es similar a lo que ocurrió en Tlahuelilpan, Hidalgo. “Cuando el ducto se cierra aprovechan para sustraer el combustible; es decir, se detiene el ducto y queda lleno”. Agregó que se abren y se cierran en la medida que los perforan y se hacen tomas clandestinas.

El promedio en 2018, eran 56 mil barriles diarios; sin embargo, en noviembre pasado se elevó a 81 mil barriles, y en los primeros 20 días de diciembre, 76 mil.

Por su parte, Santiago Nieto Castillo, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), recomendó a los legisladores reformar el artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito y la Ley de Prevención de Lavado de Dinero, a fin de que el dinero que se encuentra congelado hoy en las cuentas bancarias del sistema financiero, pueda ser trasladado a la Tesorería de la Federación, y que los intereses generados formen parte del patrimonio del Estado mexicano.

Resaltó que “hasta este momento, durante un mes de estrategia, hemos logrado congelar 800 millones de pesos de cuentas personales presuntamente relacionadas con hechos de robo de hidrocarburos. Se trata de la misma cantidad asegurada por la FGR durante todo un año, en 2018, sobre todos los temas relacionados con lavado de dinero”.

Al iniciar las interrogantes, la diputada Beatriz Rojas Martínez (Morena) preguntó si existe alguna inconsistencia técnica que permita la venta de huachicol en forma discrecional en establecimientos de servicio. También pidió saber si la Secretaría de Energía (Sener) revisará cada solicitud de nuevas gasolineras y los antecedentes de los propietarios, tanto de Pemex como de privados.

Además, requirió saber por qué se han otorgado tantos permisos de importación de combustible sin que sean utilizados, y la razón por la cual la Comisión Reguladora de Energía (CRE) ha otorgado permisos para la operación de estaciones de servicio de combustibles, cuando no tienen contrato de abastecimiento de Pemex.

El diputado Miguel Ángel Chico Herrera (Morena) refirió que el 50 por ciento de combustible vendido era ilegal; por ello, resaltó la estrategia para combatir el robo de hidrocarburos. “Lo importante es recobrar la tranquilidad en la nación, y aunque hay molestias momentáneas, las medidas podrán recuperar la paz que todos queremos”.

El coordinador del grupo parlamentario del PAN, diputado Juan Carlos Romero Hicks, consideró que el país requiere soluciones y no ocurrencias. Preguntó cuántos grupos o bandas de huachicoleros se tienen identificados y qué atención se le ha dado a este problema desde el punto de vista de la Fiscalía General. Inquirió por qué no se verificó que las terminales de almacenamiento y de reparto de combustible, que son 75, estuvieran abastecidas, ya que siete de ellas estaban prácticamente vacías.

Asimismo, solicitó el calendario exacto para Jalisco, Querétaro, Michoacán y Guanajuato, a fin de “poder decir a la ciudadanía que la situación está suficientemente atendida. También preguntó cuáles son las responsabilidades jurídicas de las autoridades involucradas en los hechos sucedidos en Hidalgo, ya que tardaron casi cinco horas en responder y prácticamente nada se hizo. ¿Cuál es la relación de los hechos con la estrategia contra el robo de hidrocarburos; hay personas vinculadas a proceso por lo sucedido, interrogó.

La diputada Sonia Rocha Acosta (PAN) se pronunció en favor de combatir el robo de combustibles, pero no a costa de la ciudadanía; si bien, después del 1 de julio había un expectativa de cambio, “no creemos que éste sea el que los mexicanos esperaban”. Nos gustaría tener fechas de abasto y cifras, porque lejos de atender el fondo del problema, se agrava, consideró.

La senadora Vanessa Rubio Márquez (PRI) preguntó si el desabasto de gasolinas tiene que ver con una decisión de no importar o haber disminuido la compra de crudo ligero. Además, cómo se observa la baja en la calificación de Pemex por parte de distintas calificadoras. También pidió saber qué pasará cuando se abran los ductos, en virtud de que la estrategia ha consistido en cerrarlos.

