La Ley de Seguridad Interior entró a debate en todo el país | Norberto Emmerich

El pasado 7 de agosto se realizó en Ciudad Juárez el primer Foro de Escucha auspiciado por el presidente electo Andrés Manuel López Obrador. A pesar de no estar previsto el debate de la Ley de Seguridad Interior sí se tomaron en cuenta los señalamientos públicos y manifestaciones pacíficas de varios colectivos a nivel local y nacional y se acordó instalar una Mesa sobre el tema tanto en Ciudad Juárez como en las demás consultas que se harán en el resto del país. 

Tras la sanción de la LSI, el año 2017 cerró con más de 29 mil homicidios, la cifra más alta de los últimos 20 años. A pesar de que hace doce años que las Fuerzas Armadas intervienen en “seguridad interior” se registraron más de 6,000 secuestros durante los primeros cuatro años y diez meses de la administración de Enrique Peña Nieto, 1,280 secuestros más que los registrados durante un lapso similar del anterior presidente Felipe Calderón Hinojosa. 

Durante la última década México sufrió 150,000 asesinatos y 26,000 desapariciones, con Fuerzas Armadas que demostraron ser tan inefectivas en sus objetivos como letales en su accionar: el ejército mató a ocho presuntos delincuentes por cada uno que hirió; la Marina lo hizo aún mejor, mató a 30 combatientes por cada herido. El único actor claramente derrotado en esta guerra fue el Estado de derecho.

Si el primer requisito para repetir un fracaso es no reconocerlo, la LSI se esfuerza por ser tan ambigua en las definiciones como imprecisa en los alcances. La Ley no aclara las tareas que las Fuerzas Armadas están autorizadas a realizar, sino que afirma que a partir de ahora la intervención de las Fuerzas Armadas tendrá base legal y no dependerá de las “interpretaciones” que se hagan de la Constitución.

  • La ley no aclara en ningún momento si la intervención de las Fuerzas Armadas seguirá las reglas de la guerra o si por el contrario se guiará las rutinas de la actividad policial. Tampoco menciona qué tipo de armas se usarían, qué procedimientos o qué metodologías.
  • Durante la duración del tiempo de la Declaratoria las Fuerzas Armadas (a través de la autoridad coordinadora) debe recibir todo el apoyo que solicitan a las autoridades civiles para la realización de su tarea.
  • Las Fuerzas Armadas podrán recabar información “mediante cualquier medio lícito de recolección de información”, una fórmula amplia y carente de transparencia.
  • Menciona la utilización racional y proporcional de técnicas, tácticas, métodos, armamento y protocolos para controlar, repeler o neutralizar actos de resistencia, según sus características y modos de ejecución, sin precisar los límites operativos de qué se entiende por racional y proporcional.
  • La LSI no deja claro en qué consiste el concepto de “movilizaciones pacíficas de protesta social”, sabiendo que el carácter violento de la protesta es fácilmente maleable.
  • No aclara cómo se dará la intervención frente a protestas sociales calificadas de no pacíficas, ni quién tendrá la jurisdicción para tal calificación.
  • El art. 7 permite la suspensión de derechos sin reglamentar el 29 constitucional que solo en situaciones excepcionales permite a los militares en las calles y la suspensión de garantías.
  • No hay menciones sobre transparencia de información ni mecanismos de control. Se supone que todo quedará bajo el manto de la seguridad interior, sin reglas claras de acceso a la información. 

La LSI expande la capacidad de intervención de las fuerzas armadas en la lucha contra los cárteles y las personas sospechosas de narcotráfico, dejando a un lado las molestas incertidumbres por el enjuiciamiento a las violaciones de los derechos humanos. Si la actividad militar en seguridad interior se rige por los principios de la guerra, tarea para la cual se forman las Fuerzas Armadas, las acciones se realizarán en cumplimiento de órdenes operativas. Además de lo problemático de aplicar lógicas de guerra en conflictos de seguridad interior, no parece que haya espacio para un respeto irrestricto de los derechos humanos.

La autoridad legislativa tomó nota de las lagunas jurídicas en que se encontraba el tema y aprovechó la “ventana” de oportunidad para legalizar la participación de las Fuerzas Armadas en escenarios todavía más amplios que el crimen organizado o el narcotráfico.

No se trata de que las Fuerzas Armadas comiencen a cumplir funciones propias de la Policía, ya que la LSI abre un panorama nuevo. Se trata de la apertura a una participación rutinaria de las Fuerzas Armadas en la vida civil, mucho más allá de la simple seguridad interior. Toda decisión de seguridad integrará institucionalmente a las Fuerzas Armadas en el proceso informativo, deliberativo y ejecutivo. Porque como expresamente afirma la ley, el rol de las Fuerzas Armadas no será el de suplantar a la policía, sino resolver problemáticas de seguridad interior en términos militares.

