¿«Democrata» o demócrata, sin o con acento? Entre los dislates y las barbaridades | Héctor Cobá

Los democráticos Laura Fernández Piña (con promesas de campaña incumplidas), Manuel Alexander “Kid Chanclas” Zetina Aguiluz y Rembertito Estrada, son los tres presidentes municipales descartados para la reelección en este 2018, poco les duró el pastelito; para nada abonan a su favor los indiscriminados aumentos en el cobro del predial a los hoteleros, en Puerto Morelos y Bacalar, del 100 y 300 por ciento. Y en el caso del tercero, el enorme derroche de venta de su imagen de las labores correspondientes a su cargo, mal ganado, en Benito Juárez, y la renta de vehículos en lugar de comprarlos, cuando ese dinero debe usarse en favor de los habitantes de las zonas paupérrimas del municipio.

Debilidad visual y violación de la ley

Puede ser, puede ser que Alejandra Aguirre Crespo, titular de la Secretaría de Salud de Quintana Roo desconozca de voz de sus subalternos el déficit visual en el municipio Benito Juárez, de la Dirección de Tránsito Municipal, de la Secretaria Municipal de Seguridad Pública y Tránsito; de la Dirección de Transporte y Vialidad del Ayuntamiento de Benito Juárez, así como de la delegación de la Dirección de Comunicaciones y Transportes de la Secretaría de Infraestructura y Transformación (Sintra); Juan Jesús Lezama González. El fenómeno es posible verlo en las mañanas y tardes, en horarios específicos, en las camionetas, combi y autobuses llenos de personas paradas. La responsabilidad de supervisar no se den tales hechos ¿de quién es? ¿De Alejandro Ramos Hernández, responsable quintanarroense de la Dirección de Comunicaciones y Transportes; del responsable de la Secretaría de Infraestructura y Transformación (Sintra), de Jorge Portilla Manica; del responsable de Tránsito de la Secretaría Municipal de Seguridad Pública y Tránsito, Martín Guadalupe Estrada Sánchez, encargado de la Dirección de Tránsito, o de Raymundo López Martínez, director de Transporte y Vialidad del Ayuntamiento de Benito Juárez. Siendo pesimistas del lado ¿de la Secretaría de Salud de Quintana Roo? Si es así, quien debe preocuparse por estos directivos y sus subordinados es Aguirre Crespo, ya que si no hay dinero para un tratamiento contra el déficit o debilidad visual o la compra de lentes con aumento para ver mejor. Hay que aprovechar, al menos, el rechazo de Donald Trump contra los productos mexicanos, y comprar las toneladas necesarias de zanahoria para combatir esos males imperantes.

Lo anterior por un lado, pero por el otro empleados de las delegaciones de la Dirección de Comunicaciones y Transportes de la Secretaría de Infraestructura y Transformación (Sintra) de Isla Mujeres, Benito Juárez y Solidaridad, en específico en Puerto Aventuras; en Tulum, en la comunidad de Akumal, detienen de manera ilegal las unidades de motocarros que prestan el servicio de mototaxis. Actividad que no está incluida en la Ley de Tránsito, Transporte y Explotación de Vías y Carreteras en el Estado y tampoco la prohíbe.

Ley, cuya reforma se durmió y ronca fuerte con Fernando Levin “Chino” Zelaya Espinoza, presidente de la Comisión de Comunicaciones y Transportes de la XV Legislatura del estado de Quintana Roo, a pesar de la propuesta de modificación del artículo 52 de la referida ley que no incluye la prohibición de mototaxis, y sí favorece a los servicios de taxis, en sus modalidades taxi de sitio, servicio de ruletero y servicio de taxi colectivo, más los servicios de transporte en combi, camionetas Van y microbús. Evidencia a todas luces de un acaparamiento que se puede combatir con el servicio de transporte de alquiler de mototaxis, inevitable fuente de empleo, transportando máximo hasta tres usuarios por unidad.

