Derecho a la información, de la batalla contra los monopolios a la defensa de los periodistas (I) | Jenaro Villamil

En cuatro décadas, el derecho a la información en México ha transformado su orientación: del reclamo a la tutela del Estado para garantizar el ejercicio de este derecho a la diversidad de una agenda que incluye una multiplicidad de organizaciones, especialistas, académicos, políticos y periodistas.

¿Qué ha sucedido en estas cuatro décadas? ¿Cuál es el balance que podemos derivar de este movimiento de avances y retrocesos, de desafíos y de agendas múltiples?

Una primera aproximación nos lleva a detectar cinco grandes ejes de la defensa del derecho a la información:

  1. En primer lugar, la larga batalla en contra de los monopolios, de la concentración mediática y de la censura estatal en el marco de la agenda de la democratización.
  2. En segundo lugar, una movimiento creciente a favor del derecho de acceso a la información, de la transparencia, la rendición de cuentas y, al mismo tiempo, de la defensa de la privacidad y de los datos personales.
  3. En tercer lugar, un movimiento a favor de los derechos de las audiencias, cuyo crecimiento ha sido marginal, hasta ahora, pero que tiende a enlazarse con los derechos de los usuarios de las telecomunicaciones. La revolución digital de los últimos diez años ha acentuado esta agenda.
  4. En cuarto lugar, la protesta y la indignación social ante los asesinatos a periodistas y el clima de hostigamiento contra informadores y medios de comunicación, frente a una creciente ola delictiva en el país.
  5. Un último eje que se ha ido articulando en los últimos años es la denuncia periodística en contra del despilfarro de la publicidad oficial y el uso de los recursos públicos para controlar a los medios.

Estos cinco ejes están estrechamente relacionados entre sí. No se puede evadir la democratización de los medios sin la defensa del acceso a la información, la regulación de la publicidad, la demanda de mejores contenidos y mayor pluralidad, así como la defensa de la vida de vida de periodistas y comunicadores.

Ante cada nueva agenda, se han abierto desafíos mayores. Los movimientos que iniciaron marginalmente en los años setenta y ochenta reclamando el fin del monopolio televisivo y la censura, se han transformado en una multiplicidad de organizaciones que van desde los colectivos de derechos humanos, las agrupaciones a favor de la transparencia, las nuevas organizaciones sociales en defensa de los derechos digitales y de las audiencias, las redes de periodistas, hasta los jóvenes hacktivistas, defensores de la neutralidad de la red.

Aquí analizaremos estos cuatro ejes que se intersectan uno con otro a través de estas últimas cuatro décadas.

De la LOPPE al mundo Facebook

En 1977-79 la primera gran reforma político electoral del sistema mexicano incorporó, entre muchos otros temas, el derecho a la información como parte de la liberalización del modelo de partido único (PRI), con televisora única (Televisa) y con unidireccionalidad del mensaje.

Bajo la batuta de Jesús Reyes Heroles, entonces secretario de Gobernación en el sexenio de José López Portillo, se realizó una ambiciosa operación para abrir el sistema político y el modelo de comunicación política, acostumbrado a confundir información con control, comunicación con propaganda y a los medios como aliados-subordinados del gobierno.

Entre las muchas reformas constitucionales, la del artículo 6 dejó una frase casi enigmática que nunca se desarrolló en una ley secundaria: “El derecho a la información será garantizada por el Estado”. Fue un buen deseo que no se concretó sino hasta dos décadas después, en la reforma electoral 96-97, que incorporó buena parte del derecho a la información entendido en un sentido más amplio que la tutela estatal:

  1. El derecho del ciudadano a atraerse información.
  2. El derecho que comprende la libertad de expresión, de imprenta y de libre tránsito en internet.
  3. El derecho a recibir información de una manera objetiva, oportuna, plural, completa.
  4. El derecho a la equidad informativa en las contiendas político-electorales.

En paralelo, a nivel internacional surgió un movimiento encabezado por la propia UNESCO para destacar la necesidad de romper con el modelo de concentración mediática. En febrero de 1980 se dio a conocer un amplio informe titulado Un Solo Mundo, Voces Múltiples, coordinado por Sean McBride.

¿Qué planteaba este informe Mc Bride? En primer lugar, una tendencia hacia la concentración empresarial de las corporaciones dedicadas al negocio de la información y de la comunicación. Alertaron, desde entonces, que esto representaba la principal amenaza para la democracia. Vincularon este fenómeno con el desarrollo de la tecnología.

“La innovación tecnológica –sentenciaron los especialistas- es un arma de dos filos. Gracias a la comunicación por los satélites ha aumentado considerablemente el número de los canales; esto podría conducir a una diversificación de los auditorios o, mediante la intensificación de la competencia, podría llevar a una estandarización del contenido, y en el nivel internacional podría acentuar la dependencia cultural al incrementar el uso de programas importados” (Un Solo Mundo, Voces Múltiples, p. 58).

El informe Mc Bride fue una de las más importantes alertas contemporáneas para impulsar un debate sobre la entonces débil noción del derecho a la información en todo el mundo.

De entrada, los redactores de la UNESCO establecieron que la comunicación es “un derecho individual básico, así como un derecho colectivo requerido por todas las comunidades y naciones. La libertad de la información –y más específicamente el derecho de buscar, recibir y difundir información- es un derecho humano fundamental”.

Pasaron más de treinta años hasta que la ambiciosa reforma constitucional en materia de telecomunicaciones y radiodifusión en México, aprobada en 2013, incorporó en el artículo 6 la noción de que ambos son “servicios públicos de interés general, por lo que el Estado garantizará que sean prestados en condiciones de competencia, calidad, pluralidad, cobertura universal, interconexión, convergencia, continuidad, acceso libre y sin injerencias arbitrarias”.

En el caso específico de la radiodifusión (televisión y radio), el mismo artículo incorporó la siguiente noción:

“El Estado garantizará que sea prestado en condiciones de competencia y calidad y brinde los beneficios de la cultura a toda la población, preservando la pluralidad y la veracidad de la información, así como el fomento de los valores de la identidad nacional, contribuyendo a los fines establecidos en el artículo 3º. de esta Constitución”.

Esta lista de buenos deseos y propósitos constituye la más amplia agenda de democratización y noción pública de las telecomunicaciones y la radiodifusión. Por primera vez, se vinculó el modelo de la televisión al proyecto educativo nacional.

Por supuesto, se enfrenta a los nuevos desafíos de la concentración multimediática y convergente que se da no sólo a nivel nacional sino trasnacional. En el mundo de la era digital, la fusión y crecimiento de las empresas de la Tecnología de la Información y la Comunicación (TIC) son el gran reto.

Ahí están los casos de Google, Facebook, Apple, Amazon cuyo crecimiento asemeja a enormes pulpos que pretenden adueñarse de la web 2.0 (las redes sociales y las plataformas de acceso a internet), pero también las grandes fusiones que están en puerta como la de AT&T (la tercera empresa telefónica más grande del mundo) con Time Warner (la más importante compañía de entretenimiento y productora de contenidos digitales y analógicos).

FUENTE: HOMOZAPPING

ENLACE: http://bit.ly/2C4KoTF

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