Autoritarismo frente al desastre en derechos humanos | Araceli Damián

Es indiscutible que las fuerzas armadas de México cometen violaciones graves a los derechos humanos, que incluyen cateos y detenciones arbitrarias; uso excesivo, desproporcionado y arbitrario de la fuerza; lesiones graves; trato cruel e inhumano; imputación indebida de hechos; privación de la vida; desapariciones forzadas, tortura y ejecuciones extrajudiciales.

La fallida «guerra» contra el narcotráfico, implantada por el panista, Felipe Calderón, y que su sucesor, el príista Enrique Peña Nieto ha mantenido ha sido ineficaz y cruenta, por lo que la posible aprobación de la ley que reglamenta el Art. 29 Constitucional, que da facultades al ejecutivo federal para decretar la suspensión de garantías despierta inquietudes fundadas. En estos momentos, al no contarse con esa ley, el involucramiento del Ejército y la Marina en tareas que corresponden a las policías, es decir a corporaciones civiles, está fuera de toda legalidad.

Lo riesgos de aprobarla radican en que las fuerzas armadas no están capacitadas para llevar a cabo acciones de seguridad pública, como se constata en los constantes señalamientos sobre violaciones graves a derechos humanos que cometen. Por ejemplo, en Tlatlaya, Estado de México (junio 2014), donde 22 personas fueron «abatidas» por el ejército, 11 de ellas con evidencia de haber sido fusiladas, según peritajes de la Procuraduría General de la República; en Ajuchitlán del Progreso, Guerrero gracias a un video se supo de una mujer torturada mediante la técnica de asfixia con bolsa de plástico, con la participación de elementos del ejército (febrero 2015), y en Aquila, Michoacán, el ejército disparó contra población desarmada, dando muerte a un menor e hiriendo a 10 personas (julio 2015), caso por el cual la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) emitió recientemente una recomendación.

Según un reporte de La Jornada (12 de diciembre de 2016), de diciembre de 2006 a octubre de 2016, la CNDH ha emitido 158 recomendaciones a las fuerzas armadas (121 a la Secretaria de la Defensa Nacional y 37 a la de Marina), de las cuales casi la mitad están reportadas como insatisfactoriamente cumplidas, no aceptadas o aceptadas con cumplimiento parcial; además, una decena no ha sido aceptada. En ese reporte se señala que la organización Efecto Útil (dedicada a monitorear la actuación de organismos públicos de defensa de derechos humanos), asegura que, de las denuncias presentadas ante la CNDH, menos del uno por ciento llega a constituirse en una recomendación, mientras el informe de Amnistía Internacional «Promesas en Papel, Impunidad diaria: La epidemia de la tortura en México», señala que la PGR recibió mil 165 denuncias en 2013 y dos mil 403 en 2014.

Tanto la ONU (Organización de las Naciones Unidas) como la CIDH (Comisión Interamericana de Derechos Humanos) han señalado que la mayoría de las violaciones a derechos humanos cometidas por las fuerzas armadas queda en la impunidad, ya que existe un deficiente sistema de impartición de justicia en todos los niveles, desde la forma como se llevan a cabo las investigaciones, hasta el papel que juegan los jueces.

Ante los reclamos del Secretario de la Defensa y el de la Marina, por no contar con la normatividad que regule su actuación como policías, Emilio Gamboa, líder del PRI en el Senado propuso un periodo extraordinario en enero para aprobar el dictamen de la ley reglamentaria al art. 29 de la Constitución que, como mencioné, permite suspender derechos y garantías constitucionales fundamentales (libertad de prensa, de asociación, de movilidad y a la privacidad), y en tales circunstancias da facultades a las fuerzas armadas para actuar con total impunidad.

El artículo 29 establece que:

«[en] los casos de invasión, perturbación grave de la paz pública, o de cualquier otro que ponga a la sociedad en grave peligro o conflicto, solamente el Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, con la aprobación del Congreso de la Unión o de la Comisión Permanente cuando aquel no estuviere reunido, podrá restringir o suspender en todo el país o en lugar determinado el ejercicio de los derechos y las garantías que fuesen obstáculo para hacer frente, rápida y fácilmente a la situación …»

El proyecto de ley aprobado en el Senado y en comisiones en la Cámara de Diputados, establece que la declaratoria puede ser solicitada por el Ejecutivo Federal al Congreso de la Unión cuando exista una «perturbación grave de la paz pública», definiendo a ésta como fenómeno social violento que ponga en peligro la estabilidad o seguridad del estado o su estructura social, política o económica. En las actuales circunstancias de violencia generalizada Enrique Peña Nieto podría decretar fácilmente la suspensión de garantías. Pero también lo podría hacer si la sociedad se organiza para protestar por las alzas a la gasolina, o bien si en el 2018 se vuelve a cometer un fraude electoral y la ciudadanía se manifiesta en contra de éste.

El proyecto no prevé candados para evitar que la suspensión de garantías se utilice con fines partidarios, ya que no especifica si se requiere mayoría simple (50% más uno) o calificada (dos tercios) para su aprobación en el Congreso de la Unión, por lo que queda sujeta a la primera opción. Considerando la composición partidista actual en ambas Cámaras, el PRI y sus partidos satélites (Verde, PANAL y PES) podrían aprobarle a Peña un periodo de excepción.

El proyecto no establece la temporalidad máxima en la que pueden suspenderse las garantías, y tampoco el número de veces que el ejecutivo puede solicitar la renovación del estado de excepción, por lo que puede mantenerse de manera indefinida. Tampoco se crean facultades para que el Congreso investigue el actuar del Ejecutivo; el proyecto sólo contempla la obligación de este último de dar informes mensuales sobre las acciones realizadas a los legisladores.

Existe un recurso de inconstitucionalidad que, por oficio, tiene que resolver la Suprema Corte, pero al quedar sujeto al artículo 105 de la Constitución, se requiere que ocho de los once magistrados considere inconstitucional la petición del presidente en turno, lo cual es un requisito muy elevado para frenar una medida que pone en riesgo la institucionalidad del país.

De esta forma, la mayoría en el Congreso y Peña Nieto pretenden «normalizar» la actuación de las fuerzas armadas en el país y controlar posibles manifestaciones sociales de inconformidad ante el desastre, no sólo en derechos humanos, sino en materia económica, política (incluidas las elecciones) y social.

FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS

ENLACE: http://aristeguinoticias.com/0301/mexico/autoritarismo-frente-al-desastre-en-derechos-humanos/

 

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