Gobernar para todos… o la ley del embudo | Ariel Avilés Marín

Soy vecino del Centro Histórico, lo soy orgullosamente; el rescate y mantenimiento de mi casa, la cual heredé de mi tía abuela, Guadalupe Benítez Santos; consume una buena parte de mis ingresos; esto es, económicamente, duro y difícil, pues no tiene fin en ningún momento, cuando no hay que reparar una cosa, hay que reparar esta otra, y así nos vamos en lo cotidiano en una casa antigua, de más de cien años. Ustedes dirán, y con razón: Este vive en esa casa porque quiere. Y tendrán razón. Creo en el valor inconmensurable del patrimonio arquitectónico de nuestra ciudad, y de todas las ciudades con un pasado que pervive en estas edificaciones. Esta postura la he manifestado en múltiples ocasiones defendiendo y oponiéndome a la destrucción de este bien común de todos los meridanos, y obviamente, siendo congruente con este criterio, cuido y defiendo esta propiedad que el destino ha puesto en mis manos.

La casa fue adquirida en 1922 de un fraccionamiento de una propiedad mayor, la cual existe y colinda con mi casa; originalmente la casa no era tal, eran dos piezas corridas de diez metros de largo por cinco metros de ancho. El ingenio de mi tía le llevó a dividir estas dos piezas en cuatro, con un muro entre ellas, constituyendo así, sala, comedor y dos recámaras. La propiedad tiene mucho fondo, setenta metros, por lo que hubo espacio suficiente para agregar baño, cocina, una recámara más y otro baño pequeño, y el lavadero con su pequeño patio para tender la ropa, obviamente quedo un jardín interior y así es como está en la actualidad. La propiedad fue comprada durante el gobierno del Mártir del Proletariado Nacional, Felipe Carrillo Puerto, quien, siempre pensando en beneficiar a los que menos tenían y tienen, creó dos figuras tributarias de protección popular: El Patrimonio de Familia, que está exento del pago del impuesto predial, y la Propiedad de un Trabajador, que tiene una tasa de contribución leve; que es el caso de mi propiedad, la cual está registrada bajo este régimen. Durante muchos años, mi tía primero y luego yo, pagábamos una contribución moderada y justa y la casa se mantuvo al corriente de este pago siempre. Cuál no sería mi sorpresa, cuando hace aproximadamente quince años, recibí una notificación de la Tesorería Municipal informándome que mi impuesto predial ¡SE QUINTUPLICABA!

Como es lógico, me dirigí a la Tesorería Municipal, aclaré el régimen tributario que corresponde a la situación de mi casa, les hice ver que esta figura tributaria era vigente, que mi situación personal encuadraba en este régimen… ¡Mis gestiones se estrellaron contra un muro de silencio e incomprensión! Lacónicamente se me respondió: Esto es lo que le corresponde pagar; y punto. Sentí atropellados mis derechos de ciudadano, consideré que esto era un revés póstumo a la obra de Carrillo Puerto, y que la autoridad municipal no toma en cuenta las situaciones de las clases menos privilegiadas y que pasa sobre legislaciones progresistas como las de Carrillo Puerto si así era su conveniencia. Como callada protesta, desde entonces no he pagado mi predial. No me niego a pagar, lo aclaro, pero pagar lo justo y correspondiente.

Ahora, en esta realidad vigente de los tiempos que nos toca vivir, he vuelto a toparme con una frase acuñada por los juglares del S. XII: “Cosas veredes (VEREDES así compañeros de redacción) Mío Cid, que harán hablar a las piedras”; y así es, las piedras hablaran de lo que hoy ocurre en esta nuestra ciudad, donde están ocurriendo cosas inéditas, carentes de lógica y coherencia; o de plano que, se trata de favorecer en el gobierno municipal a las capas económicamente más privilegiadas de nuestra ciudad.

No es justo ni correcto, cualquiera que sea la argumentación en que se quiera fundamentar, exentar del pago del predial a quienes adquieren propiedades en zonas de alto valor económico, propiedades que, dado su valor catastral, deben reportar altos ingresos al municipio, los cuales se han de canalizar en obras de beneficio colectivo para toda la ciudadanía. Se está vulnerando con ello, doblemente, a los que menos tienen. Por un lado, ellos si tienen que pagar el impuesto predial, así sus modestas viviendas hubieran sido adquiridas con mil y un sacrificios. Y por otro lado, son despojados de los beneficios colectivos que el ayuntamiento de esta ciudad debe procurar, al canalizar el alto pago de los que más tienen, en beneficio de los más desposeídos. Como se le voltee, es una situación extremadamente injusta, totalmente inhumana.

Se invoca en la iniciativa, que el Cabildo de Mérida aprobó por mayoría, que con ello se trata de incentivar la construcción de más torres y construcciones que hagan crecer a la ciudad hacia arriba y no se siga extendiendo. Me pregunto: ¿Es deseable la proliferación de estos altos edificios, totalmente ajenos a nuestra imagen urbana? ¿Es conveniente, ecológicamente hablando, la generalización de estas moles de tabla-roca de una manera desmedida? ¿La proliferación de estos altos edificios, es deseable en nuestra ciudad? Son cuestionamientos muy válidos y que merecen respuestas coherentes, lógicas y fundamentadas por y para el bien de todos.

Soy un habitante del Centro Histórico, y hoy estoy muy indignado; estoy mirando a una autoridad municipal que me está violentando mis derechos, que debe gobernar para todos, pero que, hoy por hoy, está aplicando la Ley del Embudo, en donde hay un lado amplio para una minoría privilegiada, y un lado estrecho para una respetable e inmensa mayoría, nada más y nada menos que, los más necesitados.

 

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