Reducción de privilegios: el umbral de la Cuarta Transformación | Ricardo Monreal Ávila

A poco más de un mes de haberse dado de manera contundente el triunfo de Andrés Manuel para ocupar la titularidad del Poder Ejecutivo federal, se han ido conociendo quiénes serán las personas que trabajarán de cerca con él para llevar al país hacia la Cuarta Transformación, y es claro que para los detractores y críticos de Morena tienen mayor relevancia esos nombres, que los cambios de fondo que se pretenden establecer, para, por ejemplo, dar fin al oportunismo político y a las prácticas clientelares que perviven en las dependencias del Estado mexicano.

La economía es uno de los ámbitos más importantes en que el Estado, de acuerdo con la postura neoliberal, debe tener una menor participación para que haya una mayor libertad o movilidad de las relaciones mercantiles entre particulares. Según estos argumentos, el mercado es el actor que debe asignar los recursos económicos a todos los integrantes de una sociedad.

En los países industrializados con economías más desarrolladas, se estableció en un primer momento la aplicación de este tipo de visión económica; uno de los argumentos más importantes fue el engordamiento desmedido del Estado, el cual promovió la proliferación de una burocracia exacerbada e ineficaz, razón por la cual resultaba importante reducir la nómina estatal, en aras de procurar ahorros en el gasto corriente.

En México, después del desastre económico impulsado por la administración federal de 1976-1982, comenzó este proceso de adelgazamiento del Estado, y su participación en la economía, de acuerdo con lo dictado por instituciones como el Fondo Monetario Internacional, fue siendo cada vez menor.

Con la entrada del neoliberalismo ciertamente hubo reducciones en el gasto corriente, pero también se fueron abandonando sectores productivos importantes, como el campo, y los beneficios de tales postulados jamás llegaron a asomarse en el bolsillo de la población; al contrario, la pauperización de la economía familiar ha sido constante en, cuando menos, los últimos treinta y cuatro años.

Sin embargo, dentro de las instituciones gubernamentales sucedió todo lo contrario a lo estipulado por la doctrina neoliberal y por quienes siguieron al pie de la letra las recetas de los prestamistas internacionales.

A pesar de la consigna de implementar un ahorro sustancial en el gasto gubernamental, las administraciones de las últimas décadas incentivaron la práctica de engordar la burocracia, y crearon una casta dorada de altos funcionarios, caracterizada por una serie de privilegios y prebendas reservados para sus más cercanos allegados; problema que hasta el día de hoy prevalece y el cual tiene que ser atendido de manera urgente.

De hecho, en la actualidad, no conformes con aumentar en varios cientos de miles de millones de pesos la nómina de la alta burocracia, se siguen suscitando excesos al respecto, como el incremento salarial operado por la Secretaría de Hacienda para casi 320 000 funcionarios.

Por si no fuera poco lo anterior, en la administración gubernamental se incentivó el sistema de “moches”; se dio pie al surgimiento de los famosos aviadores, y se implementó el sistema de plazas de mando con el carácter de homólogas, que redundan en grandes aumentos al gasto corriente y que no son funcionales para las estructuras administrativas.

El oficialismo convirtió a las direcciones generales, enlaces, coordinaciones, subsecretarías y homólogos de las dependencias públicas en un auténtico botín, reservado para el pago de favores políticos. La remuneración de estos puestos es considerablemente onerosa, y no se corresponde con el salario promedio de los mexicanos en la iniciativa privada, pero además resulta bastante desproporcional en comparación con las percepciones de la burocracia común; estamos frente a la existencia de una enorme brecha salarial al interior de las propias instituciones del Estado.

De acuerdo con un informe de la Secretaría de Hacienda, el gobierno federal erogó en el primer trimestre de este año, 763 000 millones de pesos para el pago de dos millones de funcionarios públicos y trabajadores de las 19 secretarías de Estado, así como de los organismos descentralizados y sectorizados. De esta partida, alrededor de 812 millones de pesos fueron destinados a cubrir el seguro de gastos médicos mayores, cuya prestación se otorga exclusivamente a los altos mandos del gobierno federal; a lo anterior, hay que agregar casi 1 200 millones de pesos por el pago de un seguro de separación individualizado, y uno más, de vida, institucional por casi 750 millones de pesos.

El servicio público está en crisis en nuestro país. Completamente alejado de las premisas republicanas y de cualquier corriente de gestión administrativa eficaz; es visto como un negocio redondo, del que se ha beneficiado solamente un grupo pequeño de personajes, al abrigo del favoritismo partidista y de la corrupción que lacera la vida institucional de México.

Sin defender los postulados de la política neoliberal, la reducción de los insultantes salarios que perciben los altos funcionarios resulta apremiante para disminuir la brecha salarial y detonar el desarrollo económico.
La prioridad debe estar en la eliminación de gastos en asesores o consultorías, en el recorte de las plazas de honorarios y homólogos, que alimentan el lastre de los aviadores, así como de los puestos de la casta dorada que no favorecen la gestión eficaz de los asuntos públicos. El enfoque debe estar en desmantelar el esquema de privilegios injustificados que ha caracterizado a la alta burocracia de nuestro país en las últimas décadas.

FUENTE: DIARIO POR ESTO!

ENLACE: https://bit.ly/2vxcfe6

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