Solicitó los costos totales del plan, sumando la compra de pipas, pérdidas de gasolineras, de negocios, centrales de abasto, y afectaciones a la economía nacional y local. Agregó que se pudo abaratar la gasolina bajando el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS), pero no se hizo; por tanto, preguntó cuánto más ha ingresado por ese gravamen y a qué será destinado.

En su oportunidad, la diputada Adriana Paulina Teissier Zavala (PES) preguntó cómo se va a enfrentar el blanqueo de capitales al sistema financiero a causa del robo de combustible. Al titular de Profeco cuestionó qué sucede cuando detectan irregularidades en el funcionamiento de las bombas despachadoras, qué acciones se han emprendido, y si aumentó la detección de irregularidades en el funcionamiento de bombas despachadoras con el huachicoleo.

El coordinador del grupo parlamentario del PT, diputado Reginaldo Sandoval Flores, respaldó la estrategia del presidente para combatir el robo de hidrocarburos. Se trata de rescatar a la empresa y el combate al huachicol forma parte de las acciones de combate a la corrupción.

Preguntó que si el huachicoleo es solo ordeña de ductos, porque hay información de que se están ordeñando los buques. Otro asunto, son “los delegados de Profeco que visitaban las gasolineras donde había huachicol, ellos recibían una cuota de 20 a 50 mil pesos para que siguiera funcionando”, aseguró.

El coordinador de Movimiento Ciudadano, diputado Tonatiuh Bravo Padilla, cuestionó si la Secretaría de Hacienda ha valorado instituir un grupo temporal que se dedique a recabar y hacer públicos datos relativos al problema. ¿Por qué no ha valorado una comisión de trabajo con la Conago, a fin de que la cadena de acciones involucre a todas las entidades federativas en el cuidado de ductos y el traslado de pipas? También solicitó información a la secretaria de Energía, sobre el rubro presupuestal del cual se están tomando los recursos para la compra de las 571 pipas.

A Pemex, le dijo: Sabemos que incorporar, por la vía de Sedena, a los conductores de pipas, es un tema de seguridad nacional, pero queremos saber si es un plan temporal y si habrá un esquema de transición para que esto quede en manos de civiles.

La diputada del PRD, Verónica Juárez Piña sostuvo que Pemex es la petrolera más endeudada y menos productiva del mundo, donde el robo de combustible es el resultado de la opacidad, tráfico de influencias e impunidad. ¿La actual administración federal está comprometida a investigar las causas de raíz y denunciar a los responsables? ¿Habrá investigaciones de pasadas gestiones en el sindicato de Pemex por parte de las secretarías de Energía y Hacienda y Crédito Público?, preguntó.

¿Cuál será el papel del sector privado en el abasto de hidrocarburos en los próximos meses ante una eventual caída en la producción petrolera? Pidió conocer las medidas de austeridad financiera que subsanen las actuales condiciones de Pemex y los protocolos de seguridad y protección civil para trabajadores de Pemex y los militares encargados de resguardar ciertos tramos de ductos.

Por el PVEM, la senadora Verónica Noemí Camino Farjat solicitó conocer la afectación al medio ambiente por el huachicol y si se ahorrarán 5 mil millones de pesos por su combate. Preguntó cómo se resarcirá el daño y si el responsable es Pemex. Planteó si México piensa comprarle petróleo crudo, ligero o cualquier derivado, a Venezuela en el 2019.

Apuntó que ante el incremento del traslado de pipas en las carreteras del país ¿qué medidas se definirán para acompañarlas por el Ejército o Policía Federal? Pidió conocer si en la estrategia participarán Protección Civil nacional y los estados. Refirió la existencia de robo de combustible en Yucatán y ordeña de pipas en la carretera Mérida-Cancún.

Al dar respuesta a los cuestionamientos de los legisladores, la secretaria de Energía, Rocío Nahle García, precisó que la Comisión Reguladora de Energía, de acuerdo con la Ley de Hidrocarburos, tiene la facultad de otorgar permisos para abrir estaciones de servicios y gasolineras.