Que recuerden estos funcionarios públicos que ellos son empleados de los quintanarroenses, estos son sus patrones, y el gerente sexenal es el gobernador, quien al momento del nombramiento les recalcó que “espera resultados, que sirvan no que se sirvan”, en tanto personal de Sintra detiene y detiene mototaxis perjudicando a los trabajadores que viven de esa labor, a pesar de las firmas de comportarse con legalidad y transparencia, olvidando la frase de oro, espetada en la presentación del PED: “Los ciudadanos pueden hacer todo lo que no esté prohibido por ley”.

Como el diputado local por el distrito XIV, Zelaya Espinoza, tiene su corazoncito que late sin mecate por la presidencia municipal de Othón Pompeyo Blanco, donde todavía no termina de sentarse bien Luis Alfonso Torres Llanes, actual presidente municipal del lugar. Lo que distrae su quehacer legislativo, desobedeciendo la línea de dedicarse de lleno a sus obligaciones. ¡Claro, el poder legislativo es autónomo!

Mientras tanto en Puerto Morelos, doña Laura Fernández Piña asegura que en su municipio no habrá ni existirá el servicio de mototaxis, ¿y el derecho al trabajo honesto, estipulado por la recién cumpleañera hace pocos días y centenaria Constitución de los Estados Unidos Mexicanos, y el derecho a la libre competencia económica?

Las rentas de un trienio a otro

La verdad Lampedusa tenía razón con el gatopardismo, y en Quintana Roo no se cantan mal las caribeñas, donde sobresale: “cambiar todo para que las cosas sigan iguales”. En ese tenor unas pluma dejó caer a Del torvo morral un pajarote, de mal agüero. La renta de patrullas y otros vehículos no es algo nuevo en este sexenio rembertitista, si no desde el anterior con el diligente Paul Carrillo al frente. La renta de vehículos, por supuesto que tuvo destinatarios directos, los amigos del amigo, quienes se apresuraron a comprar vehículos para arrendarlos al ayuntamiento benitojuarense. Sólo es necesaria una buceada en las cuentas en la dependencia de servicios públicos, la policía municipal y otras instancias públicas municipales. Gracias Giuseppe Tomasi di Lampedusa por recordar que los ritos del año 1896 son vigentes y gozan de cabal salud, en este siglo 21, en este año 2017: “Cambiar todo para que las cosas sigan iguales”.

Va el detalle: La culpa repartida entre Paul Carrillo y Estrada Barba debe ser castigada con base en la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos (LRSP) del Estado de Quintana Roo, quien, el segundo, con este numerito, mejor escrito muchos números$$$$$$$$$$$ la cochinada está presente.

Los trabajadores son llevados y traídos de la dizque dirección de Municipal de Obras y Servicios Públicos porque ésta no llega ni a secretaría, ganando dinero(s) extra(s), y a pesar de esto a los trabajadores los regresan a su centro de trabajo, en la esquina de la avenida Miguel Hidalgo y la prolongación Tulum, en camionetas de tres toneladas, en el vil rayo del sol, esto tiene más de 15 años que es así, mientras el camión de transporte de personal permanece estacionado, en el encierro por el estadio Cancún 86 junto a las unidades 60 y 4, subraya una fuente bien informada.

Existe el mal uso de los 18 vehículos arrendados a cargo de la de la Dirección de Áreas Jardinadas de Servicios Municipales, de los cuales están disponibles sólo ocho para uso del personal de limpieza, y el resto de las unidades sirve para el uso de personal de allegados a los directores.

Se erogan unos 100 mil pesos al mes, ya que trabajan dos turnos, el costo aproximado por turno es de mil 500 pesos, y por renta son de 3 mil a 4 mil  pesos los vehículos-día.

Otra irregularidad, varios choferes fueron removidos y reubicados para realizar labores en los jardines de la ciudad, en tanto que algunas autos los rentaron con chofer o instalaron a alguien nuevo.

Con el pretexto que no hay presupuesto en el municipio de 10, reina la ausencia de herramienta y equipo de trabajo como: bieldos, escobas, machetes, piedras afiladoras, guantes y desbrozadoras.

