El norte de México: la internacionalización de los conflictos indígenas | Marcos Matías Alonso

El día 7 de abril tuve el honor de acompañar en Caborca, Sonora, a Jaime Martínez Veloz (JMV), Comisionado para el Diálogo con los Pueblos Indígenas de México (CDPIM). Este municipio es considerado la capital del desierto de Sonora y su franja fronteriza, con más de más de 600 kilómetros cuadrados de la tierra árida de México, colinda con Arizona. Desde la percepción del nuevo gobernante de EE.UU, Caborca es una de las puertas principales para el trasiego de drogas entre aquel país y México. Este es el principal argumento de Donald Trump para construir el muro fronterizo. No importa avasallar cultura, tradiciones y costumbres centenarias de pueblos O’odham asentados en territorio fronterizo de ambas naciones. Para Trump, en esta franja de la frontera norte sólo hay “bad hombres” e inmigrantes malos y criminales.

A mediodía del viernes 7 de abril, llegamos al Ayuntamiento Municipal de Caborca. A esa hora estaba vacío y parecía un inmueble abandonado. La Sra. Karina García Gutiérrez, presidente municipal de esa alcaldía, no brindó ninguna cortesía política al Comisionado de la Secretaría de Gobernación. En cambio, con beneplácito, fuimos recibidos por la Sra. Alicia Chuhuhua, integrante del Consejo Supremo de los Tohono O’odham; por Gemma G. Martínez Pino, Regidora Étnica en el Ayuntamiento Municipal de Caborca y gran parte de las autoridades tradicionales del municipio.

Después de las congratulaciones recíprocas, JMV informó que, ese mismo día, la petición y la denuncia del pueblo Tohono O’odham ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), de la Organización de los Estados Americanos (OEA), habían sido entregados para su análisis correspondiente. Con el folio de petición CIDH/0000037679 ha iniciado el expediente, cuyo contenido se refiere a:

Primero: La Sra. Alicia Chuhuhua y Gemma G. Martínez Pino, en su carácter de representantes de la comunidad indígena Tohono O’odham, interponen denuncia contra el gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica, por violación a los derechos humanos consagrados en la Convención Americana de Derechos Humanos, a las disposiciones de la Declaración Americana sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, a la normatividad de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y otros tratados internacionales que protegen los derechos de los pueblos indígenas.

Segundo: El pueblo y las autoridades Tohono O’odham se oponen a la implementación de la orden ejecutiva del 25 de enero del 2017, suscrita por Donald J Trump, presidente de los Estados Unidos de Norteamérica, con el propósito de construir un muro fronterizo que separará a los pueblos y comunidades Tohono O’odham, asentados históricamente tanto en Arizona (EE.UU), como en Caborca, Sonora (México).

Tercero: Los O’odham enfatizan que, “…nosotros somos los hombres del desierto. Nuestro territorio se dividió a raíz de la instauración de la frontera internacional…, vivimos en uno y otro lado de la frontera…, algunas de nuestras familias se desplazan por temporadas de Sonora a Arizona, también se da el desplazamiento inverso…, en ambos lados tenemos sitios sagrados…” y en ambos países practican rituales tradicionales.

Cuarto: Reiteran que la “…la construcción de un muro fronterizo entre México y EE.UU afectará nuestras relaciones culturales y económicas”. “Nosotros somos desde antes de que existieran las naciones de México y Estados Unidos…”. La tribu O’odham manifiesta que no permitirá que construyan muros y que seguirán cruzando libremente la frontera.

Con las consideraciones anteriores, la CDPIM de la Secretaría de Gobernación, en coordinación con las autoridades tradicionales de la tribu Tohono O’odham, han entregado la denuncia de petición ante la CIDH (0000037679). El cumplimiento del artículo 36 de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, es uno de sus principales sustentos en la petición ante la CIDH. Cito textual:

“Los pueblos indígenas, en particular los que están divididos por fronteras internacionales, tienen derecho a mantener y desarrollar los contactos, las relaciones y la cooperación, incluidas las actividades de carácter espiritual, cultural, político, económico y social, con sus propios miembros, así como otros pueblos, a través de las fronteras”.

El artículo XX de la Declaración Americana sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas es casi textual al párrafo del artículo anterior; sin embargo, enfatiza que los pueblos indígenas “…que están divididos por fronteras internacionales, tienen derecho a transitar…, con sus miembros y con otros pueblos”. Este mismo artículo destaca:

“Los pueblos indígenas tienen el derecho a reunirse en sus sitios y espacios sagrados y ceremoniales. Para tal fin, tendrán libre acceso, y uso de los mismos”.

Esta es una de las demandas primordiales de los pueblos y comunidades O’odham: libertad de tránsito a sus sitios sagrados y espacios ceremoniales que se encuentran localizados en ambos países.

Esta es una de las demandas primordiales de los pueblos y comunidades O’odham: libertad de tránsito a sus sitios sagrados y espacios ceremoniales que se encuentran localizados en ambos países.

Por la tarde del mismo viernes, en Caborca nos reunimos con Kyn J. María, uno de los principales Jefes de la “Ceremonia de la Sal” y José Martín García, Gobernador de los O’odham, tanto de los que se encuentran en el lado mexicano como en la parte de Norteamérica. Kyn nos explicó la tradición milenaria de la caminata de los O’odham. En sus ceremonias espirituales recorren grandes distancias para visitar los espacios sagrados de sus ancestros, sin importar las fronteras que impusieron los Estados Nacionales.

