Diputados locales dejaron pendientes en DDHH

Las dos últimas Legislaturas le han rehuido al tema del matrimonio igualitario, a pesar de que se han presentado dos iniciativas. En esta Legislatura se turnó a comisiones una de ellas, pero nunca se discutió.

CIUDAD DE MÉRIDA (David Rico | Diario Por Esto!).- Con varios pendientes, especialmente en el tema de los derechos humanos, el Congreso del Estado concluyó ayer el tercer y último periodo ordinario de sesiones.
Desde la tribuna, la diputada Cindy Santos Ramayo (Panal) señaló que la actual Legislatura ha sido una de las más productivas y ha avanzado notablemente en varios temas, pero señaló que a pesar de ello dejará una importante deuda histórica para Yucatán en el tema de los derechos humanos.
“Nos hemos de convertir en una Legislatura más que heredará, sin discusión o análisis, iniciativas para asegurar los derechos, las libertades, las garantías individuales y la dignidad humana de los yucatecos”.
“De nueva cuenta hemos sido complacientes con que en nuestra Entidad existan ciudadanos de segunda clase, que hoy siguen sin poder ejercer sus derechos fundamentales como lo son el derecho a la identidad o el derecho al matrimonio”, expuso.

Le han rehuido

Como se recordará, las dos últimas Legislaturas le han rehuido al tema del matrimonio igualitario, a pesar de que se han presentado dos iniciativas. En esta Legislatura se turnó a comisiones una de ellas, pero nunca se discutió.
Además, se deja pendiente la iniciativa presentada por la diputada del Panal para reformar la Ley del Registro Civil a fin de que las personas “trans” puedan cambiar su identidad.
“Seremos la segunda Legislatura que cierra su periodo ordinario sin resultados y sin discusión de estos temas que, aunque se dicen en la ‘agenda permanente’, ya sea por descuido, desidia o desinterés, jamás vieron cauce en las comisiones a las cuales correspondía su análisis, discusión y aprobación”, expuso.
Señaló que con estas omisiones se atenta contra los derechos fundamentales de las y los yucatecos, y sin cumplir las recomendaciones y sentencias de la Suprema Corte de Justicia de la Nación e incluso la propia Constitución local.
“Hoy habremos de responder ante los yucatecos del porqué estamos legando, una vez más, esta deuda social e histórica”, señaló.

¿Y la ley “anticongeladora”?

Lamentó también que dichas iniciativas no se hayan discutido a pesar de que el mismo Congreso aprobó una ley “anticongeladora” con la que, supuestamente, se deberían desahogar todos los asuntos.
“Jamás vieron su correcto cauce a las comisiones a las cuales correspondía su análisis, discusión y aprobación, a pesar de que, también a iniciativa de mis compañeros de bancada, ya contamos con reglamentos y leyes específicas que, en esencia, habrían impedido esta omisión si hubiesen sido aplicadas efectivamente”.
Por su parte, la diputada Beatriz Zavala Peniche (PAN) destacó también que la Legislatura ha sido productiva y que se alcanzaron logros importantes; no obstante, dijo que se dejaron pendientes que serán un “legado” para los siguientes diputados.
Destacó la iniciativa que presentó su partido y a la que no se le dio cauce para reformar la Ley de Gobierno del Legislativo, la cual busca, entre otras cosas, que la presidencia de la Junta de Gobierno y Coordinación Política sea rotativa.
Además, dijo que la iniciativa que presentó para una Ley de Desarrollo Social que garantice el adecuado uso de los recursos de los programas sociales tampoco vio la luz, lo mismo que la iniciativa que se presentó para la autonomía de la Fiscalía General del Estado de Yucatán.

Defiende su gestión

Al respecto, la presidenta de la Junta de Gobierno y Coordinación Política, Celia Rivas Rodríguez (PRI), reconoció que se dejan temas pendientes como sucede en todas las Legislaturas, pero destacó que la actual fue una de las más productivas con más de 749 acciones legislativas.
“Con los resultados hasta el día de hoy obtenidos puedo asegurar que nos hemos convertido en la Legislatura yucateca con mayor productividad en cantidad y calidad legislativa en su ejercicio constitucional, que incluso ha sido reconocido a nivel nacional”, enfatizó Rivas Rodríguez.
“Hoy concluimos una etapa más en la historia legislativa de nuestro querido Estado, ha sido un gran privilegio haberle servido a Yucatán con la seguridad de poner todo nuestro empeño para hacer lo mejor posible, dejando a la historia que juzgue nuestro actuar”, recalcó.
Por otra parte, los diputados aprobaron por unanimidad la ratificación de José Luis Sánchez González como consejero consultivo de la Comisión de Derechos Humanos del Estado (Codhey) por un periodo más de tres años, además de elegir con 21 votos a favor a Yuli Chapur Zahoul, con 23 votos a Anel Rosado Lara y con 20 votos a Mauricio Estrada Pérez, para ocupar los espacios restantes en el órgano ciudadano.

