¿Caracas? ¡No, México! | Ricardo Monreal Ávila

Las imágenes no son de Venezuela, Río de Janeiro, Namibia o Miramar, países donde la caída de los petroprecios en el último año ha provocado inestabilidad y violencia social.

Los saqueos de tiendas de autoservicio, bloqueos de autopistas y gasolineras cerradas son de México 2017, un país que acaba de aprobar una reforma energética (entre otras 10 reformas estructurales) que iba a abaratar las gasolinas, la luz y el gas a los consumidores, según la publicidad oficial.

Por supuesto que nada de eso aconteció, y el 1 de enero de 2017 el país amaneció con una cascada de aumentos en esos rubros de consumo popular y transversal. Las gasolinas 20% de incremento, el gas LP 18% y la luz eléctrica 10%.

Estos aumentos cayeron como bidón de gasolina sobre un valle de paja seca y de gas tóxico conformado por el hartazgo social que ha generado la corrupción, la inseguridad, el desempleo, la carestía de la vida y el acoso de un nuevo gobierno norteamericano que hizo del sentimiento contra México una rentable veta electoral, algo que no se veía desde el siglo XIX, con el presidente James K. Polk.

¿Qué fue lo que pasó? ¿Por qué estos aumentos a los energéticos que harán que todo suba, menos los sueldos y el ingreso familiar?

La verdad es que el gobierno del presidente Peña Nieto se enfrentó a un dilema poco cómodo. Atender el reclamo de los organismos y consultoras financieras internacionales que pedían un recorte drástico al gasto público corriente para evitar perder el grado de inversión, o transferir a los consumidores el recorte de los subsidios haciéndoles pagar más por los bienes y servicios públicos (gasolina, gas y luz).

El dilema era claro: perder el grado de inversión en los mercados internacionales o perder la confianza de los ciudadanos mexicanos. Todo indica que optó por lo segundo.

El reto en este momento de tensión social es no jalar más la liga, no tensar más la situación. Por un lado, evitar que se generalice un brote de descontento social en el país, y por el otro, evitar que el gobierno caiga en la tentación autoritaria de reprimir estas manifestaciones de descontento social. Ni la anarquía ni el autoritarismo son la salida a esta crisis de precios de combustibles que puede devenir en una crisis social y política mayor.

Lo más prudente en este momento es revisar el aumento a los combustibles. Es decir, bajarlos a un nivel menos lesivo para la economía popular; o en su defecto, decretar un aumento salarial de emergencia, del 15% por lo menos, para compensar los aumentos que vendrán en cascada.

Dirán que es populismo, pero lo otro. Dejar que la descomposición y la violencia social avancen, será más irresponsable. Sería un suicidio político. Perder el paso y el piso de lo que queda de pie.

Del populismo se puede salir pacíficamente adelante. Del abismo económico y la violencia social, no. En una democracia, tan importante es la estabilidad económica, como la estabilidad política y social.

Ahora bien, es necesario tomar en cuenta la historia reciente de los gasolinazos para saber cómo puede acabar este episodio.

Hace dos décadas que no había un gasolinazo de casi 20% (1997). Meses después de ese aumento, el PRI perdería por primera vez en su historia la mayoría en la Cámara de Diputados y tres años más tarde la Presidencia de la República.

Por supuesto no fue el único detonador de esa debacle. La megadevaluación de 1994, el aumento del IVA de 10 a 15%, el incremento en las tarifas eléctricas, los magnicidios de Colosio y Ruiz Massieu, la desaparición de la clase media y el surgimiento de 10 millones de nuevos pobres, entre otros factores, alimentaron ese resultado.

El PAN fue el usufructuario político de esos aumentos. Vicente Fox no recurrió a los gasolinazos porque vivió los años del auge petrolero. Con precios del crudo de exportación de hasta 110 dólares por barril y una plataforma de producción de cerca de 3 millones de barriles diarios, la primera presidencia panista prescindió de reformas fiscales y energéticas que implicaran algún costo político. Los excedentes petroleros de hasta 2 billones de pesos sirvieron entonces hasta para imponer a su sucesor, Felipe Calderón, así fuera por un 0.24% de margen.

En la segunda presidencia panista, las cosas cambiaron. Los excedentes petroleros empezaron a esfumarse, la plataforma petrolera decae y la crisis económica mundial de 2008-2009 produce depreciación del peso, desempleo y gasolinazos.

En el 2009, después de anunciar que no habría más gasolinazos (tal como lo hizo el actual gobierno en enero de 2015 y 2016), en el marco de elección federal intermedia, el gobierno de Calderón tiene que recular y empieza la tradición de los gasolinazos mensuales. De mes en mes, a lo largo de su sexenio, Felipe Calderón aumentó 106% el litro de diesel, 69% el litro de magna y 45% el litro de Premium.

A la mitad de su gestión, y con el gasolinazo de año nuevo, el gobierno de Peña Nieto ya registra los siguientes aumentos: 48% el litro de magna; 56% el litro de Premium y 56% el litro de diesel. Es probable que la actual administración, al concluir en 2018, registre menos gasolinazos que el gobierno de Calderón, pero la forma de hacerlo, en una sola exhibición y con un golpe de 20%, es lo que habrá de reportarle mayores costos que a su antecesor.

Es precipitado deducir consecuencias políticas infranqueables del nuevo gasolinazo, pero lo que es un hecho es que consolida la tendencia de dos indicadores que van de la mano desde septiembre de 2014: la baja en la aceptación gubernamental y la pérdida en la preferencia electoral del PRI.

Los beneficiarios inmediatos de esa minusvalía son AMLO, el PAN y los candidatos presidenciales independientes.

A López Obrador se le alinea la realidad al discurso, y hasta la victoria de Donald Trump le redituó puntos, al repuntar el nacionalismo mexicano y al perder el miedo a los candidatos «antisistema». Sólo hace falta que Morena se implante territorialmente en el país y se acerque a posiciones ideológicas y programáticas de centro.

El PAN tiene la mejor estructura de la oposición, pero aún no resuelve su candidatura presidencial y carga con el pasivo de haber promovido la reforma energética, hoy en el ojo de la ira ciudadana. Los independientes, por su parte, deberán superar su dispersión.

El otro gran factor político «antisistema» son las redes sociales. Han logrado lo que ningún partido ni movimiento opositor en dos décadas de gasolinazos: movilizar de manera espontánea en más de 11 estados a consumidores indignados. Apenas un preludio de la ola ciudadana que podrán levantar en la elección presidencial del 2018.

FUENTE: DIARIO POR ESTO!

ENLACE: http://www.poresto.net/ver_nota.php?zona=yucatan&idSeccion=22&idTitulo=530217

 

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