‘Huachicoleo’: robo a la nación | Ricardo Monreal Ávila

El robo, contrabando, adulteración, lavado de dinero y fraude son actividades delictivas vinculadas con la industria de los hidrocarburos.

Estos delitos se cometen principalmente en los países que refinan petróleo, como es el caso de México, donde el robo de combustible se ha generalizado a tal grado que se identifica con un término popular: huachicol, vocablo derivado del maya waach, que significa ladrón o forastero.

Al ser un derivado del petróleo, cuyo propietario original es la nación, el robo de combustible o huachicoleono es únicamente un delito patrimonial contra Pemex, es, ante todo, un robo a la nación, y como tal debe ser tratado. Con un agravante social: la población civil está expuesta a riesgos de alta letalidad, y el medio ambiente, a situaciones de riesgo y deterioro irreparables.

Un estudio del Centro de Energía Global realizado en 2017 en 10 países refinadores de petróleo (Azerbaiyán, Ghana, Marruecos, México, Mozambique, Nigeria, Tailandia, Turquía, Uganda y la Unión Europea) señala que el crimen de los hidrocarburos se ha convertido en una amenaza significativa no solamente para la prosperidad local o regional, sino también para la seguridad y la estabilidad globales[1].

Nigeria y México son los países que registran el mayor número de actividades criminales vinculadas con los hidrocarburos, y donde se ve involucrado un alto número de actores sociales, desde funcionarios públicos, empresarios y comercializadores, hasta comunidades rurales y semiurbanas.

En Nigeria, el crimen de hidrocarburos se calcula en 7 mil millones de dólares al año, mientras que en México la estimación es de entre 4 y 5 mil millones de dólares anuales, la mayor parte de ellos (3 mil millones de dólares) por la “ordeña” de ductos. Ello equivale al costo de una refinería de dimensiones medianas.

Por su alta rentabilidad, el crimen relacionado con los hidrocarburos atrae y vincula a grupos delictivos de otros sectores, como narcotráfico, trata de personas, trasiego de armas, lavado de dinero, secuestro, robo de transporte, piratería aérea y marítima.

También es fuente de financiamiento de grupos internacionales que representan amenazas para la seguridad nacional y regional, como el terrorismo, el narcotráfico y el contrabando de armas convencionales y no convencionales.

En México, la modalidad dominante de este crimen es la extracción u “ordeña” de ductos, pero también existe la adulteración de los productos petrolíferos; el contrabando a Estados Unidos de América, Centroamérica y el Caribe, por vía terrestre y marítima; la alteración de precios y medidas al consumidor final; y el fraude en la distribución.

En el año 2003, según cálculos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el robo de combustible a Pemex ascendía a 12 mil millones de pesos. Al finalizar la administración del señor Felipe Calderón, se calculaba en 24 mil millones de pesos anuales. En 2018, al finalizar el gobierno de Enrique Peña Nieto, la cifra alcanzó los 60 mil millones de pesos.

El crecimiento de este fenómeno delictivo ha traído aparejado un incremento en las tomas clandestinas que representan un daño considerable a la infraestructura de distribución de Pemex. De 7 mil tomas ilegales detectadas en 2012 se llegaron a detectar 40 mil durante el sexenio anterior, a través de las cuales se extraían 9 millones de litros de combustible por día, el equivalente al consumo del parque vehicular de la Ciudad de México.

El crecimiento de las tomas clandestinas y del mercado informal de combustibles (mercado negro) es directamente proporcional al incremento en los precios oficiales de las gasolinas y el diésel. No es fortuito que, a partir del llamado mega-gasolinazo de enero de 2017, se haya registrado el mayor robo de combustible a Pemex en los últimos dos años.

El modus operandi de este robo a la nación es reticular, es decir, se realiza a través de redes que cruzan social, económica y geográficamente al país, por lo que su contención, reducción y erradicación es una prioridad nacional, dado el escalamiento, la diversificación y la disrupción que ha tenido en los últimos años.

La parte principal de esta red se ubica y opera desde el interior de Pemex (el 80 % del combustible robado), mientras que la operación de campo o en territorio representa un 20 %.

En función de las consideraciones anteriores, el grupo parlamentario de Morena en la Cámara de Senadores formula el siguiente posicionamiento:

  1. El combate al huachicoleo o robo de combustible se debe sostener y profundizar como uno de los ejes centrales del programa anticorrupción de la Cuarta Transformación. Ni un paso atrás, ninguna consideración o tolerancia a este delito que afecta al patrimonio nacional.
  2. Extinguir las redes delincuenciales del huachicoleo revitalizará las finanzas de Pemex, reportará al fisco beneficios económicos mayores que la propia reforma energética y, por su relevancia histórica, equivaldrá a una segunda expropiación de la riqueza petrolera nacional.
  3. Tan relevantes como los beneficios económicos señalados es proteger a la población civil actualmente expuesta a riesgos letales en las zonas de huachicoleo, y prevenir daños irreparables al entorno medioambiental.
  4. Es importante instrumentar de manera integral la estrategia de extinción al robo de combustible, mediante las siguientes acciones: un régimen jurídico de mayor protección a los hidrocarburos; videovigilancia terrestre y aérea a los ductos mediante drones; seguimiento de inteligencia financiera al dinero obtenido por particulares y empresas que venden o compran combustible robado y, de manera muy especial, incorporar la participación comunitaria y ciudadana en la prevención del delito del huachicoleo (involucrar a los habitantes de las comunidades expuestas a este delito en la vigilancia de los ductos, capacitarlos en medidas de protección civil y en la regeneración ecológica de las zonas de almacenamiento, distribución y conducción), así como implementar programas de reconversión productiva y autoempleo en estas comunidades.
  5. El mayor freno a la economía del delito asociada al robo de hidrocarburos es acabar con los gasolinazos y, gradualmente, disponer de energía barata para la población y la producción nacional, tal como se espera que suceda con la construcción de nuevas refinerías y la renovación de las existentes.
  6. El grupo parlamentario de Morena en la Cámara de Senadores se declara listo para seguir luchando conjuntamente con el presidente de la República, el Lic. Andrés Manuel López Obrador, en esta decisión histórica de combatir el robo de combustible y rescatar la riqueza petrolera nacional del cáncer de la corrupción, para beneficio de todas y todos los mexicanos.

[1]  Ian M. Ralby, Downstream OH Theft; Global Modalities, Trends and Remedies, Atlantic Council, Global Energy Center, enero de 2017.

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