Diáfanos | Jorge Lara Rivera

El tema de la “transparencia” y la “rendición de cuentas” viste. Y reviste. Arropa a políticos, partidos y agrupamientos de la sociedad civil organizada auténticos, tanto como chafas, con embozados intereses detrás del vistoso –y lucrativo– membrete. Tan caro a las democracias participativas, ciudadanas, el asunto dimana la mayor importancia en materia de credibilidad para sus instituciones y autoridades. Desde luego resulta crucial. De ahí que, para desconsuelo del docto Mauricio Merino Huerta, pospuesto pero suspirante continuo a ingresar –escalafonaria, escaladoramente o como sea y a como dé lugar (por cofradía, amiguismo o cuota de cuates, vistos sus argumentos)– a otra lustrosa nómina (como cuando fue consejero electoral por cercano al que sería presidente nacional del PAN, Germán Martínez Cázares) desde siempre “tan interesado” en el Sistema Nacional Anticorrupción, el tema de la irregular y tramposa conducta del flamante Comité de Selección de los integrantes de la Comisión de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción en el proceso de selección no admite la justificación del “mal menor en aras de los intereses superiores de” sabrá Dios quiénes; ni en el amoralismo maquiavélico de que “el fin justifica los medios”. Se hizo trampa completa. Se faltó precisamente a la claridad y transparencia que son razón de ser de aquél y su origen/función/destino, se sacaron de la manga criterios de “cuota de género” y a última hora se buscó justificar lo que se ocultó aviesamente: las fallas. Es decir se actuó con omisión y mala fe. Se cayó exactamente en lo que tanto han criticado en otros.

No doctor Merino, la función pública está siempre expuesta al escrutinio, a la implacable mirada social y a ligeras opiniones que no siempre son gratas pero forman parte de la libertad de expresión y de la de prensa. Ya no está en otra charada –no debe serlo– de payasos verdes de envidia, con cubetazos de elogios mutuos y baños de pureza que no resisten el análisis de trayectoria. Ni la desfachatez de Edna Jaime Treviño, coordinadora de la Comisión, ni la del caradura de Sergio López Ayllón (patrón de Merino en el Centro de Investigación y Docencia Económicas) ofreciendo despreocupadamente “ahí pa’la próxima” mejorar el proceso de selección, bastan. Aquí se trata de responsabilidades de Estado: queridas, buscadas y aceptadas.

De ahí que Edna Jaime T. de “México evalúa” –que evaluó superlativa a Jacqueline Peschard Mariscal, ya enquistada en la Comisión de Participación Ciudadana del SNA, presidiéndola sin autoridad moral tras haber sido impuesta a presidir el IFAI por Calderón, violando limitantes legales, igual que haría luego el flojonazo Gerardo Laveaga–; María Elena Morera Mitre de Galindo, ajonjolí del activismo –“Causa en común A.C.”, “México unido contra la delincuencia”, “Mexicanos primero” y lo que se acumule– y Sergio López A. –flamante director del CIDE, madriguera de Carlos Elizondo Mayer Serra; Cinthya Patricia Cantero, presidenta del Instituto de Transparencia jalisciense, Pedro Salazar Ugarte del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, y José Luis Juan Caballero, jefe del Dpto. de Derecho de la Universidad Iberoamericana –de la cual Vicente Fox Quesada egresó en 1964 tan desnudo de luces que para licenciarse en Administración de Empresas, presentó 35 años luego y como tesis suya ¡el Plan Básico de Gobierno 1995-2000 del Estado de Guanajuato! que nadie cree elaboró aunque –qué curioso– nadie se lo reprochó, deban comparecer ante el Senado que los nombró para ofrecer explicaciones.

Así, ese reclamo al centenario rotativo que se atrevió a develar la contradicción en que pilló a colegas de don Mauricio no se sostiene ¿Quiere el doctor Merino “2 pesas y 2 medidas”? ¿No es contra eso que se crea el Sistema Nacional Anticorrupción? ¿Desea que a las calladas se justifique a la sociedad civil –representada o suplantada en, y por, el comité de Selección– hacer trampa un ¿poquito? “porque las decisiones del SNA las tomarán otros”, autoridades (salas nuevas del Tribunal Superior de Justicia Administrativa, el Fiscal Anticorrupción, la Sría. de la Función Pública, los Sistemas Estatales Anticorrupción, el Consejo de la Judicatura del Poder Judicial de la Federación, la Auditoría Superior de la Federación y el Instituto Nacional de Acceso a la Información) equivale a escurrir el bulto, a endosar a otros las responsabilidades que se exigió como propias, aunque tal signifique precisamente que “México siga revolcándose en el lodo”?

*Artículo publicado con la autorización del autor, colaborador del periódico Por Esto!; léase también en este medio

Las declaraciones y opiniones expresadas en este artículo son de exclusiva responsabilidad de su autor y no representan necesariamente el punto de vista del Diario Arte y Cultura en Rebeldía; en este espacio, ejercemos la Libre Expresión

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