Verano del agua en el 67 | Dulce María Sauri Riancho

Recordar no es ejercicio inútil ni tarea exclusiva de los historiadores y cronistas. Lo que somos y hacemos ahora, en el siglo XXI, sólo se puede entender cuando revisamos el pasado.

Este es el sentido de los aniversarios, en particular aquellos que recuperan décadas o centenarios.

En el verano de 1967 —ha pasado medio siglo—, el llamado “conflicto del agua potable” enfrentó a una parte de la sociedad yucateca con el gobierno federal.

Pronto harán 80 años, el 8 de agosto, que el presidente Cárdenas firmó los decretos para repartir las tierras de las haciendas henequeneras. Poco guarda la memoria colectiva sobre estos acontecimientos, ambos, con trascendentales consecuencias en la organización económica, política y social de Yucatán.

Decidí dedicar dos artículos para comentarlos:  el asunto del agua potable y el evento que transformó la faz productiva de Yucatán casi por el resto del siglo pasado.

Disponer de agua potable, en tu propia casa, era una necesidad y un signo de modernización. Desde 1904 fue introducido el servicio en una pequeña zona del centro de la ciudad de Mérida.

Sin embargo, la mayoría de la población se abastecía de los pozos excavados en los patios de las casas y de los aljibes, que almacenaban las aguas de lluvia captadas durante el verano, en aquellos hogares que disponían de techo de mampostería.

La calidad del agua que se consumía no siempre era buena. Las enfermedades de origen hídrico asolaban a la infancia, que cada año pagaba su cuota de vidas. Había que hacer frente a la situación mediante una obra pública de gran envergadura en una ciudad de más de 200 mil habitantes, pero también en otras poblaciones del Estado cuyo crecimiento y necesidades sanitarias así lo exigían.

Después de múltiples gestiones y de obtener un crédito del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), comenzaron los trabajos. En Mérida significó abrir las calles pavimentadas para introducir la tubería y poder disponer de 40,000 tomas de agua, casi en la totalidad de las viviendas de entonces.

El grito “¡bomba!”, seguido del estallido de la dinamita para romper la dura roca yucateca, se volvió familiar durante los más de dos años que duraron las obras. Cuando concluyeron, en 1966, sólo se habían logrado conectar 22,000 tomas. Además, por primera vez la población tendría que pagar por el agua.

La fijación de las tarifas del agua potable se volvió entonces un asunto político y social de enorme impacto. Si eran muy altas, la mayoría no podría disponer del servicio; si eran reducidas, no se podría pagar el crédito al BID.

En esos años, la situación económica de Yucatán estaba muy deteriorada, pues su principal actividad, el henequén, había resentido severos problemas de competencia internacional y de su desplazamiento por los productos sintéticos. La cuota establecida, bastante moderada, generó la indignación del gobierno federal.

La respuesta no se hizo esperar: se cancelaron todas las obras públicas federales, incluyendo el nuevo aeropuerto de la ciudad de Mérida. Con el mismo formato, los secretarios de Obras Públicas, de Recursos Hidráulicos, de Salubridad y el de Agricultura informaron la suspensión de obras, a fin de canalizar esos recursos al pago del adeudo, “para salvaguardar el buen nombre de México”.

Abundaban los funcionarios federales en su carta: “…además es Yucatán el Estado que mayores subsidios recibe de la Federación…”. Huelga referir el escándalo desatado ante la descalificación federal. No había otra instancia más que buscar un encuentro con el presidente Gustavo Díaz Ordaz.

En Campeche, el 27 de julio de 1967, en un pasillo del hotel Baluartes, tuvo lugar el encuentro de 13 representantes empresariales y de organizaciones civiles yucatecas con el Presidente.

La posición presidencial fue dura desde el principio: “Desde que tengo memoria del estado socioeconómico del país, recuerdo que se hablaba ya de la crisis de Yucatán”. El malestar de Díaz Ordaz no quedó ahí: “…por cierto, […], hay gente que vivía del henequén y ahora vive del problema del henequén”.

Además de asumir la responsabilidad de las comunicaciones de sus secretarios, el presidente de la República pronunció la frase que se hizo memorable: “Claro —comentó el Lic. Díaz Ordaz—: (los yucatecos, DMSR) no están acostumbrados a pagar por el agua y por eso les molesta. Antes bebían un caldo de microbios, pero ahora cuentan con el beneficio del agua potable”.

Al día siguiente de la entrevista, el Congreso del Estado aprobó nuevas y más elevadas tarifas de agua. Ni así se reanudaron las obras federales en la entidad. Tuvieron que ser los cuantiosos daños de “Beulah”, violento huracán categoría 5 que azotó la parte nororiental de la Península, a mediados de septiembre de 1967, los que finalmente hicieron reconsiderar la posición federal.

Meses después, en noviembre, Acción Nacional se impuso por primera vez en la elección del Ayuntamiento de Mérida.

Mucho ha cambiado la relación entre los estados y el Ejecutivo federal. Ahora sería inimaginable políticamente, además de ilegal, que se detuviera la inversión federal por diferencias como las acontecidas aquel verano de 1967.

Cincuenta años después, la información del desempeño económico yucateco en el segundo trimestre, habla de una entidad que comienza a obtener frutos de su reindustrialización. De ser “el más subsidiado” en los años 60, pasamos a ser “el más seguro” en la segunda década del siglo XXI.

La reconversión económica fue difícil. Más todavía ha sido la transformación cultural para dejar atrás, en el pasado, el subsidio, la dependencia y el agravio.

FUENTE: DULCE MARÍA SAURI RIANCHO

ENLACE: http://bit.ly/2hLt00v

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