A propósito del 15 de mayo | Jorge Lara Rivera

La tradicional efeméride que año con año concilia o reconcilia al magisterio con la autoridad para continuar la labor conjunta por el progreso nacional, trae a cuento tópicos que precisan urgente resolución y no pueden obviarse.

Imposible ser indiferente a la punición contra el gremio docente y frente a inadmisibles fallas estructurales del sistema evaluador, las cuales suscitan graves consecuencias a ése que derivan en infame inequidad. A complacencia de intereses ajenos a la educación que persiguen organismos promotores de políticas económicas del neoliberalismo más voraz –tal la OCDE y el FMI–,y del ‘lobby’ cabildero de sectores oligárquicos que pretenden la privatización del servicio educativo público nacional promoviendo el modelo chileno y español (para avasallar a los maestros vía el acoso y la desacreditación, primer paso en el control de la sociedad) a través de membretes que suplantan a la sociedad civil, se ha linchado mediáticamente al profesor. Ejemplifica esta criminalización irritante el ñoño anuncio, patrocinado por “Mexicanos Primero” (membrete con que opera el oligarca Claudio Xavier González Guajardo –gran evasor fiscal famoso por resultar beneficiario de las condonaciones milmillonarias de impuestos del calderonato) que violando la ley utiliza menores –aunque sospechosamente avalado por el INE de Lorenzo Córdova Vianello, aún pendiente de resolución definitiva en el tema por el TEPJF ante el que se ha impugnado–) donde cretinismo del más burdo marketing pone en boca de un niño la sofística argumentación “yo quiero que mis maestros presenten exámenes como yo”, y con perfidia se oculta que antes de titularse sus maestros aprobaron tantos exámenes como les fueron requeridos, grado a grado y materia por materia, a lo largo de toda su vida estudiantil; y luego, en su función académica, han debido acreditar con ellos los cursos y diplomados, especializaciones y posgrados para su desarrollo profesional; a que se suman los de los específicamente impuestos por la Reforma Educativa como prerrequisito al alevoso examen doble de conocimientos no por materia impartida, sino ¡por área disciplinar! (olvidando que la formación original por campo disciplinar común ha perdido frescura en el mentor quedando de lado en aras de los requerimientos particulares de la materia que se trabaja cotidianamente, dado el perfil profesional específico que se le demanda) y de herramientas y recursos didácticos, sin informar al evaluado cuáles son los parámetros a calificar. Imagine que sustenta examen de Literatura Universal y y le preguntan más sobre Análisis de textos, Etimologías; o sobre Ética, pero las preguntas propias, aparte de capciosas que admiten más de 3 posibles respuestas, sólo conforman el 25% cuando más del cuestionario, porque sobreabundan las relativas a Filosofía, Estética y Lógica.

Cabe la mención de que tomar los cursos de capacitación ‘on line’ (200 horas anuales mínimo) en tiempo extra laboral a que se obliga sin paga, al saturar con lecturas y tareas el tiempo personal, dificultan prepararse a conciencia para aquél; examen que por otra parte contradice la Reforma Educativa por carecer de objetividad y criterios de certidumbre y equidad (al no considerar la revisión, como si su calificación fuera infalible). Tras 3 años, la implementación de la Reforma Educativa ha dado patente de corso a la imprevisión, la improvisación, pero también al maltrato psicológico, el abuso y acoso laboral, el daño moral y demás atropellos porque a diferencia de las especializaciones de perfil que exige el Sistema Profesional Docente y los criterios y modelos paradigmáticos que impone para la evaluación continua y sumativa en el aula, los evaluadores escudados en la anonimia no son especialistas ni en el área disciplinar ni necesariamente de la materia que evalúan; la objetividad de los ítems o reactivos resulta francamente dudosa cuando no de plano caprichosa, arbitraria al admitir más de 3 respuestas. Lo que explica porqué las autoridades no dan la cara ante ostensibles yerros e imperfecciones de un sistema evaluador que no da a conocer los parámetros a considerar y supeditado a máquinas, plataformas y redes que a menudo fallan, donde por imprevisión de la autoridad evaluadora se saturan anticipadamente de contenido, se desactivan, piden “intentarlo más tarde” sin ningún respeto el tiempo personal, libre, creativo y recreativo, del profesor, frustrándolo, crispando la relación laboral con riesgo. Ridículo, además de paradójico, hablar de educación “humanista” cuando pretextando “objetividad” se hace al docente blanco de trato impersonal, frustrante, supeditado al enigmático funcionamiento de máquinas indiferentes suscitando situaciones kafkianas como llamar a la Mesa de Ayuda para que digan que no queda sino lidiar con la gélida indiferencia maquinal ante problemáticas creadas por la deficiencia institucional y su ineficiencia tecnológica, en las que desde luego no proporciona comprobante; falta muchas veces orientación sobre con quién se puede consultar para resolver e inclusive, si se ofrece esa opción, de poco o nada sirve, ya que las dudas y quejas formuladas vía electrónica son ignoradas, pasan los meses en perjuicio de los interesados, haciendo improcedentes eventuales medios legales de defensa. De revisar los exámenes, derecho elemental en todo proceso de enseñanza aprendizaje, ni hablar (nociva consecuencia de creer como el predecesor titular de SEP Aurelio Nuño Mayer que cualquiera puede ser profesor, vuelto innecesario obtener herramientas pedagógicas y didácticas que las escuelas normales proporcionan).