Aprueban leyes

También el PRI, PAN, Nueva Alianza y PVEM avalaron crear la nueva Ley de Videovigilancia que establece que las personas tienen el derecho a ser informadas acerca de los lugares en donde se realizan estas actividades, así como recibir información accesible y precisa para ejercer sus derechos a la intimidad y protección de datos personales.
En tribuna, Antonio Homá Serrano (PRI) destacó que el producto legislativo propone regular el funcionamiento de la videovigilancia a nivel local y los criterios para su adquisición, ubicación, instalación, administración y gestión de su operación, así como el uso de la información; además se reforma la Ley de Desarrollos Inmobiliarios para que los fraccionamientos estén obligados a instalar cámaras de videovigilancia para el reforzamiento de la seguridad pública y convivencia pacífica.
“Y no menos importante, la modificación de la Ley del Sistema Estatal de Seguridad Pública para incorporar el registro estatal de videovigilancia a sus registros administrativos y se apliquen las sanciones respectivas a su violación”, agregó.

Un voto en contra

La diputada Jazmín Villanueva Moo (MORENA) votó en contra porque –dijo– el dictamen no contiene elementos propios de un análisis de profundidad.
De igual forma se aprobó por unanimidad crear la Ley de Salud Mental, de la cual Manuel Díaz Suárez (PAN) indicó que servirá para dotar de una herramienta legislativa que permita afrontar los trastornos mentales como epidemia y hacer justicia a todas las personas con estos padecimientos.
“La nueva ley cuenta con 100 artículos sobre la importancia del respeto irrestricto a los derechos humanos de los pacientes, así como para garantizar a ellos y sus familias la alimentación, el vestido, el alojamiento, pero sobre todo un tratamiento digno que les permita el control de su padecimiento y, de ser posible, su recuperación y reincorporación al tejido social”, añadió.
Destacó de la ley aprobada, el respeto irrestricto a los derechos humanos de las personas que presenten algún trastorno mental, el que el Estado, así como sus familias, les garanticen alimentación, vestido, alojamiento y sobre todo un tratamiento digno, que les permita el control de su padecimiento y de ser posible su recuperación y reincorporación al tejido social.
Además del apoyo del Estado para las familias de pacientes con algún padecimiento mental, la creación de un Consejo Interinstitucional que permita el involucramiento de varias dependencias de gobierno y que no se le deje sola a la Secretaría de Salud en la estrategia y política pública que garantice la salud mental en Yucatán.
Habló también de la creación de un Instituto de Salud Mental que desarrolle un programa de acciones que abarque en sus estrategias a todos los sectores, sobre todo los más vulnerables, y que promueva y apoye la participación de la sociedad civil organizada, las responsabilidades de las autoridades de los tres niveles de gobierno y la conformación de una red de atención en salud mental que amplíe su cobertura y proporcione la atención pertinente en todos los municipios del Estado.

Ética y profesionalismo

“La ley también contempla las bases para que los profesionales de la salud y prestadores de servicios actúen en todo momento con ética, profesionalismo y responsabilidad con los pacientes usuarios, incluye un capítulo específico para la atención del fenómeno suicida; establece los lineamientos para dotar a las escuelas del nivel básico y medio superior de psicólogos o personal capacitado en salud mental, que promuevan en nuestros niños y jóvenes una cultura de la salud mental y prevengan o detecten de manera temprana los padecimientos mentales en este sector”, expuso.
Se destaca el fortalecimiento del financiamiento y presupuesto anual para la atención de la salud mental en nuestro Estado, que pasaría de menos del 1 por ciento de todo el dinero que actualmente se destina a la salud en la Entidad, a un 7% del total del presupuesto de salud para la atención de este rubro específico.
Al término de la sesión se instaló la Diputación Permanente que estará en funciones hasta el 31 de agosto y que quedó de la siguiente manera: Daniel Granja Peniche, presidente; Marco Novelo Rivero y David Barrera Zavala, secretarios; Rivas Rodríguez, vicepresidenta; Enrique Febles Bauzá y Marbellino Burgos Narváez, secretarios suplentes.

ENLACE: https://bit.ly/2mm9sPZ



Categorías:Legislativo, YUCATÁN

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