Los nuevos delegados | Ricardo Monreal Ávila

Las acciones jurídicas y políticas que promoverán los gobernadores del PAN, PRI y PRD por la creación de la figura de “coordinadores estatales de programas sociales” (bautizados como “superdelegados”), es un tema de fondo y de fondos.

Se argumenta que son “figuras políticas intermedias” entre la Federación y los estados, lo cual está prohibido por la Constitución. Si el argumento fuera válido, entonces actualmente habría casi dos mil “jefes políticos” en el país, que es el número de delegados federales, superintendentes y gerentes regionales que la Federación paga, mantiene y sostiene a lo largo del territorio nacional, en las 32 entidades federativas, con oficinas que cuestan al erario alrededor de 6 mil millones de pesos anuales, y quienes duplican funciones, atribuciones y competencias de funcionarios estatales y municipales.

Querétaro, Colima y Tlaxcala tienen casi el mismo número de delegados federales que Chihuahua, Sonora y Nuevo León, cuando la desproporción demográfica y socioeconómica es evidente. Hay delegados federales que nominalmente ganan más que un gobernador, y hay superintendentes regionales de Pemex o CFE que son el verdadero poder político de los municipios en donde operan.

El gran número de delegados federales no había sido problema, hasta ahora, por la sencilla razón de que los gobernadores colocaban o designaban a la mayor parte de ellos, con un criterio de selección muy conocido: la cercanía y afinidad política, familiar o de grupo. Si además cumplían con un perfil técnico o administrativo para el cargo, mucho mejor.

Los delegados federales se volvieron importantes porque a través de sus oficinas se canalizaban los recursos federales en las entidades. Y como la Federación suele invertir localmente, en promedio, tres veces más que el presupuesto disponible de un gobernador, entonces los delegados se volvieron verdaderos prefectos administrativos o gerentes de inversión en los estados.

Desde 1989, cuando se presentó la primera alternancia estatal, los gobernadores solían pactar, con el presidente de la República o los secretarios de Estado, las delegaciones más importantes. Cuando el gobernador no colocaba a alguien de su confianza, entonces se acordaba una especie de “veto” de ida y vuelta: “Si nuestro delegado no te hace caso, gobernador, te lo cambiamos”. “Si tu delegado no da el ancho, mi gobernador, te lo cambiamos”.

La 4T está cambiando este arreglo institucional. La austeridad republicana impone una reducción significativa del número de delegaciones federales en los estados, del sueldo devengado por los mismos y de las competencias asignadas. El objetivo es generar ahorros en gran escala (sobre los 4 mil mdp), evitando duplicidad de funciones y de gasto en las entidades.

Así, los llamados “superdelegados” son una figura netamente administrativa, no política, prevista en la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. No son autoridades electas, sino designadas. En este sentido, la autoridad política la sigue detentando el gobernador.

El cambio importante es que los nuevos coordinadores estatales de programas federales ya no serán cercanos ni afines a los mandatarios locales, sino que responderán directamente a la visión, misión y objetivos del nuevo Gobierno federal. Pequeña gran diferencia.

FUENTE: RICARDO MONREAL ÁVILA

ENLACE: https://bit.ly/2AvO6Gy

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