“Ellos tienen una lista de requisitos, pero tenemos que endurecerlos, junto con la Fiscalía General y la Unidad de Inteligencia Financiera. Tenemos que cruzar datos antes de que se entregue un permiso, porque si no, nos encontramos con personajes o empresas que han estado vendiendo combustible que no está reportado ni en Pemex, ni con los importadores”.

Informó que existen 554 permisos vigentes para importación de gasolina, con un volumen autorizado de 8 mil millones de barriles. “El importado por privados el año pasado fue de 52 mil millones de barriles, y por Pemex fue de 552 mil barriles diarios.

Respecto a diésel, detalló, hay 553 permisos vigentes, con un volumen autorizado de 5 mil millones de barriles; el importado por privados fue de 57 mil barriles por día y el de Pemex por 236. De turbosina, los permisos vigentes son 108, con volumen autorizado de 1.3 mil millones de barriles; el importado por privados fue de un mil barriles por día, y Pemex importó 67 mil barriles. Agregó que en diciembre pasado no se negó ni un sólo permiso.

Expuso que las compañías con mayor importación son Pemex, Exxon Mobil, Tesoro, Glencore, Total y Valero. Algunas compañías que no utilizaron sus permisos de importación son BP, Chevron, Ixchel, entre otros.

Mencionó que la estrategia contra el robo de combustibles obedece a que “cuando llegamos vimos que había un delito y no íbamos a permitir que continuara y nosotros ser cómplices. El pueblo de México votó para que hubiera un cambio y que no siguiéramos con lo mismo; vimos el desorden y teníamos que actuar”.

Subrayó que no ha aumentado el precio de las gasolinas y se mantuvo el IEPS, porque en el contexto del combate al robo de hidrocarburos también se están atendiendo programas sociales.

Sobre la compra de pipas, explicó que entre el 20 y 23 de enero se firmaron cinco memorandos de entendimiento para adquirir auto-tanques en apoyo a la base al combustible del país. Estos acuerdos consideran un total de 671 tanques, el monto total de la operación a la fecha es de 92 millones de dólares. Los términos de adquisiciones fueron 40 por ciento de anticipo, 30 por ciento contra entrega y 30 por ciento tras verificación del comprador.

La empresa que está firmando este memorando es Triple I-Servicios, filial de Pemex. Para la compra de auto-tanques, esta empresa recibió un préstamo de PMI-Norteamérica hasta por 180 millones de dólares, a este respecto, la primera transferencia se realizó el 23 de enero, por un monto de 71 millones de dólares.

Aseguró que no ha habido opacidad para combatir el huachicol, todos los días se informa. Destacó que de las seis refinerías y su rehabilitación, cinco están trabajando y procesan 600 mil barriles por día. Este programa integral vinculado con la producción petrolera espera un avance del 60 al 70 por ciento, este año, y para el 2020, se prevé tener las refinerías completamente rehabilitadas.

Sobre la deuda a largo plazo de Pemex subrayó que con estos números a cuestas se va a sacar adelante a la empresa, proceso que se va a programar cada año y se verán resultados.

Nahle García apuntó que México no le comprará petróleo a Venezuela. “Por el momento no tenemos pensado, no nada más a Venezuela sino a nadie más comprar petróleo. No sé qué vaya a determinar Pemex después”.

Aclaró que con el combate al huachicol se ha evitado que le roben a Pemex 5 mil millones de pesos en combustible. Reconoció que por supuesto hay una afectación ambiental donde van los ductos y hay derrame. Destacó las acciones de la petrolera para recoger el hidrocarburo y dejar inerte el lugar porque hay gases, incluso antes de empaquetar o arreglar la tubería dañada.

Apuntó que los responsables ambientales son los delincuentes que rompen y ponen válvulas para ordeñar, y no Pemex, el cual evita que le roben y asume la reparación.

Sobre Yucatán, indicó que hay un proyecto pendiente con las autoridades y los empresarios, quienes plantean instalar una regasificadora cerca de Puerto Progreso que capte gas de importación porque quieren desarrollar una industria, sector que depende de ese hidrocarburo.

