El congreso o el vacío | Lorenzo Meyer

Si el Poder Legislativo no sirve para balancear al gran poder del Ejecutivo, entonces ¿Para qué sirve?

Hoy, en México, apenas ciertas ONGs y periodistas-investigadores -actividad de alto riesgo-, intentan dar batalla a los abusos y omisiones de un Poder Ejecutivo que les combate y acusa de bulling.

La ausencia de equilibrio institucional es muy dañina. En estos días, y ante un caso de posible corrupción en gran escala, expuesto en tribunales extranjeros, como fue la entrega en 2012 por parte de la gran empresa brasileña Odebrecht de al menos 10.5 millones de dólares como soborno a un miembro del equipo de campaña del entonces candidato presidencial del PRI, el resultado final no ha sido el esclarecimiento del hecho ¡sino el despedido del fiscal para delitos electorales! La empresa corruptora sigue operando en México.

El caso Odebrecht llegó al congreso por vía indirecta y, para sorpresa de casi nadie, el Senado, por decisión del grupo priista y sus afines, que aceptan al jefe del poder Ejecutivo como su jefe, en vez de ahondar en la materia, logró que el problema no se discutiera. Así, la llamada Cámara Alta, en vez de servir para destapar lo que el Ejecutivo quería que permaneciera tapado, avaló el mantenerlo en la obscuridad.

En principio, el sistema político mexicano es una estructura que se supone sigue los principios expuestos y defendidos originalmente por el barón de Montesquieu y John Locke: que debe haber una división efectiva del poder para impedir los efectos negativos de su concentración. Sin embargo, desde que efectivamente tomó forma un gobierno razonablemente estable en México con la Restauración de la República en 1867, sólo excepcionalmente el congreso ha asumido el papel que le confirieron las constituciones. El Porfiriato nulificó al Legislativo en favor de un presidencialismo sin límites y, con apenas variantes, la Revolución Mexicana reafirmó esa característica vía los poderes meta constitucionales del presidente; esos que le hicieron jefe indiscutible del partido de Estado, de los gobernadores y las autoridades municipales, de los congresos y de los poderes judiciales, amén de controlador de los medios y de las estructuras corporativas, (Jorge Carpizo, El presidencialismo mexicano, Siglo XXI, 1978).

Carlos Salinas se vio forzado a dejar escapar los gobiernos de algunos estados y Ernesto Zedillo perdió el control de sus propios gobernadores –Roberto Madrazo-y terminó perdiendo “Los Pinos”. En los dos sexenios que siguieron, los del panismo, el congreso y los gobernadores recuperaron la independencia perdida, pero ese breve interludio de división de poderes no fue bien empleado y concluyó tras el retorno del PRI a la presidencia en 2012. Las viejas prácticas del presidencialismo volvieron a reverdecer. Y es que hoy ya hay congresistas de oposición a la altura de las circunstancias, pero son anulados por el “mayoriteo” y la corrupción.

Entonces ¿Quién puede airear la vida política y sacar al sol los mil y un casos de corrupción, ineficiencia, crímenes y mal servicio a los intereses ciudadanos? Apenas si unas cuantas ONGs, medios y movilizaciones. Sin embargo, estos actores no tienen poderes constitucionales, sino apenas de presión y en un entorno social que no siempre les hace eco. Al final, sólo pueden ocupar parte del enorme vacío que deja la ausencia de un Legislativo independiente.

Los medios -televisión, radio y prensa- generalmente no se arriesgan a dar su apoyo a la independencia y a la investigación en temas delicados. Y “Los Pinos” mantiene su empeño en controlar y cooptar a los que se dejan, que no son pocos, como bien lo muestra un estudio reciente publicado por Blumberg, (Reforma, 1/11/17). Según éste, los 540 millones de dólares que el Gobierno federal gastó en publicidad el 2016 fueron un instrumento poderoso para inducir a muchos medios a sesgar sus coberturas. Pese a lo anterior y al empeño del crimen organizado y de los gobiernos estatales por silenciarlo, el periodismo de investigación sobrevive. Fue ese periodismo el que dejó en claro la naturaleza de “La Casa Blanca” presidencial, (Aristegui noticias “La casa blanca de Enrique Peña Nieto“, (http://www.periodismo.org.mx/assets/2014-reportaje.pdf). El que ha mostrado la enorme red de intereses que Odebrecht ha tejido a expensas del interés de Pemex y del nacional, (Raúl Olmos, “El señor de los sobornos” en Mexicanos contra la corrupción y la impunidad o el capítulo correspondiente en: Ana Lilia Pérez, Pemex Rip, Grijalbo, 2017). Una esclarecedora y arriesgada investigación sobre el fenómeno del “huachicol” (el robo de combustible a Pemex y sus terribles efectos sociales) se encuentra en el reportaje multimedia de Ernesto Aroche y Mely Arellano, “Puebla bajo amenaza”, (ladob.com.mx, 20/02/17). Y hay más.

Trabajos como los anteriores-siempre elaborados bajo condiciones muy difíciles- debían de ser obra no sólo de los medios y grupos de la sociedad civil, sino también de un Poder Legislativo que cuenta con personal y recursos para ello, y deberían ser base de una acción sistemática que obligara al Ejecutivo a cumplir con su deber. Hoy, eso pareciera mucho pedir, pero es lo que debemos exigir y de ninguna manera resignarnos a seguir viviendo en sistema de poder político sin equilibrios, irresponsable e incompatible con la democracia.

RESUMEN: “SI HUBIERA UN PODER LEGISLATIVO REAL, SE HUBIERA PODIDO INVESTIGAR Y FRENAR AL EJECUTIVO. HOY QUIENES INVESTIGAN Y DENUNCIAN LOS EXCESOS DE LOS GOBIERNOS SON APENAS UN PUÑADO DE ONGS Y PERIODISTAS. SU TRABAJO ES FUNDAMENTAL PERO INSUFICIENTE”.

FUENTE: EL SIGLO DE TORREÓN

ENLACE: http://bit.ly/2AXJGYb

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