Conflictos entre Justicia y Derecho | Ariel Avilés Marín

Todavía no se ha extinguido la indignación que el ministro-presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación levantó con su desafortunado discurso del “Día del Abogado”, cuando ahora, aquí, en nuestro estado, un juez federal, da nuevamente de que hablar a la opinión pública.

Hace unos cuantos días, en las inmediaciones de la comisaría de Paraíso, un grupo de delincuentes provocaron una explosión en un ducto de Pemex al efectuar operaciones delictivas consistentes en la sustracción ilegal de combustible de la instalación de la empresa nacional. El acto delictivo tuvo además consecuencias terribles, pues esto provocó una tremenda explosión, por la cual uno de los delincuentes sufrió quemaduras de extrema gravedad que causaron su muerte; otro de los delincuentes se debate entre la vida y la muerte en un hospital. Lo interesante del caso es que, dadas las circunstancias del suceso, en el antijurídico existe plena flagrancia, causal suficiente para proceder en contra de esta banda de delincuentes; pero ¡oh, sorpresa! El honorable señor juez de distrito ordena la libertad de los implicados. Otro distinguido integrante del Poder Judicial de la Federación.

En las columnas de este periódico (por El Por Esto!), en la edición de ayer, se da cuenta de que: “Los presuntos ‘huachicoleros’ detenidos en la madrugada del jueves fueron puestos en libertad el sábado pasado por un juez que consideró infundada la documentación presentada por la SSP, además de que los inculpados argumentaron violación de sus derechos humanos”. El delito cometido por estos facinerosos es un grave delito patrimonial contra la nación, por lo tanto, un delito frontal contra el pueblo mexicano todo. El Poder Judicial de la Federación, nuevamente, se ha mostrado como poco interesado por cumplir cabalmente con su cometido al servicio de la colectividad.

Retomando al Dr. Luis María Aguilar, el ministro-presidente adujo en su lamentable discurso, la necesidad insalvable de ingresos de nivel superior para los jueces, magistrados y ministros, como un requisito insalvable para garantizar una justicia certera, expedita y creíble. Un juez de distrito gana la friolera de $ 156,666.00 (CIENTO CINCUENTA Y SEIS MIL SEIS CIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 00/100) cantidad suficiente y sobrada para garantizar una actuación eficiente y, sobre todo, comprometida con el pueblo mexicano que, es a fin de cuenta, quien paga sus emolumentos. Al contrario de lo que se debería esperar del juzgador, por una omisión de carácter burocrático, declara elementos insuficientes y deja en libertad a los inculpados y, lo más grave, en estado de indefensión a la ciudadanía.

Me siento, ante este caso, como cuando leemos en las noticias que una ciudadana o ciudadano falleció a las puertas de una instalación de salud pública, al no ser admitida o admitido porque le faltó algún requisito administrativo para su atención. Este caso, como otros más, es un problema profundo de ética profesional.

Otro lamentable caso cobra actualidad. En su momento, califiqué de lamentable la sentencia dictada por el Sr. Ministro, Dr. Arturo Zaldívar Lelo de Larrea que puso en libertad a una delincuente peligrosa, la francesa Florence Cassez, partícipe en el grave delito de secuestro de ciudadanos inocentes a los que, además y personalmente, cortó algunos dedos para ser enviados a sus familiares como material de extorsión. El ministro Zaldívar adujo que en la integración del expediente se violaron protocolos y hubo fallas de procedimiento de la PGR, vía sus agentes, que violaron los derechos humanos de la secuestradora. En su momento también dije que, era procedente aplicar una sanción administrativa a la PGR, hacer una pública amonestación a sus agentes, inclusive proceder administrativamente contra ellos; ¡pero nunca decretar la libertad de la acusada!, contra la que existían pruebas fehacientes, e incluso, en los careos, los agraviados la habían identificado y enfrentado con todo valor. La liberación de Florence Cassez dejó a los agraviados en estado de indefensión, y el Gobierno de la Nación tuvo que pedir públicas disculpas a la francesa. ¡Miel sobre hojuelas de la sentencia de marras!

Hace algunos ayeres, en la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad de Yucatán (hoy UADY), tuve el privilegio de tomar cátedra con el gran jurisconsulto Lic. Raúl Vallado Peniche, quien nos impartió la clase de Etica. En sus inolvidables lecciones, el Lic. Vallado siempre nos enseñó con ejemplos objetivos, prácticos y, sobre todo aplicables a la vida diaria. Un tema me causó profunda impresión por la trascendencia de sus consecuencias. “En el ejercicio de la profesión, y sobre todo cuando se ejerce una función de juzgador, puede presentarse un delicado conflicto, una antinomia entre la justicia y el derecho. Una sentencia bien puede estar perfectamente apegada a derecho y, sin embargo, ser injusta. Cuando en su camino se presente un caso así, recuerden jóvenes, el juzgador ha de inclinarse ante la justicia, antes que ante el derecho”; este principio que nos inculcó el Lic. Vallado es aplicable al Sr. Juez de Distrito encargado del caso de los “huchicoleros”. Bien o mal integrado el expediente, ante el juzgador se presentó un caso evidente, un caso que hiere profundamente a la sociedad, y el Sr. Juez se inclinó ante el peso de una o varias hojas de papel que acreditaran hechos, y pasó por alto lo que un pueblo había atestiguado y los altos intereses de la nación, en aras de una perfección administrativa. El juez pudo aplicar el peso de la ley haciendo uso de un recurso totalmente válido y justificado: el principio de suplencia de la queja; pero prefirió ceñirse estrictamente al peso de un puñado de papeles, por encima de los intereses de la ciudadanía.

Nuestra nación vivirá cambios profundos próximamente, es menester hacer una revisión minuciosa de todos los órdenes y ámbitos de la función pública. La ética es una de las cualidades insalvables para el ejercicio de cualquier cargo público. Es uno de los rasgos que el próximo Ejecutivo de la Nación debe buscar en cada una de las mujeres y de los hombres que desempeñen hasta el más mínimo encargo en su período. Así, y sólo así, tendremos un México en el que no se sigan suscitando estos conflictos entre la justicia y el derecho.

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