México: Larga historia de impunidad y desaparición forzada | Sandra Romero

La “guerra sucia” de finales de los 60s a finales de los 70s, representa desde el punto de vista del control estatal para la historia de nuestro país, una experiencia para ejercer la represión política clandestina, metódicamente dirigida por sectores del ejército, contra la oposición y la lucha social. 
 Con el exterminio a las principales organizaciones guerrilleras en nuestro país, cárcel, masacres y desapariciones de sindicalistas y luchadores sociales, esta forma de represión cambió. A partir de la Reforma Política de 1977, se da paso a la legalidad del Partido Comunista y a una nueva posibilidad de participación política. Aunque otorgada a cuentagotas, la amnistía de 1978 posibilitó una nueva defensa y supervivencia de guerrrilleros, ex guerrilleros y otros luchadores sociales perseguidos por gobiernos priístas.
 
Los años siguientes las desapariciones forzadas disminuyeron, pero no acabaron. Más recientemente, el alto número de desaparecidos se ha dado bajo el nuevo fenómeno del narcotrafico y afecta a sectores sociales sin distinción de sus ideas políticas, en particular a trabajadores, mujeres, jóvenes y migrantes. En ese contexto, continua la represión y el amedrentamiento contra activistas sociales y militantes políticos.

El mes de julio, trece organizaciones internacionales colocaron a nuestro país como el de mayor impunidad en materia de desaparición forzada, conclusión derivada de la intervención y observación a partir del caso de Ayotzinapa, de la reunión con familiares de las víctimas, con organizaciones defensoras de derechos humanos y por la respuesta de funcionarios del gobierno mexicano ante las recomendaciones emitidas.
 
Oficialmente la Secretaría de Gobernación reconoce la existencia de casi 31 mil desapariciones, hasta el mes de marzo, que en cifras del gobierno figurar también como “extravíos” o “ausencias”. El Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas, también señala que de éstas, más de 6 mil son niños y adolescentes. Sin embargo la realidad no oficial es evidentemente mayor. 
 
Organizaciones internacionales de Derechos Humanos recomendaron al gobierno mexicano tomar al menos 150 medidas para frenar las desapariciones e iniciar un camino hacia la búsqueda de las personas, la sanción de los responsables, la vinculación entre familiares y con las instituciones de justicia y la coordinación entre los estados del país para abordar cada caso. Estas medidas podrían agruparse en la frase: “verdad, justicia y reparación del daño”, misma que abre un debate sobre el tema de la justicia y remonta a la historia de este problema en México.
 
Las últimas décadas, funcionarios a diferentes niveles de gobierno, tienen responsabilidad en desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales, feminicidios y torturas. Como los policías de migración y su participación en la masacre a migrantes en San Fernando, donde 7 años después no hay sentenciados, por ambigüedades y contradicciones del caso. Como las ejecuciones militares en Tlatlaya o la participación de estatales, militares y federales en Ayotzinapa. Por mencionar unos casos.

De la “Guerra sucia” a la alternancia, se mantiene la impunidad


Al menos los últimos 60 años, todos los gobiernos del PRI y del PAN tienen responsabilidad política en la desaparición forzada del pasado y del presente en el país. El PRD la tiene con Ayotzinapa. 
 
Bajo el gobierno de Díaz Ordaz fue un misterio el número de desaparecidos, luego de esto, la historia del Comité Eureka en México, organización de madres en busca de sus hijos, surgida durante la “guerra sucia”, testifica el cinismo de cada presidencia al respecto.
 
Es sabido que Rosario Ibarra de Piedra enfrentó a varios presidentes en algunos de sus actos públicos. El genocida impune, Luis Echeverría, señalado como colaborador de la CIA, bajo un indolente paternalismo hasta le preguntaba si la trataban bien. López Portillo intenta navegar en la crisis de violaciones a los derechos humanos que hereda y continúa, en 1978 aprueban la Ley de Amnistía que dará libertad a mil 500 presos políticos, cesará dos mil órdenes de captura y permite la liberación de 148 personas retenidas en el Campo Militar No. 1, en la Base Naval de Icacos y otras cárceles clandestinas, testigos de la detención ilegal de personas, incluidas mujeres embarazadas. Pero mientras esto ocurría, la “Brigada blanca” dejaba su huella de terror en el país, desapareciendo familias completas en su persecución de algún militante señalado como guerrillero, personas que terminarían ejecutadas por el ejército y la Dirección Federal de Seguridad.
 
Con De la Madrid desaparecen y se complican expedientes de presos políticos, se perpetúa la impunidad de policías y funcionarios involucrados en la criminalización de luchadores sociales, mientras el Comité Eureka logra sacar 370 presos políticos y rescatar a 38 personas, que estaban en calidad de desaparecidas bajo su sexenio.
 
Luego de 38 años de crímenes y espionaje político, en 1985 la Dirección Federal de Seguridad desapareció entre un escándalo por corrupción, de entonces a la fecha, algunos de sus agentes y funcionarios o sus hijos, aparecieron diluidos los años siguientes en notas rojas, como parte de grupos del crimen organizado, precursores del negocio del narcotráfico moderno en nuestro país.
 
Con Carlos Salinas, se institucionaliza la doble moral, con la creación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos que no sirvió para nada, mientras el PRD registra 300 asesinatos y 900 desapariciones políticas entre su base. Esto se consolida en el 2000 bajo la nueva alternancia con Vicente Fox y la creación de la Fiscalía especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado, que inició investigaciones dos años después, para no llegar a nada y la justicia concluye la prescripción del delito de genocidio para Echeverría. 
 
Un nuevo criminal, Felipe Calderón afianza su poder con 30 mil desaparecidos bajo la “guerra contra el narco” y ahora Peña Nieto vuelve a las mismas prácticas de “guerra” de baja intensidad de un gobierno priísta tradicional, encubiertas tras la llamada violencia del “crimen organizado”.

¿Cómo llegará la justicia?


Este régimen no hará justicia ante la desaparición forzada en México, el cierre de filas del aparato del régimen sobre Ayotzinapa lo confirma. Décadas de impunidad y actos teatrales como fiscalías para la atención al feminicidio lo confirman.
 
Hablar de “no olvidar y no perdonar” pasa por recordar a las víctimas, buscarlas, atender las necesidades de sus familias ante la ausencia, buscar a los responsables y llevarlos a juicio. Pero también implica recordar la responsabilidad del régimen y sus instituciones, garantes de los mecanismos de impunidad.
 
Estos son los límites de una ley general de víctimas que incluya a las familias, como la que plantean organizaciones en lucha por los derechos humanos. Pues las causas profundas de la desaparición forzada en México no se detendrán sin la construcción de un enorme movimiento de familiares de los desaparecidos, con organizaciones de derechos humanos, sindicales, comunitarias, indígenas, de maestros, de estudiantes, de mujeres.
 
Históricamente han sido las propias familias las que han logrado más que las autoridades, con sus propias búsquedas e investigaciones, incluso dejando la vida en ello. Por eso es necesario construir comisiones independientes que avalen un camino que en realidad ya existe, donde sabemos que si existirá voluntad para hacer justicia, cuyos resultados los abrace un movimiento democrático nacional, masivo y en las calles, que luche por el cumplimiento de sus resultados, al mismo tiempo que por el regreso de los militares a los cuarteles, con la fuerza de detener las principales decisiones de ejecuciones, fosas, campos de exterminio y desaparición forzada.

FUENTE: LA IZQUIERDA DIARIO MX

ENLACE: http://bit.ly/2etnK0T

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