Por ello, se repotencializarán 60 hidroeléctricas que tiene CFE para empezar a producir electricidad limpia, a través de las hidroeléctricas y hacer un balance, a fin de reducir la dependencia de gas a la que tiene en la actualidad la CFE, consideró.

Por su parte, Santiago Nieto Castillo, titular de la UIF, comentó que ese organismo ha acompañado a la Fiscalía General en la presentación de denuncias, y desde la oficina del Fiscal se ha instruido la creación de una unidad de investigación y litigación integrada por ministerios públicos federales, a fin de integrar equipos mixtos que permitan enfrentar y judicializar el problema de robo de combustibles.

Precisó que han sido detenidos 558 sujetos en flagrancia, pertenecientes a varias bandas; esos asuntos se encuentran en proceso de judicialización ante los tribunales del Poder Judicial de la Federación.

Asimismo, afirmó que existe el trabajo coordinado de las áreas del gobierno federal, que son la mesa nacional de seguridad y los grupos de inteligencia del Estado en la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Agregó que en reunión extraordinaria del Consejo Nacional de Seguridad Pública se incorporó a los 32 gobernadores de las entidades federativas para efecto de la coordinación de seguridad pública en todos los frentes.

Indicó que se ha bloqueado, hasta el momento, a 30 personas de manera directa y 188 relacionadas con alguien que presuntamente está haciendo una actividad de lavado de dinero, para que no puedan hacer operaciones a fin de dar cumplimiento al planeamiento de que el mecanismo para combatir a la delincuencia organizada pasa por el ataque a las estructuras financieras y esto tiene que darse a partir de dos vías: congelamiento de cuentas y cooperación internacional para tener más información.

Agregó que reformar la Ley General de Responsabilidades Administrativas funcionaría para identificar usuarios, sobre todo en algunos espacios del sistema de sujetos obligados de actividades vulnerables y también de dispersores de dinero y trasmisores de efectivo.

Informó que la Unidad de Inteligencia Financiera generó modelos de riesgo a partir de ejercicios de naturaleza, estadística y matemáticas. Se introdujo al modelo de lavado de dinero, variables o variantes, que permiten conocer cuándo estábamos en presencia de gasolineras y cuándo en robo de hidrocarburos, lo que originó generar una lista que se envió al Servicio de Administración Tributaria para encontrar las gasolineras que tenían diferencial respecto de las ventas por encima de las compras a Pemex o importaciones.

Sobre las denuncias e investigaciones, informó que tres se presentarán mañana ante la Fiscalía General de la República (FGR), y se solicitará al Ministerio Público Federal especializado determinar el aseguramiento de los bienes instrumentos del delito que en este momento la UIF ha congelado a partir de la lista de personas bloqueadas, además de las siete primeras denuncias.

Esto incluye a exdiputado, un expresidente municipal, cuatro exfuncionarios de Pemex. Aclaró que son casos axiológicamente neutrales generados a partir de los algoritmos matemáticos introducidos a la base de datos. “Es sin filias, sin fobias, sino simple y sencillamente información que se extrae y permite hacer los muestreos para encontrar aquellos casos en donde presuntamente se haya desarrollado una actividad de lavado de dinero”.

La instrucción del presidente de la República es que con independencia de la persona que se encuentre involucrada, se tiene que presentar todas las denuncias ante la FGR y en autonomía determine o no el ejercicio de la acción penal para darle seguimiento a estos casos.

“La idea es que todas las personas que se detecte que participaron en una operación ilícita relacionada con robo de hidrocarburos o con cualquier delito sean denunciadas ante las instancias competentes, se congelen sus cuentas y se lleven los asuntos ante los tribunales”.

Respecto al IEPS, mencionó que el gobierno federal determinó no aprobar más gasolinazos, pero mantener el impuesto obedeció a que el recurso se está usando en el cumplimiento de los programas sociales, que es uno de los principales objetivos que tiene el actual gobierno.

En su turno, el director general de Petróleos Mexicanos (Pemex), Octavio Romero Oropeza, precisó que en los últimos días y semanas se sufrió un sistemático ataque a los ductos de distribución. “Hay uno que es muy importante, el de Tuxpan-Tula, porque entra combustible de importación al centro de país y hemos tenido, en las últimas 48 horas, 19 tomas clandestinas”.