Aunque hay vehículos útiles con detalles menores sin reparar, el más caro costaría unos 64 mil pesos, y el más barato, por sólo una bomba de gasolina, 2 mil 700 pesos aproximadamente; y eso que la mayoría de las unidades rentadas van a los talleres municipales de la supermanzana 62.

Si todo es cierto más lo que sigue, quien debe aclarar es el responsable de la instancia aludida debido a que otra acusación es la de que en la administración anterior llegaron 300 impermeables para los trabajadores y sólo se entregaron 50, ¿y los otros?

Hay un nombre, un tal Cheyo Towers, jefazo de las “áreas jardinadas”, lo que sea esto; él utiliza un promedio de 20 trabajadores, mujeres y hombres a sueldo del municipio para su negocio de tilapia detrás de la bloquera ABC, allá por la salida de la ciudad hacia Mérida.

Incluso en los primeros día de diciembre del año pasado, el 2016, se utilizaron camiones de jardinería para el reparto de muebles adquiridos en FAMSA. Usando un automotor oficial, empleados municipales y el diésel correspondiente, para entregar a domicilios desconocidos, sin conocerse aún los motivos para tal acción y derroche de recursos públicos.

Mientras son arándanos o pasitas, a los responsables se les debe aplicar la LRSP, el Título Tercero Responsabilidad Administrativa, cuyo capítulo I Obligaciones de los Servidores Públicos en su artículo 47, indica: Para salvaguardar la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que deban ser observadas en el servicio público, independientemente de las obligaciones específicas que correspondan al empleo, cargo o comisión, todo servidor público, sin perjuicio de sus derechos laborales, tendrá las siguientes obligaciones de carácter general:

I.- Cumplir con la máxima diligencia el servicio que le sea encomendado y abstenerse de cualquier acto u omisión que cause la suspensión o deficiencia de dicho servicio o implique abuso o ejercicio indebido de su empleo, cargo o comisión;

III.- Utilizar los recursos que tenga asignados para el desempeño de su empleo, cargo o comisión, las facultades que le sean atribuidas o la información reservada a que tenga acceso por su función, exclusivamente para los fines a que estén afectos;

XIV.- Excusarse de intervenir en cualquier forma en la atención, tramitación o resolución de asuntos en los que tenga interés personal, familiar o de negocios, incluyendo aquellos de los que pueda resultar algún beneficio para él, su cónyuge, parientes civiles o por afinidad y/o consanguíneos hasta el cuarto grado, e incluso, para terceros con los que tenga relaciones profesionales, laborales o de negocios, o para socios o sociedades de las que el servidor público o las personas antes referidas formen o hayan formado parte.

Por otra parte el artículo 48, marca: Se incurre en responsabilidad administrativa por el incumplimiento de cualesquiera de las obligaciones a que se refiere el artículo anterior, dando lugar a la instrucción del procedimiento administrativo ante los órganos disciplinarios y a la aplicación de las sanciones que en esta Ley se consignan, atendiendo a la naturaleza de la obligación de que se transgreda.

¡Toma papá, aún hay más! El capítulo III Procedimiento Administrativo y Sanciones, reza en el artículo 57: Los servidores públicos que incurran en responsabilidad por incumplimiento de las obligaciones establecidas en esta Ley, serán sancionados según corresponda, por las autoridades que señala el artículo 52, con:

I.- Apercibimiento privado o público; II.- Amonestación privada o pública; III.- Suspensión en el puesto, cargo o comisión; IV.- Destitución en el puesto, cargo o comisión; V.- Sanción económica, e VI.- Inhabilitación para desempeñar algún puesto, cargo o comisión en el servicio público.

De que los responsables deben recibir castigo, hay que imponerlo.

 

Del estado al “Estado”

Las palabras sin acento, mal usadas o escritas con puras mayúsculas son una realidad en documentos oficiales, desoyendo con furia la recomendación de la Real Academia Española del equilibrado uso de las mayúsculas y minúsculas en un escrito.

Vocablos escritos de manera pésima como “democrata” sin acento en lugar de demócrata con acento, o utilizar estado de manera equivocada: “Estado”, deja indefensos a los ejecutivos, cuyos empleados desconocen las mínimas reglas de ortografía, rechazan el sentido común y la inteligencia.

