Exhorta el Pleno a autoridades federales y locales a suspender la evaluación educativa

El linchamiento mediático de los últimos años ha sido brutal y la libertad de expresión del magisterio se ha pretendido coartar, señaló el diputado Irán Santiago Manuel.

CIUDAD DE MÉXICO (Cámara de Diputados).- El Pleno de la Cámara de Diputados exhortó a los titulares del Ejecutivo federal, de la Secretaría de Educación Pública, en particular a la Coordinación Nacional del Servicio Profesional Docente, al Instituto Nacional para la Evaluación Educativa y a las autoridades educativas estatales, a suspender de manera “inmediata e indefinida” los procesos de evaluación para ingreso, promoción, reconocimiento y permanencia, así como cualquier procedimiento sancionatorio, hasta en tanto sea revisado y, en su caso, reformado el marco normativo que rige dichos procedimientos.

Al presentar el exhorto, el diputado Irán Santiago Manuel (Morena), señaló que derivado de la Reforma Educativa “los profesores están siendo víctimas de un permanente acoso laboral al interior de las escuelas: una supervisión excesiva, aumento de carga de trabajo meramente administrativo, como la elaboración de portafolios de evidencias, planificación didáctica argumentada, elaboración de exámenes de recuperación, entre otros puntos”.

Enfatizó que desde junio pasado miles de maestros han sido notificados por la Coordinación Nacional del Servicio Profesional Docente que serán evaluados en su desempeño, con la conocida amenaza que conlleva el no presentarse a dicho proceso, con el estrés y preocupación que genera el perder la estabilidad laboral, al someterse a una evaluación estandarizada que desconoce la realidad que se vive al día en el aula.

Aseguró que hay una “privatización silenciosa” del sistema educativo, pues a través de los comités de participación social, las madres y padres de familia asumen los costos económicos de aspectos tales como el mantenimiento de los planteles.

Aunado a ello, agregó, “el linchamiento mediático de los últimos años ha sido brutal y la libertad de expresión del magisterio se ha pretendido coartar”, pues, enfatizó, quienes se oponen a las medidas punitivas de la mal llamada reforma educativa, “en el mejor de los casos, han sido separados de sus empleos, y en el peor han sido levantados y desaparecidos”.

Dijo que la aplicación sesgada de la Ley General del Servicio Profesional Docente (LGSPD), por parte de las autoridades educativas federales y estatales, ha dado lugar al cese de docentes de la escuela pública, en diferentes estados del país. Sin embargo, no se cuenta con un censo actualizado sobre los afectados, ni se tienen datos precisos acerca de la cantidad de trabajadores de la educación que fueron retirados, unilateralmente, de su trabajo, aunque se estima más de 500 profesores.

A favor del exhorto, el diputado Emmanuel Reyes Carmona (PRD) destacó que la aplicación de la Reforma Educativa se ha centrado en la evaluación docente, sin implementar políticas que mejoren las condiciones en que se da el proceso de enseñanza.

Entonces, cuestionó, cómo pedir que se modernicen los métodos de enseñanza cuando muchas escuelas no cuentan con las condiciones básicas para poder enseñar; cómo hacer que después de una aplicación desafortunada de la evaluación para el desempeño de los docentes, confíen en este instrumento como un método en la mejora de la calidad educativa.

“Debemos emprender un trabajo legislativo serio y profundo que realmente tome en cuenta el contexto multicultural y económico de nuestro país para que, en lugar de buscar culpables, se asuman responsabilidades y retos y se hagan verdaderas propuestas, a fin de destinar un gasto eficiente y transparente que deje atrás la demagogia para dar paso a una política educativa de altura”, afirmó.

La diputada Hildelisa González Morales (PT) consideró que la Reforma Educativa es lesiva, ataca los derechos laborales del magisterio, no impacta la calidad de la educación ni genera programas de actualización y formación docente. “Es un medio de control de las autoridades y gobiernos en turno”.

Por ello, agregó, el Partido del Trabajo suscribe este punto de acuerdo que exhorta a diversas autoridades federales y locales a suspender de manera inmediata e indefinida los procesos de evaluación educativa para ingreso, promoción, reconocimiento y permanencia, hasta que se revise y en su caso, se reforme el marco normativo, y reinstale a los maestros que fueron despedidos por estos procesos.

“Por una educación gratuita y de calidad, por un magisterio revalorizado y por una patria justa”, finalizó.

