Puebla: legalidad y presos políticos | José Samuel Porras Rugerio

Como familia de conceptos, el matrimonio poder y política tiene dos hijos de plastilina: derecho y legalidad. Los problemas que enfrentamos como sociedad derivan de las acciones que emprenden las élites que encarnan el poder y la política para moldear el derecho y la legalidad como mecanismos de organización y conducción de la población.

Para comprender qué ocurre en Puebla lo aconsejable es preguntarle a los poblanos, revisar las noticias locales o, de plano, darse una vueltecita por la capital para informarse bien; de lo contrario, se corre el riesgo de ver rostros que se anuncian en revistas de alto precios, con cuyas portadas se hacen campañas políticas costosas, cuyo objetivo central es volvernos a ver la cara.

La alternancia de siglas en el Poder Ejecutivo que se nos pinta como virtud de la democracia ha servido para que los nuevos gobernantes profundicen políticas de Estado iniciadas, o dejadas inconclusas, por los anteriores para perpetuar un modelo de sociedad regido por el interés económico y el sistema político que lo garantiza.

Rafael Moreno Valle llegó al gobierno en 2011 denostando a quien le antecedió en el cargo para, al final, demostrar que un gobierno peor que el anterior era posible. Su obra al man-do del estado indica que posee más dotes de empresario de la construcción que de estadista. Como gobernante ha exhibido enorme desconocimiento de lo que significa estado de derecho y, por eso, se ha ganado a pulso los calificativos de prepotente y arbitrario. La gobernabilidad está basada en el sometimiento de los otros poderes: del Legislativo, según reciente denuncia pública de la diputada local Socorro Quezada, con base en cañonazos de cien mil pesos mensuales para conseguir la aprobación de todas sus iniciativas de ley; y del Judicial, mediante la imposición de un presidente incondicional en el Tribunal Superior de Justicia. Su facultad de iniciativa ha contribuido a encarecer o privatizar los servicios públicos, generar nuevas contribuciones, hacer transferencias de dinero público a manos privadas y crear instituciones que le aseguran poder político transexenal. Ha gobernado centrando su atención preferentemente en la capital, municipios conurbados y, últimamente, en San José Chiapa y aledaños por el asiento de la armadora Audi. Su sucesor ofrece ahora resarcir el descuido presupuestario sobre el resto de los municipios de la entidad. Al término de su gestión se irá él, pero no su equipo. Quedan gobernador, fiscal, auditor, presidentes de la comisión de derechos humanos, el organismo de acceso a la información, el instituto y el tribunal electorales, nuevos consejos de la judicatura y tribunal contencioso administrativo con magistrados designados por 15 años.

En efecto, ha transformado a Puebla, pero, para ser justos, no ha sido sólo con la construcción de puentes, calles, hospitales, museos, ciclovías o la instalación de la rueda de la fortuna, el teleférico y el tren turístico, cuya utilidad social es cuestionable considerando las enormes carencias, rezagos y desigualdades que enfrentamos socialmente. Detrás de estas obras presumidas como modelo y semblanza de gobierno se ocultan la enorme deuda provocada en las finanzas públicas; el despido de más de 15 mil burócratas; el desvencijamiento de las instituciones de procuración y administración de justicia, y la existencia de más de 250 casos de presos, procesados y perseguidos por motivos políticos.

El despojo de tierras que gobiernos anteriores hicieron a los campesinos para formar lo que se conoce como Reserva Territorial Atlixcáyotl, hoy es escenario de un desarrollo inmobiliario espectacular, tanto por su rapidez de crecimiento como por el monto de las inversiones; la sospecha de su origen recae en los sonados casos de los capos detenidos en esta ciudad. La cereza del pastel es la desgarradora descomposición social, el imparable crecimiento de la delincuencia, social y organizada, con su estela de fraudes, feminicidios, ejecuciones, secuestros, asaltos, robo en ductos, trata de personas, etcétera.

En este panorama sombrío, que refleja una forma de gobernar, el problema de la legalidad adquiere vital importancia. El contraste que brinda la actuación de las autoridades, eficiente para encarcelar al disidente de las políticas de gobierno e ineficiente para perseguir al delincuente, ha hecho que la sociedad poblana quiera saber, a ciencia cierta, qué pasa con la aplicación de la ley y por qué las personas que en algún momento defienden trabajo, tierra, modo de vida o destino del patrimonio histórico afectados por decisiones gubernamentales, tienen que parar en la cárcel. Dar contenido a las leyes y calificar de legales los actos de aplicación configuran el régimen político que diseña una realidad social concreta. Esta es la de Puebla.

FUENTE: LA JORNADA

ENLACE: http://www.jornada.unam.mx/2016/11/06/opinion/017a2pol

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