Los pueblos indígenas del norte del país han iniciado la defensa de sus derechos en la esfera internacional. Esta demanda ante la CIDH en contra de la construcción del muro fronterizo, expresa la disputa que sostiene el Gobierno mexicano en contra del presidente de los EE.UU. En el tiempo próximo conoceremos el desenlace de los intereses de los pueblos indígenas y la que sustentan los mandatarios de ambas naciones.

En el mismo contexto de la gira de trabajo con JMV, el 8 de abril, en Hermosillo, sostuvimos reunión con las Autoridades Tradicionales de la Tribu Yaqui. Al igual que en otras regiones indígenas del mundo, los Yaquis han iniciado una lucha en contra de la empresa Gasoducto de Agua Prieta, en acción conjunta con las empresas GDI y SICIM, quienes son filiales en la intromisión de los megaproyectos en diversas regiones indígenas del norte de México.

El domingo 9 de abril, en la gira de Hermosillo, sostuvimos nuestra última reunión de trabajo con el amigo Ernesto Argüelles, quien nos explicó el contexto de las múltiples protestas en contra del Gasoducto de Agua Prieta, y cómo dicha resistencia es parte de una estrategia de lucha integral del pueblo Yaqui, en contra de las agresiones del Estado mexicano que durante décadas han socavado la tierra, el territorio y diversos recursos estratégicos que se encuentran en las Tribus Yaquis de Vicam, Potam, Torim, Ráhum, Huirivis, Bácum, Cócorit y Belem, en el estado de Sonora.

El amigo E. Argüelles, resaltó el trabajo pionero que realizó Octaviano Jécari, ex Gobernador Yaqui (qepd), quien encabezó distintas etapas en la lucha de su pueblo: “…tanto en trincheras nacionales como internacionales. En ningún momento bajó la guardia. Siempre a la vanguardia de la lucha de los pueblos indios”. O. Jécari abrió camino para colocar el tema de la Tribu Yaqui en las Naciones Unidas y en la OEA.

En el contexto anterior, E. Argüelles nos explicó acerca de la nueva etapa de lucha internacional que han iniciado las autoridades tradicionales de la Tribu Yaqui. Nos informó que la CIDH, en su 155 período de sesiones del 28 de julio del 2015, aprobó el “Informe N° 48-15 Petición 79-06. Informe de Admisibilidad. Pueblo Yaqui”.

Después de una minuciosa revisión a la petición de justicia de la Tribu Yaqui, la CIDH

“nota que el alegato principal de los peticionarios gira en torno a las presuntas expropiaciones, efectuadas mediante el Decreto Zedillo de 1997…, los peticionarios realizan reclamos respecto al reconocimiento parcial y falta de demarcación, delimitación y titulación del territorio ancestral, la inexistencia de un marco legal adecuado para satisfacer los derechos de los pueblos indígenas; el despojo y falta de acceso a las aguas pertenecientes al territorio Yaqui y el otorgamiento de concesiones y autorización para proyectos de infraestructura sin consulta previa”.

Un segundo bloque de peticiones de la Tribu Yaqui, se refieren al uso indiscriminado de agrotóxicos, que ha puesto en alto riesgo la salud de sus habitantes.

“…la CIDH considera que los alegatos sobre las supuestas muertes y/o graves afectaciones a la salud de las presuntas víctimas como consecuencia de acciones y omisiones estatales frente a la contaminación ambiental, en particular de niños y niñas, podría caracterizar violaciones a los derechos reconocidos en la Convención Americana…”.

Será una batalla de largo aliento. Quizá una nueva generación de líderes yaquis serán quienes culminen la lucha que iniciaron sus antecesores

La Petición 79-06 Pueblo Yaqui de la CIDH se encuentra en proceso de revisión para su dictamen correspondiente. En el futuro próximo se entrecruzarán varios intereses durante la fase de consultas técnicas, se explorarán soluciones amistosas y se cotejarán múltiples fuentes documentales. El Estado mexicano cooptará a líderes yaquis y sembrará la división en su territorio. La aplicación de nuevos instrumentos jurídicos internacionales complementará la defensa jurídica. Será una batalla de largo aliento. Quizá una nueva generación de líderes yaquis serán quienes culminen la lucha que iniciaron sus antecesores.

Nuestra corta estancia en el norte indígena de México nos ilustró con dos experiencias paradógicas: mientras con los O’odham de Caborca, el Gobierno mexicano, a través de la CDPIM, alienta una gestión jurídica ante la CIDH (0000037679), en el caso de la Tribu Yaqui (Informe N° 48-15 Petición 79-06), es el Estado mexicano a quién se le exige hacer justicia para los pueblos indígenas de Sonora. En ambos casos, muestran el agotamiento de la instancia nacional y se acude cada vez más a los tribunales internacionales para proteger los justos reclamos de los pueblos indígenas. La internacionalización de los conflictos indígenas tiende a subir gradualmente.


*Marcos Matías Alonso es investigador y titular del CIESAS. Correo electrónico: marcos104@tmail.com

FUENTE: SERVINDI

ENLACE: http://bit.ly/2pDxNjL

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