Dijo que la estrategia contra el robo de gasolinas no son ocurrencias, sino cumplir con la ley. Explicó que hay un protocolo de seguridad, pues no se trata sólo de cerrar el ducto. “Cuando hay caída de presión y se mantiene así unas horas hay que cerrar el ducto porque puede ser que haya una ruptura o que alguien se esté robando el combustible”.

Apuntó que la importación de crudo ligero se hizo en el último mes de la administración pasada; hubo necesidad, en ese momento, de importar alrededor de un millón 400 mil barriles de crudo ligero para diciembre y otro tanto para noviembre, pero no era una práctica que se viniera haciendo; fue algo extraordinario.

En cuanto a la calificación de Pemex, aseguró: “estamos optimistas porque está anunciada una inversión para la empresa. Hay recursos que se destinarán a construir refinerías, como la de Dos Bocas. Sería incongruente que baje la calificación al ver que se estará invirtiendo”.

Agregó que la Sedena es quien contratará a los choferes de pipas. La Defensa Nacional se va a encargar del tema de la distribución durante un tiempo y será de manera temporal, hasta el momento en que se determine que ya está superado el robo de combustibles.

El director de la paraestatal reconoció que Pemex efectivamente está en una situación muy complicada. Debe 2.1 billones de pesos. “No es asunto de la empresa, es muy rentable. Se le sometió a un régimen fiscal que la obligó a endeudarse para pagar impuestos.

“Este ha sido un círculo perverso el que estamos viviendo y ése es el tema”. A pesar de la caída en la producción, se obtiene lo necesario; genera suficientes recursos para absorber sus gastos e inversiones, además de dejar una gran cantidad de dinero a la hacienda pública.

Sobre el papel del sector privado, apuntó que participarán en los nuevos contratos integrales de infraestructura y perforación de los pozos. Hay un cambio del esquema para que grupos, consorcios o empresas asociadas sean más eficientes al reducirse tiempos y costos. “El papel de la iniciativa privada será proveer los servicios que requiere Pemex y con ellos vamos a trabajar”.

El titular de la Procuraduría Federal del Consumidor, Francisco Ricardo Sheffield Padilla, destacó que desde hace más de 15 años, los delegados de la procuraduría no intervienen en la verificación de estaciones de servicio ni en el tema de combustibles. Además, de diciembre a la fecha, cambiamos el cien por ciento de los verificadores centralizados del tema de combustibles, acotó.

“Hemos ayudado, a través de funcionarios especiales habilitados, a constatar que las gasolineras que están cerradas tengan sus tanques sin combustible, que no estén cerrando para especular con el combustible”, manifestó.

Añadió que las facultades de Profeco en las verificaciones es el cumplimiento de las Normas Oficiales mexicanas, pero no tiene ni ha tenido nunca la Profeco facultades para verificar el origen de los combustibles.

Ante la pregunta de ¿qué medidas lleva a cabo la Profeco para que el usuario pueda conocer con qué tipo de gasolinera está tratando? Y si ¿hay proceso de nueva certificación o acreditación que haga diferenciar cuáles gasolineras ya cumplieron con todos los procedimientos y cuáles no? Su titular Ricardo Sheffield expresó que es un tema que le corresponde a la Comisión Reguladora de Energía, que ya lo hace de forma pública desde hace dos años a través de la APP Gasoapp. “En Profeco hacemos una verificación en campo y hemos encontrado menos de un cuatro por ciento de casos en que no hay concurrencia y las variaciones son de uno a dos centavos por litro”.

En su oportunidad, Ricardo Sheffield indicó que hay que distinguir entre los estados que han tenido problemas con la falta de combustible y los que no tienen. En el momento en que más estados presentaban problemas fueron 12, hoy en día son seis. Entonces, lo hemos dividido entre los que ocupan una situación especial y los que están en una ordinaria. “Actuamos con base en denuncia o queja de los consumidores, pero en esos seis estados acudimos a realizar la conciliación”.

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