Temporada de informes. Vísperas electorales | Dulce María Sauri Riancho

Hasta hace poco tiempo, el noveno mes del año se inauguraba con la presentación del Informe presidencial. El ritual político más importante se cumplía a cabalidad, incluyendo las interpretaciones derivadas de su lectura entre líneas, fuente de especulación sobre acontecimientos presumiblemente cercanos, que podrían incluir cambios en el gabinete o anuncios de nuevas obras y programas. Los medios masivos de comunicación se inundaban de imágenes, felicitaciones al primer mandatario o críticas de los representantes de los partidos opositores. En el radar de los acontecimientos políticos de septiembre no existía otra cosa que el sol presidencial.

El proceso democrático del país ha marcado nuevas fechas y las circunstancias se han modificado sustancialmente. Ahora, el presidente de la república envía su informe al Congreso y al día siguiente emite un mensaje al país o, como sucedió el año pasado, entabla un diálogo con jóvenes como una manera de tomar el pulso al grupo más numeroso de la población mexicana sobre la actuación política de su gobierno. Los cambios no paran ahí. Al menos en Yucatán, los informes de los presidentes municipales coinciden en fechas con el Informe presidencial y, en el margen de su demarcación, disputan palmo a palmo la atención de la ciudadanía con los mismísimos spots de Peña Nieto.
Por si no fuera suficiente con esta avalancha publicitaria, los legisladores federales —diputados, senadores— han seleccionado los últimos días de agosto para informar a sus electores sobre sus actividades en las cámaras y los resultados de sus gestiones. Como alud imparable han surgido espectaculares con los rostros y logros de ellos y ellas. Inserciones gráficas en medios impresos; publicidad en los electrónicos, incluyendo comerciales transmitidos en medio de la pelea estelar en la función sabatina de box; interrupciones frecuentes en el canal de youtube de música clásica para introducir al #amigoLibo y sus actividades como diputado, etcétera, etcétera. ¡Cómo han cambiado los tiempos! Ahora el llamado “mes patrio” tiene nuevos actores de la llamada “clase política” que disputan al Ejecutivo federal la atención pública.
Antes de 1994, el interés sobre el Informe presidencial se acentuaba el quinto año de gobierno. La tradición hizo “del día siguiente” el punto de arranque de la sucesión presidencial. A partir de entonces, el misterio del candidato sería develado en cualquier momento. Así sucedió en noviembre de 1993, cuando el 28 de ese mes la candidatura de Luis Donaldo Colosio fue dada a conocer. El proceso abierto del PRI en 1999 y la dinámica del PAN como partido en el gobierno para seleccionar a sus candidatos, cancelaron prácticamente la expectativa del quinto año en 2005 y 2011.
Pero ahora, en 2017, esa tradición viene de regreso. Y no se debe sólo a las prácticas y costumbres políticas del PRI, sino también a las fechas marcadas por la legislación electoral para los partidos y sus procesos internos. El 8 de septiembre es la fecha mágica. Ese día se inicia el proceso electoral 2018. También es el límite que tiene el ejecutivo federal para entregar sus iniciativas de Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos. La parte política concentra, sin embargo, el mayor interés. La piedra de toque son los lineamientos para garantizar la equidad en la contienda electoral de 2018, expedidos por el Instituto Nacional Electoral (INE). “Piso parejo” le ha llamado el presidente del INE, que se aplicará a todos aquellos aspirantes a cargos de elección popular por la vía partidista, que “están dirigidos y diseñados para inhibir, evidenciar y sancionar a los tramposos de la equidad electoral” (Lorenzo Córdova Vianello). Se trata, según el árbitro electoral nacional, de que estos aspirantes no puedan aprovechar las prerrogativas de sus partidos en materia de radio y televisión o sus recursos económicos para posicionarse “indebidamente”. Ésta es la explicación de las prisas y los excesos de los actores políticos en los últimos días. Después del próximo 8, cualquier acción de publicidad o propaganda pagada con dinero público o privado podrá ser considerada como erogación con cargo a gastos de precampaña. Y si algún aspirante rebasa el límite, podrá ser negado el registro de su candidatura.
Pero ¿quiénes son los aspirantes de los partidos a los distintos cargos? Excepto Morena, en la presidencia de la república y el gobierno de la ciudad de México, ninguna organización política ha mostrado aún sus cartas. Entonces, ¿quién habrá de ponerse el saco, más cuando hasta el 13 de diciembre comienzan formalmente los procesos internos? Todos y ninguno. La intención del INE de “piso parejo” es buena, pero su instrumentación está sembrada de baches y hoyancos. Es tenue la línea divisoria con la libertad de expresión, de prensa y el derecho a la información.
Por lo pronto, hay ruido adicional sobre la ya tortuosa obligación de informar y la limitada labor de fiscalización de los actos del ejecutivo. La mayoría de los responsables —diputados y senadores— están más preocupados en su próxima candidatura que en indagar sobre el grado de cumplimiento de responsabilidades y compromisos del presidente de la república. Los regidores estarán más interesados en la reelección que en revisar las acciones realizadas por el cabildo. Parece que el futuro se impone sobre el pasado. No obstante, sin rendición de cuentas no hay mejor mañana para la sociedad. ¿Tendremos la fuerza para exigir una cabal fiscalización, aún en vísperas electorales? Me declaro entre el escepticismo y la esperanza.
FUENTE: DULCE MARÍA SAURI RIANCHO

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