No hay crimen organizado sin un Estado que lo sostenga, ni fuerzas policiales corruptas por decisión propia. La solución que ofrecen los gobiernos olvida deliberadamente que ellos mismos son parte del problema. Las Fuerzas Armadas se forman en la lucha contra un enemigo exterior, identificable, soberano y ambicioso. Cualquier otro “combate” al que sean convocadas tiende a convertir al Estado en una comunidad con mucha fuerza pero poca legitimidad. 

Las confusas y arbitrarias categorías de “nuevas guerras” traspasan intencionadamente las brechas epistemológicas, a la caza de objetivos estratégicos de seguridad nacional. Países que sí cuentan con una masa crítica de inteligencia que elabora los manuales de filosofía, geopolítica y teoría política con que nuestras universidades y academias latinoamericanas “piensan” sus problemas nacionales, justifican sin dificultad la intervención militar en seguridad interior.

En realidad las Fuerzas Armadas no tienen ninguna incumbencia en la aplicación de la ley. No es necesario aclarar los alcances de la participación militar, sino el rol y forma de la fuerza encargada del cumplimiento de la ley, la Policía. 

La cantidad de grupos criminales organizados, en combinación con corporaciones policiales débiles o corrompidas por la delincuencia, produjo que las escenas de patrullajes del Ejército y la asignación de tropas a tareas de seguridad pública se volvieran normales, a pesar de que el artículo 21 de la Constitución afirma que esa tarea debe ser realizada por cuerpos civiles a cargo de la Federación, de los Estados o los municipios. 

Las organizaciones sociales, los organismos de derechos humanos nacionales e internacionales y hasta el propio Ejército, señalaron la inconsistencia. Hasta ahora las Fuerzas Armadas estuvieron involucradas en una situación (la guerra contra el narcotráfico) sin que tal función estuviera prevista en normatividad alguna. Además casi el 90% de los mexicanos percibe que la Policía es corrupta e inútil, con un récord de 99% de crímenes irresueltos. 

Los datos muestran en realidad la deficiencia ética y política del debate sobre la seguridad interna en México porque ni en el Congreso, ni en los partidos políticos, ni en las instituciones del Estado se aborda la cuestión fundamental: ¿tienen las fuerzas armadas mexicanas alguna incumbencia en la aplicación de la ley dentro del país? La respuesta es no porque las Fuerzas Armadas no son las que necesitan un instrumento legal para aclarar sus deberes y poderes, sino que la Policía es la que necesita una profunda reforma legal, presupuestaria, institucional y política.

El rol desempeñado por las Fuerzas Armadas no ha sido eficaz. A pesar de que el Ejército está muy bien calificado en los niveles de confianza de los mexicanos, en 2017 hubo 29 mil homicidios y algo similar sucederá para fines de 2018, pocos días después de que López Obrador asuma como nuevo presidente de México.

Hasta ahora el marco legal mexicano, aunque inestable, facilitaba la participación arbitraria de las Fuerzas Armadas en la aplicación de la ley. La Constitución prohíbe expresamente a las autoridades militares intervenir por propia iniciativa en asuntos civiles en tiempos de paz, pero en el año 2000 la Corte Suprema interpretó que esta disposición no impedía que las Fuerzas Armadas ayudaran a las autoridades civiles si se solicitaba explícitamente su apoyo.

Los términos muy generales en los que originalmente se redactó la Constitución le permitían al presidente determinar el alcance de la participación militar en los asuntos civiles. En 2007 Felipe Calderón hizo uso de este margen de maniobra y otorgó amplios poderes a los oficiales militares para planear y realizar operaciones contra el crimen organizado.

Aunque existen algunas circunstancias específicas en las cuales el uso de las Fuerzas Armadas Mexicanas se considera justificado dentro del territorio nacional, el Artículo 16 de la Constitución Mexicana restringe la función doméstica de las Fuerzas Armadas en tiempos de paz y les impide ingresar a residencias privadas. Sin un estado de emergencia declarado, poner a los militares en las calles en el contexto de la guerra contra las drogas es difícil de justificar en términos legales.

La Ley de Seguridad Interior buscar evitar esos problemas constitucionales ampliando las definiciones de seguridad interna, creando un marco legal para que el uso del ejército en la guerra contra el narcotráfico sea más sustentable en el escenario internacional y nacional.

FUENTE: REVOLUCIÓN TRES PUNTO CERO

ENLACE: https://bit.ly/2KRkgiO

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