Guatemala: Jimmy Morales y su antojadiza interpretación de las leyes | Maitte Marrero Canda

Un ultimátum del Gobierno de Guatemala a Naciones Unidas parece ser el preámbulo de más días tormentosos para el presidente Jimmy Morales en medio de una nueva crisis política, social y también constitucional.

El hombre que provoca ‘todos los males’ sigue siendo Iván Velásquez, el jefe de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), ya en el centro de una pugna pública desatada por Morales en agosto de 2017, cuando le declaró persona no grata e intentó su expulsión de este país.

La causa de tanta enemistad repentina -pues antes el Jefe de Estado pidió personalmente la prórroga del mandato del ente internacional hasta 2019 -fue a todas luces las acusaciones contra miembros de su familia y, después, la solicitud de un antejuicio por financiamiento electoral ilícito durante la campaña de 2015.

Ahora los días de efervescencia social regresan coincidentemente este septiembre de 2018, marcado por una nueva controversia Gobierno-Cicig-Velásquez, solo que esta vez es más profunda y afloran peligrosos matices de autoritarismo e ignorancia constitucional, a juicio de analistas.

Un recuento de lo pasado desde el 31 de agosto permite ordenar los acontecimientos que hoy tienen a Guatemala en la mira mediática nacional e internacional.

Ese día, Morales anunció en un mensaje a la nación, rodeado por la alta cúpula del Ejército y la Policía, que no renovaría el convenio de la Cicig, una decisión considerada apresurada y detonante de protestas sociales a favor de su continuidad en un país donde la corrupción es el pan de cada día.

El enfrentamiento subió de temperatura poco después, cuando el Jefe de Estado indicó, por sugerencia del Consejo de Defensa Nacional, que Velásquez tenía prohibido el ingreso al territorio nacional, tras su salida hacia Nueva York y Washington por motivo de trabajo.

Los términos para justificar la medida fueron duros, pues respondían, dijo, ‘al propósito de mantener el orden público, la paz social y la seguridad’, como si en Guatemala se estuviera fraguando un golpe de Estado alentado por la Cicig.

Los calificativos hacia Naciones Unidas también sonaron intimidatorios: ‘Lamentamos públicamente la pasividad de la ONU para resolver este tipo de situaciones que estuvieron enmarcadas en todo momento en el artículo 12 relativo al establecimiento de la Cicig en Guatemala’, remarcó el Presidente.

Otros miembros del gabinete, como la canciller Sandra Jovel, se refirieron a ‘violación de garantías constitucionales’ y a que la ONU ignoró las preocupaciones del gobierno sobre la interpretación y la aplicación del mandato del ente internacional.

A pesar de distintos llamados para rectificar la decisión de parte de países cooperantes y organizaciones civiles, el mandatario se mantiene en sus trece tras el reciente fallo de la Corte de Constitucionalidad (CC) de permitir el ingreso de Velásquez.

La resolución emitida el domingo último fue recibida con beneplácito por quienes piden la continuidad de Velásquez y la Cicig en el país, pero ha generado múltiples interpretaciones incluido el Gobierno, que exigió a la ONU mandar en 48 horas un listado de candidatos a evaluar para el reemplazo del abogado colombiano.

‘El comisionado o la comisionada’ se lee en el fallo de la CC sin precisar nombres, de lo cual se agarra el Gobierno para presionar y sacar a Velásquez de un posible acuerdo como también ordenan los cinco magistrados que por unanimidad votaron para resolver la complicada polarización de fuerzas.

El amparo otorgado es provisional, pero analistas consideran que difícilmente la sentencia definitiva cambie lo resuelto, por lo que de no acatarla el Ministerio Público podría abrir un expediente que supondría una solicitud de antejuicio en contra de Morales y miembros de su gabinete.

Después de 11 años de labor de la Cicig y con más de 20 casos de alto impacto al descubierto, muchos podrían pensar que es hora de que la justicia guatemalteca camine sola, pero encuestan reflejan que el 70 por ciento de la población considera que debe seguir operando pues son muchos los riesgos de un retroceso en la lucha anticorrupción.

Lo que más llama la atención es que se pone fin unilateralmente a un acuerdo justo cuando el Presidente enfrentará por segunda ocasión la pérdida de su inmunidad parlamentaria en el Congreso, donde buena parte de los diputados no tienen sus cuentas claras, buscan desesperadamente reformar la Ley de Antejuicio, y de seguro lo arroparán.

En 2015, Morales decía: ‘Va a generar desconfianza si no prorrogamos el mandato de la Cicig en 2019, que será el último año de gobierno. Va a parecer que no queremos que se nos investigue’.

Cuánta razón tenía.



Categorías:OPINIÓN

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