El imperativo es investigar | Carmen Aristegui

Información de alto voltaje se ha dado a conocer en México en un lapso de pocos días. Viene de fuera una buena parte de ella, proviene de aquí otro tanto importante. La variedad de asuntos y la densidad de lo revelado obligan a hacer un alto para tratar de digerir lo que se ha puesto ante nuestros ojos. En todos los casos, lo mínimo que se pediría es el inicio de investigaciones formales por parte de las autoridades de justicia correspondientes.

Esta semana se presentó en México el informe: “Control…sobre todo el Estado de Coahuila” realizado por la Clínica de Derechos Humanos de la Escuela de Derecho de la Universidad de Texas, dirigida por el Dr. Ariel Dulitzky. El informe analiza las declaraciones de testigos en tres juicios federales en Estados Unidos entre 2013 y 2016. Las narraciones revelan el grado de violencia y brutalidad con la que cárteles actuaron en esos años en Coahuila hasta terminar por hacerse del control de prácticamente todas las estructuras del Estado, con la colaboración directa o la omisión deliberada de funcionarios y autoridades.

El informe detalla lo dicho por los propios criminales sobre cómo se lavó dinero, se torturó, asesinó y desapareció gente, y también sobre cómo pagaron sobornos a todo tipo de autoridades.

Varios testigos “hicieron declaraciones sobre sobornos de millones de dólares pagados a Humberto Moreira y a Rubén Moreira, el anterior y el actual Gobernador de Coahuila… a cambio del control total del Estado”. Los Moreira rechazaron de inmediato la veracidad de los testimonios. Lo mismo hizo Fidel Herrera, a quien se le menciona como beneficiario de 12 millones de dólares. También esta semana fue presentado el informe: “Justicia Olvidada: La Impunidad de las Violaciones a Derechos Humanos Cometidas por Soldados de México”, de la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA). Aquí se revisan los más de 10 años que han transcurrido desde que Felipe Calderón echó a andar la fuerte militarización -que ha mantenido, a pie juntillas, el presidente Peña Nieto- en una estrategia que privilegia las armas y al Ejército, por encima de las herramientas de la justicia.

Una estrategia cuyos costos para México, como sabemos, han resultado altísimos y se suman en los miles de muertos, desapariciones y todo tipo de atrocidades que se han cometido y se siguen cometiendo en el país.

El informe desde Washington concluye que la violencia ha aumentado y que la violación a los derechos humanos es constante; que se perdió el sentido de urgencia para una reforma policial y que la rendición de cuentas es prácticamente nula. La investigación realizada concluye, entre otras cosas, que “casi todas las investigaciones de la PGR en contra de soldados están sin resolverse”.

Dado que WOLA es una organización muy influyente y lo que muestra su informe es de suma gravedad, no se hizo esperar una respuesta inmediata del Gobierno mexicano, en la que destaca avances y logros que pretenden contrarrestar los efectos de tan poderoso informe.

De manera simultánea a los dos informes anteriores, empezaron a publicarse los reportajes realizados por los periodistas invitados por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación sobre los “Papeles del Paraíso”, que muestran cómo un conjunto de personajes y empresas ha recurrido a entramados y esquemas que suelen ser utilizados para evadir o eludir impuestos u ocultar fortunas cuyos orígenes no siempre pueden ser explicados. El SAT ha dicho que se investigará lo publicado. Otras autoridades hasta el momento no se han manifestado.

Por falta de espacio no es posible detallar más el cúmulo de información proveniente de éstas y otras investigaciones periodísticas y de éstos y otros organismos especializados. Los datos y revelaciones están cayendo en cascada. La omisión e indiferencia oficiales no pueden seguir siendo toleradas.

El imperativo es que las autoridades investiguen de manera formal y decidida este gran cúmulo de informaciones que apuntan y documentan toda clase de ilícitos y corruptelas. Decirlo así -en un país como el nuestro- será tomado como un acto de ingenuidad de quien esto escribe. Dirán con razón: ¿y quién investiga a las autoridades?

FUENTE: EL MAÑANA

ENLACE: http://bit.ly/2joy3pa

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