Sin buscar echarle gasolina al fuego para apagarla, Del torvo morral no quiere imaginarse cómo será un primer informe de gobierno, municipal o estatal, lleno de gazapos con maestría y doctorado (de marketing, gobernanza, derecho, economía política, ciencia de la comunicación, contaduría pública, finanzas públicas, ciencias ocultas, diseño gráfico, acomodo de sillas con forro, y del tucho enmascarado), bien doctorados pero amantes sempiternos de las garrafales erratas tan sólo en un texto escrito de dos líneas.

Un cubo, de cartón, regalado a diestra y siniestra a los asistentes a la presentación del Plan Estatal de Desarrollo (PED), en la Universidad del Caribe, en Cancún, el pasado viernes 10 de febrero; es la evidencia del uso indiscriminado de mayúsculas donde no deben ir; del enorme yerro, del tamaño de tres catedrales, de escribir Estado en lugar de estado.

Según la edición 2005 del Diccionario Enciclopédico Larousse, nueva edición totalmente revisada y actualizada, indica que Estado es la “entidad política que preside los destinos colectivos de una sociedad y que ejerce por esta razón el poder legal”. Si hacemos caso a esta definición, existe la posibilidad que el personal de la Oficialía Mayor, de Ayudantía, de la coordinación de asesores o quien redacta los documentos y textos oficiales confunda Estado, con mayúscula, con gobierno del estado o gobierno estatal, cuyos amantes de gazapos “tropicalizaron” y “quintanarroizaron” el término.

Por otra parte el diccionario de la Real Academia Española (RAE), señala al Estado, este sí con mayúscula, como muestra tan sólo tres definiciones: “País soberano, reconocido como tal en el orden internacional, asentado en un territorio determinado y dotado de órganos de gobierno propios”; “Forma de organización política, dotada de poder soberano e independiente, que integra la población de un territorio”, “Conjunto de los poderes y órganos de gobierno de un país soberano”. Asesores de don Carlos Manuel Joaquín González, por favor, sigan el lineamiento de aprender, al menos, una palabra del diccionario al día. Estado en http://dle.rae.es/?id=GjqhajH.

Asimismo, el artículo tercero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que reforma la del 5 de febrero de 1857, señala que “Todo individuo tiene derecho a recibir educación. El Estado –federación, estados, Distrito Federal y municipios–, impartirá educación preescolar, primaria, secundaria y media superior. La educación preescolar, primaria y secundaria conforman la educación básica; ésta y la media superior serán obligatorias”. ¿Así o más claro?

Para no repetir esas ventas de mediocridad en medio de la innovación y el desarrollo, y ¿por qué no?, cumplir con la impronta sexenal: Más y mejores oportunidades para todos. Aquí entra la interesante labor de Rafael Quintanar González en el Instituto Estatal para la Educación de Jóvenes y Adultos de Quintana Roo. Institución dedicada a “alfabetizar…hacer uso de la lectura, la escritura y las operaciones aritméticas”, acción que el titular educativo pugna por llevar a todos los confines del territorio estatal. Labor que debe ser aprovechada por todos los empleados de la administración pública en el gobierno estatal y en los gobiernos municipales, ya que siempre habrá una oficina alfabetizadora cerca de su hogar.

Seguro los aludidos se sentirán  como el rey que iba súper bien vestido, según él, pero iba desnudo, para regocijo y carcajadas de los mirones y voyeuristas. Nunca está de más un poco de reeducación, de afecto a lo autodidacta, si no se puede, pues a entrarle a lo que propone Quintanar González.

Urge, no es necesario un análisis prolijo para darse cuenta de eso. Eso sí, hay que hacer a un lado, lejos, la insensibilidad y la indolencia.

CONTACTO DEL AUTOR: hectorcobacc@gmail.com

 

Las declaraciones y opiniones expresadas en este artículo son de exclusiva responsabilidad de su autor y no representan necesariamente el punto de vista del Diario Arte y Cultura en Rebeldía; en este espacio, ejercemos la Libre Expresión

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