En su oportunidad, Ricardo de la Peña Marshall (PES) insistió que la Reforma Educativa debe ser integral; es decir, debe considerar a los alumnos y los contenidos que se dan en las aulas.

“Tenemos que pensar en una reforma real de los contenidos que se quiere transmitir a los alumnos, qué les vamos a hacer para construir un futuro en sus mentes, hay que descuadrarlas, hay que llevarlos más allá, que nosotros seamos el peldaño que les permita crecer y no mantenernos en la mediana mediocridad en la que muchos alumnos perviven en el sistema público y privado”.

Afirmó que se les ha encomendado un México con calidad educativa y sin lesionar los derechos laborales; “es posible, por eso hagámoslo nosotros en esta ocasión”.

La diputada Martha Hortencia Garay Cadena (PRI) manifestó su inconformidad por la propuesta presentada y que no están a favor de la misma. “No compartimos este acto de oportunismo e irresponsabilidad que plantea el tema con una visión parcial y sesgada de un solo aspecto del Sistema Educativo Nacional”.

Consideró que se debe buscar en la Reforma Educativa elevar la calidad de la enseñanza, en donde maestras y maestros jueguen un papel fundamental. “Todo aquel esfuerzo que contribuya a elevar la calidad, será apoyado”.

Ojalá puedan integrar una propuesta completa que busque educación de calidad para el futuro y preparar a las nuevas generaciones, más allá de vender o heredar plazas; se trata de privilegiar la evaluación transparente, las capacidades, trayectorias y el perfil de los maestros, señaló.

El diputado Ernesto Alfonso Robledo Leal (PAN) dijo que lo que se debe seguir observando es el marco normal vigente, es decir, lo que establece la Ley General de Servicio Profesional Docente.

Se pronunció a favor del interés superior de la niñez en México, de los buenos maestros que aportan a la calidad educativa, pero no puede estar a favor de incumplir con una regla o una ley establecida.

“Estamos a favor de la calidad educativa, de un diálogo que permita situar los problemas educativos en su justa dimensión, mejores maestros, mejorar la infraestructura educativa, de la participación de los padres de familia en la formación de sus hijos, de ampliar los servicios educativos, los contenidos de los libros de texto, en general estamos a favor de una educación de calidad para todo México”.

La diputada de Morena, María Chávez Pérez, se pronunció por “detener la criminal evaluación al servicio profesional docente”. Refirió la problemática de los profesores cuando han sido cesados sin tener un ingreso económico para sostener a sus familias.

“Así los quisiera ver. Hoy pegamos de gritos cuando decimos que vamos a trabajar en un plan austero y restringido, porque tenemos que darle a la sociedad los derechos que son acreditables. Lo veo injusto que seamos nosotros los que gocemos de privilegios y la inmensa mayoría esté sin un pan”, acotó.

Destacó que en los artículos transitorios de la Ley General de Educación “se establecieron plazos que no se cumplieron y fueron una camisa de fuerza y, en consecuencia, esta ley se desfasó, es injusta y la tenemos que tirar”.

Afirmó que los maestros han sido los únicos que han tenido la fuerza para denunciar los actos de corrupción que la Reforma Educativa permitió, como el desmantelamiento de las universidades públicas, la restricción de los derechos laborales de los maestros. Cuestionó que a los legisladores quién los evalúa, si son justos o injustos.

La diputada Leticia Mariana Gómez Ordaz (PVEM) dijo que su bancada no comparte el contenido del punto de acuerdo, ya que “pedir que se suspendan las evaluaciones a los docentes sería mandar un mensaje equivocado al pueblo mexicano, denostando una falta de respecto a las atribuciones que le fueron conferidas al Congreso”.

“No podemos permitir que esta Cámara exhorte al Ejecutivo a conducirse en contra de un principio de legalidad, el cual es la base de todo Estado democrático; por el contrario, invitamos a los legisladores a reconsiderar su postura, a fin de no dar una resolución fast track”, exclamó.

Enfatizó que votar en contra del punto de acuerdo no significa ignorar los reclamos del magisterio. “Reiteramos que la única intención es conducirnos con el debido respeto que las instituciones merecen, realicemos el estudio de las reformas las veces que sea necesario, pero no denigremos nuestro trabajo como legisladores, pidiendo que deje de aplicarse la ley vigente”.

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