¿Se puede acabar con la corrupción? | Ricardo Monreal Ávila

Esta es la pregunta del día, sobre todo a partir de que nos enteramos que 14 gobernadores y ex gobernadores se encuentran señalados, indiciados o procesador por actos de corrupción.

Hay quien dice que la corrupción es endémica y característica sustancial de las y los mexicanos.

Nada más falso. El hecho de que un grupo de políticos notables se haya corrompido no significa que toda la población sea también corrupta. Es la interpretación antropológica más difundida por quienes piensan que la corrupción la llevamos en los genes de la raza mexica.

Una derivación de esta posición es que la corrupción no es antropoétnica, sino es un asunto cultural. Forma parte de nuestra idiosincrasia y nuestras relaciones sociales. Preferimos ofrecer una mordida al de tránsito para no perder el tiempo, que pagar la multa y realizar los trámites correspondientes.

Esta posición también es falsa. Que algunos ciudadanos actúen de esa forma por utilitarismo o conveniencia personal, no significa que sea el comportamiento normal en el resto de la sociedad.

El hecho es que la corrupción que permea al Estado y a amplios grupos de la sociedad ya está causando estragos al país. De entrada, el costo económico. Se estima en puntos del PIB el costo de la corrupción. De 5 a 10 puntos del PIB, según el ángulo que se considere.

El llamado riesgo-país también se ha visto impactado. México está considerado entre los países más corruptos del planeta y esto impide que lleguen nuevas inversiones o se amplíen las existentes. Implica también que menos países nos consideren aliados, socios o vecinos confiables.

Pero el daño más importante es en el interior del país: la desconfianza y la degradación de nuestras relaciones sociales. Desde las más inmediatas, como la familia, hasta las más productivas como las laborales, todo se ve carcomido por la desconfianza, la incertidumbre y el malestar que produce la corrupción.

El tema ha estado presente desde la época de la Colonia, por lo menos. La corrupción servía lo mismo para evadir que para integrarse a las nuevas formas de dominación política y de legitimidad social que impuso la Conquista española a los pueblos indígenas originarios.

También era producto de una forma muy primaria de ver los asuntos públicos como una extensión de los asuntos privados o familiares. El patrimonialismo y el nepotismo eran formas de relacionarse en un mundo que apenas entraba a la modernidad, donde la separación entre lo público y lo privado era muy elemental.

Sin embargo, no hay mal que dure cien años ni pueblo que lo aguante. Y en este sentido, la corrupción parece haber encontrado su punto de inflexión en estos últimos años, gracias, entre otros factores, a una sociedad más escolarizada, más consciente de sus derechos ciudadanos y a una sociedad civil más activa, vigilante y crítica.

De todas formas, es importante considerar cuáles han sido las medidas que se han tomado en los últimos años para enfrentar este cáncer social, para reforzar lo que es útil y desechar lo que no ha funcionado. Aquí un recuento de los últimos 35 años.

En 1982, Miguel de la Madrid anunció la primera política pública contra la corrupción. El programa “renovación moral de la sociedad” creaba la primera Secretaría de la Contraloría de la Federación, la primera ley de responsabilidades de servidores públicos y la figura delictiva de “enriquecimiento inexplicable”.
Gracias a esta red institucional cayeron los primeros peces gordos: Jorge Díaz Serrano, exdirector de Pemex, y el tristemente célebre Arturo Durazo Moreno.

Todo este entramado quedaría rebasado, estancado y neutralizado en el sexenio de Carlos Salinas. La corrupción rebasó cualquier leyenda urbana de la época. “Se robó la partida secreta” revelaría años después Luis Téllez Kuenzler. Mientras que la privatización de empresas y bienes públicos se convirtió en la fuente brotante de la corrupción. De esa época datan fortunas personales de empresarios y ex servidores públicos que aún se pasean tan campantes.
Ernesto Zedillo centró su lucha contra la corrupción en dos frentes: por el lado político, la persecución de Carlos Salinas y la aprehensión de su hermano Raúl; por el lado institucional, la reforma judicial para fortalecer y profesionalizar el llamado “gobierno de los jueces”.

El primer gobierno de la alternancia presidencial, el de Vicente Fox, impulsó el IFAI (hoy INAI), pero sólo transparentó la corrupción, no la combatió, como lo evidenció el entramado de negocios familiares que impulsaron tanto los hermanos del hoy ex presidente como la familia de la señora Sahagún.

La corrupción en tiempos de Felipe Calderón fue una combinación de López Portillo y Carlos Salinas; es decir, un manejo patrimonial del presupuesto federal y concesiones privilegiadas a particulares. De lo primero, son muestra clara Oceanografía y la estela de luz. De lo segundo, las concesiones en materia energética (gas y luz) a empresas españolas y a la brasileña Odebrecht, cuyos sobornos millonarios empezaron durante ese gobierno.

Sin embargo, es en la actual administración donde el tema de la corrupción se salió de cauce o de madre. La ciudadanía lo percibe como el principal problema de su comunidad, de su estado y del país, por encima de la inseguridad y el desempleo. De hecho, es ya el telón de fondo de la próxima sucesión presidencial, donde la ciudadanía estará atenta a los antecedentes y propuestas de los candidatos en esta materia.

El hecho de que 12 ex gobernadores se encuentren actualmente en capilla o indiciados por hechos de corrupción, es otro factor que alimenta esa percepción colectiva.

Han transcurrido 35 años de reformas institucionales y legales para detener la corrupción y ésta no cesa. El último esfuerzo es el Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), cuyo fiscal ni siquiera ha podido ser nombrado.

Creo que a todos esos esfuerzos les ha faltado medidas más fuertes para enfrentar este cáncer social. Por ejemplo, hace falta una buena dosis de participación ciudadana en la prevención del fenómeno, como es un sistema fuerte de contralores ciudadanos, el juicio de residencia para las autoridades que concluyan su cargo, y la figura de revocación de mandato. También correctivos más severos como la pérdida ipso facto del fuero en casos probados de corrupción y la confiscación de bienes y cuentas de los recursos mal habidos, para resarcir el daño al erario público.
Como se aprecia, el camino aún es largo y tedioso, pero no imposible.

FUENTE: DIARIO POR ESTO!

ENLACE: http://bit.ly/2oZjcSE

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