Artículo 19 y senadora adelantan acciones contra “Ley Chayote”, ya en manos de EPN

“No mueve el orden de las cosas pero lo legaliza”, como no poner control al gasto discrecional en los medios de comunicación, apuntó Martha Tagle.

CIUDAD DE MÉXICO.- Ricardo Reyes, integrante del Área de Derecho a la Información de Artículo 19, y Martha Tagle, senadora independiente, lamentaron la aprobación de la #LeyChayote en el Senado, pese a los múltiples señalamientos y propuestas para mejorar esta legislación que regula el gasto del gobierno en publicidad oficial; además, adelantaron acciones contra la misma, como interponer un recurso en el que se alegue su inconstitucionalidad.

En entrevistas por separado en #AristeguiEnVivo, el primero señaló que la iniciativa que se impulsó desde el principio fue la del PRI y sus aliados en la Cámara de Diputados, que llegó al Senado y fue avalada anoche por 60 votos a favor.

“El resultado de esta apresurada ley… es un reflejo de que tenemos una ley pobre, mediocre, que no cumple con los estándares mínimos… ellos se van, esta legislatura se va, hay que ver qué dice el Poder Judicial respecto al cumplimiento de esta sentencia; porque esto no se acaba el 30 de abril. Nosotros como parte quejosa, los recursos que podemos interponer y también la interpretación que haga el juzgado de distrito que está conociendo del cumplimiento para decir si cumple cabalmente o no con estas características de la sentencia“, adelantó.

“La sociedad civil no estuvo involucrada, fue un proceso opaco… esta ley no cumple con los requisitos mínimos que debe de solventar”, indicó Reyes, pues debía crear un un marco de libertad, igualdad y equidad.

Sin embargo, “lo único que hace es legalizar las malas prácticas” de la publicidad oficial; “es parte de una simulación total que es reprobable” y “deja en un estado peor de las cosas“.

Recordó que a 20 medios se les han entregado más de la mitad de los 40 mil millones que se han gastado en este rubro, en lo que va del sexenio de Enrique Peña Nieto.

De esta forma “se condicionan las líneas editoriales y se compromete la libertad de expresión”, consideró. Además de que “afecta a nosotros los consumidores porque recibimos verdades históricas, manipuladas”.

Expuso que “los legisladores se pusieron un poco la soga al cuello” tras la orden de la Suprema Corte de Justicia, pues “tuvieron cinco meses para haber legislado esta ley y sus trabajos los empezaron hace mes y medio”. Así mismo, comentó que fueron muy listos al haber puesto la entrada en vigor el 1 de enero de 2019, con lo que dan un “cheque en blanco” para las actuales campañas.

Sobre el tema se pronunció la organización Artículo 19, que indicó que “la minuta votada no cumple con los criterios establecidos en la sentencia del 15 de noviembre del 2017 emitida por la primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Por el contrario, legaliza las malas prácticas llevadas a cabo en la publicidad oficial, y no integró en su contenido las demás iniciativas presentadas en ambas Cámaras por los diferentes partidos políticos, y mucho menos integró las recomendaciones que desde el Colectivo #MediosLibres propusimos al Congreso de la Unión”.

“A través de esta simulación legislativa en la que se buscó emitir la ley antes del 30 de abril, fecha límite establecida por la Corte para no entrar en desacato, no se cumple con lo establecido en la sentencia ya que persiste ‘la vulneración a la libertad de expresión en su dimensión colectiva y también se traduce en una clara afectación a la dimensión individual de la libertad de expresión’. Asimismo, la libertad de expresión se sigue viendo afectada al no establecer reglas claras en el tipo de gasto de la publicidad oficial. En palabras de la sentencia esta ley aprobada en el pleno del Senado ‘viola la libertad de expresión, de prensa y de información, ya que la ausencia de dicho marco normativo permite un uso arbitrario y discrecional de la repartición de la publicidad oficial y genera censura a los medios de comunicación y periodistas críticos’”, refirió.

Por ello la organización la calificó como una ley ” sin consenso” ya que “fue aprobada sin considerar las preocupaciones que se denunciaron a lo largo de cinco meses desde que se dictó la sentencia”.

“Esto claramente muestra una total falta de voluntad política, una falta de compromiso por parte de las y los legisladores, que se vio reflejado en un supuesto cumplimiento a la sentencia de la Suprema Corte dejando una gran deuda que el Congreso tiene para con la sociedad, así como para sus derechos y libertades. No puede existir una sociedad democrática sin un Estado que no integre en su agenda la libertad de expresión como un eje rector de la misma. Con la ausencia de garantías para ejercer la libertad de expresión se imposibilita el poder acceder a otra gama de derechos, y por ende, se debilita nuestra democracia. Esta ley impide que los medios de comunicación sean verdaderos instrumentos de ciertas libertades y no vehículos para restringirlas, lo que implica que los medios de comunicación ‘sirvan para materializar el ejercicio de la libertad de expresión, de tal modo que sus condiciones de funcionamiento deben adecuarse a los requerimientos de esa libertad’”, abundó.

En el mismo sentido, Martha Tagle, senadora independiente, mencionó que los legisladores “se salieron con la suya” y aprobaron el dictamen sin cambios, enviado por la Cámara de Diputados.

“Lo único que está buscando es dar cumplimiento a la resolución de la Corte pero en los contenidos está muy lejos de lo que se esperaba”, explicó.

“Esperaron los últimos días de abril para legislar contra las cuerdas… con esta presión encima era sacar cualquier legislación, que no mueve el orden de las cosas pero lo legaliza“, anotó, pues “va a permitir que siga habiendo este uso discrecional” del presupuesto.

Adelantó que podrán presentar una acción de inconstitucionalidad si el titular del Ejecutivo publica pronto esta ley, como se prevé.

“Es posible que el Ejecutivo publique rápido esto y el legislativo podría presentar una acción de inconstitucionalidad”, dijo.

Entre las fallas de esta nueva ley, puntualizó que no pone ningún control al gasto discrecional en los medios de comunicación; “a final de cuentas no se quita el control desde el poder público sobre cómo se van a dirigir estos recursos”.

FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS

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