Hágase güey o la Justicia en el buey mi compadre | Jorge Lara Rivera

Curioso, ¿no? que la supremamente decepcionante corte de injusticia del país –cabeza de la hidra que es el Poder Judicial federal– resuelva que los magistrados y jueces de la CDMEX tengan que hacer versiones públicas informando a la sociedad de sus 3de3 (declaraciones fiscal, patrimonial y de conflicto de interés) cuando ella misma se ha negado a hacer lo propio y siempre rehúye participar de ningún “recorte” –como sí se ha exigido al Ejecutivo y Legislativo– a sus onerosos privilegios y ha hecho de su actuar un régimen de excepción que la exenta de explicar su opacidad y falta de rendición de cuentas cosméticamente cumplidas con el ritual del informe de quien por turno la presida. Parece la actualización del conocido apotegma “hágase la Justicia en el buey de mi compadre”.

El viscoso tema remite –inevitable– al material proporcionado por la actriz Karina Gidi, integrante de la organización nacional anticorrupción ONEA, circulante en las redes que exhibe los abusos de esa refractaria forma oligárquica mexicana que constituye el menos democrático y más opaco de los Poderes de la República, donde el sueldo de 483 mil pesos al mes que percibe cualquier Ministro de la Suprema Corte, es el más alto del mundo, 93% mayor que el de sus pares norteamericanos; y que pese a la ley que estipula que ningún sueldo de funcionario debe superar el del Presidente de la República, con un “artículo Transitorio” salvaguardó su privilegio, al margen de tal limitación, sin que ni su actuar probo, ni eficiencia lo justifiquen.

Igual que cuando, en 1995, su pleno pasó de 21 a 11 ministros, los que salieron –por sólo 9 meses en el cargo– se otorgaron pensiones vitalicias de más de 250 mil pesos mensuales, disponen de 2 asistentes y un auto oficial con cargo al erario, y disfrutan “gastos de representación” que en otras esferas de gobierno desaparecieron o menguaron sustancialmente. Y que pese a esa abundancia ha dado muestras de miseria moral y humana en alguno de sus ex ministros presidentes, negando pensión alimentaria a sus hijos nacidos con requerimientos especiales. Más espeso y paradójico cuando por el “Estudio sobre Redes Familiares y Clientelares en el Consejo de la Judicatura Federal”, al que tuvo acceso Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad 112 jueces federales y magistrados de circuito emplean a sus esposas o parejas, 180 a sus hijos, 136 a sus hermanos y 27 a sus padres e incluso a yernos, concuños, sobrinos, tíos y suegras; en un más que abusivo ejercicio de la facultad que el Artículo 97º Constitucional otorga a jueces y magistrados para nombrar y remover a funcionarios y empleados. Peor: tal auge népota no se restringe a ellos pues numerosos secretarios, actuarios, oficiales y administrativos han conseguido puestos para familiares sea en el mismo juzgado o en otros, sin que por ellos se haya desprendido consecuencia ni responsabilidad alguna a su cargo. Así, el reporte que abarca de enero de 2016 a enero de 2017, 7 mil 148 servidores públicos del opaco Poder Judicial trabajan entre parientes. Qué siniestro –¿verdad?– se torna así el significado de que “el buen juez por su casa empieza”…y ya no para.

*Artículo publicado con la autorización del autor, colaborador del periódico Por Esto!; léase también en este medio

Las declaraciones y opiniones expresadas en este artículo son de exclusiva responsabilidad de su autor y no representan necesariamente el punto de vista del Diario Arte y Cultura en Rebeldía; en este espacio, ejercemos la Libre Expresión

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