Se emiten dictámenes de ‘insuficiencia’ sin siquiera verificar sus archivos ‘históricos’ de expedición de constancias de haber cursado y acreditado los cursos que la misma autoridad imparte y avala, ni cotejar el envío/recepción de material de ‘evidencia’ y llenado de los formatos (con yerros de redacción e inexactitud en sus instrucciones).
Pero eso no es lo peor. El profesor queda en situación de indefensión, ya que la Suprema Corte de Justicia de la Nación avaló una Ley que si bien fue aprobada por el H. Congreso de la Unión y 17 Legislaturas de los Estados, viola flagrantemente el principio de irretroactividad en perjuicio del docente al precarizar la seguridad de su empleo, en riesgo cada 5 años; y el de equidad por sus disposiciones laborales discriminatorias como la procedencia del despido por 3 faltas injustificadas en el mes creando contra los principios de equidad, generalidad y abstracción de la Ley un ordenamiento particular, de excepción, contra un gremio de trabajadores al que maltrata y persigue bajo la máscara “de prioridad en la prestación del servicio” para que a diferencia de todos los demás trabajadores, burócratas y civiles, baste la existencia de 3 faltas injustificadas, discontinuas incluso, para despido del maestro sin responsabilidad institucional, en tanto que en todos los demás empleos para proceder tal es exigible que las faltas injustificadas sean consecutivas, ininterrumpidas.

El supuesto “acompañamiento” del docente también es cuestionable ya que en la práctica se atenta contra principios constitucionales de seguridad jurídica, porque la autoridad evaluadora se arroga unilateral, arbitraria y caprichosamente (contra certeza y respeto al debido proceso, al no fundar y motivar razonablemente, ni notificar por vía idónea) la facultad de cambiar a su antojo y conveniencia usos y fechas que establece para dicho proceso y en qué caso dar o no comprobantes en actos que son cruciales para el docente, como modificar fechas de examen y entrega de resultados sin comunicarlo de modo personal, como se hace para avisar que se está contemplado en la evaluación, lo cual es lógicamente exigible; sin contar la prolongación del estado de ansiedad, preocupación y sufrimiento psicológico innecesario que supone no saber al menos cuándo se cerrará el capítulo de marras en la actividad profesional. Asimismo el acoso laboral es tan real, como llegar al extremo de que la ‘observación’ de una clase multigrado de primaria en Tixcacal, Mérida, requiera la presencia de ¡11 ‘expertos’! que no trabajan frente a grupo. El colmo: el personal de los CEDART del INBA (Secretaría de Cultura, no de SEP), donde la evaluación como en las preparatorias de la UNAM y las vocacionales del IPN, no debiera proceder, se obliga a ésta, pero tras más de 2 años de calificados dicha Secretaría carece aún del soporte presupuestal para otorgar las compensaciones en sueldo prometidas que proceden.

¡Feliz Día del Maestro!

*Artículo publicado con la autorización del autor, colaborador del periódico Por Esto!; léase también en este medio

Las declaraciones y opiniones expresadas en este artículo son de exclusiva responsabilidad de su autor y no representan necesariamente el punto de vista del Diario Arte y Cultura en Rebeldía; en este espacio, ejercemos la Libre Expresión



Categorías:Jorge Lara Rivera, OPINIÓN

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