Congreso Nacional Indígena: 20 años | Luis Hernández Navarro

Luz Elena Govea es diputada local en Guanajuato. Pertenece al PRI. El 14 de abril pasado fue destituida del cargo de presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso de ese estado por discriminar a indígenas.

Ocho días antes, en una reunión en Guanajuato con mujeres representantes de las naciones pame y otomí, que demandaban mejores opciones laborales y educativas, la diputada Govea López les dijo: No me las imagino en una fábrica, no me las imagino haciendo el aseo de un edificio, no me las imagino detrás de un escritorio; yo me las imagino en el campo, yo las creo en sus casas haciendo artesanías, yo las pienso y las visualizo haciendo el trabajo de sus comunidades indígenas.

La actitud discriminatoria de la diputada priísta hacia los indígenas dista de ser una excepción. El 19 de mayo de 2015 se difundió en redes sociales una conversación telefónica del consejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova Vianello, en la que se burla de los pueblos originarios.

En la charla de Córdova con el secretario ejecutivo del instituto, Edmundo Jacobo Molina, el consejero se mofa del gobernador nacional de los pueblos y comunidades indígenas, Hipólito Arriaga Pote, y del jefe supremo de la tribu chichimeca en Guanajuato, Mauricio Mata Soria, que exigía la creación de una sexta circunscripción electoral para garantizar en la Cámara de Diputados la representación de los pueblos originarios.

“A ver, güey –dice el consejero presidente–, no mames, no voy a mentir, te lo voy a decir como hablaba ese cabrón, te lo voy a decir: ‘yo jefe gran nación chichimeca, vengo Guanajuato, yo decir a ti o diputados para nosotros o yo no permitir tus elecciones’.

“Se ve que este güey –se pitorrea Córdova– …yo no sé si sea cierto que hable así, cabrón, pero, no mames, vio mucho Llanero solitario, con eso del Toro… no mames… me cai que le faltó decir, ‘yo gran jefe Toro Sentado, líder gran nación chichimeca’; no mames, cabrón, está de pánico.”

Encuestas han documentado las muestras de racismo hacia los indios en México. Una, realizada por el Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública de la Cámara de Diputados, concluyó que según ocho de cada 10 encuestados en el país existe mucha discriminación en contra de indígenas. Ochenta y seis por ciento mencionaron que se les discrimina mucho cuando intentan conseguir trabajo, cuando son juzgados por el sistema penal (84 por ciento) y cuando acuden a centros de salud (78 por ciento).

De la mano del racismo contra los pueblos indios caminan la explotación, la opresión, la marginación y el despojo de sus recursos naturales, sus tierras y sus territorios. La discriminación legitima el expolio. Si antes eran víctimas de los grandes ganaderos y los acaparadores, hoy sufren el asalto indiscriminado de la minería a cielo abierto, los megaproyectos, los talabosques, las grandes empresas turísticas, los conglomerados agroindustriales, los laboratorios químicos y farmacéuticos, las compañías generadoras de energía y los cárteles de la droga.

Pese a la adversidad y el poderío de sus expoliadores, los pueblos indígenas resisten. Los tribunales están llenos de demandas de amparo de las comunidades contra el saqueo y la devastación de sus recursos. Varias han ganado la suspensión de esos proyectos.

La presión indígena ha llegado también a organismos internacionales, como la OIT, la CIDH y la ONU. No ha sido en balde. Las recomendaciones de estos organismos han dado a los pueblos una herramienta en su lucha. Ellos han aprendido a utilizar la ley (en la medida de sus posibilidades) en su favor.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha ventilado múltiples demandas indígenas. Los comuneros de Cherán obtuvieron un sonado triunfo al nombrar a sus autoridades mediante su sistema normativo. Se ha abierto paso el principio de que hay que consultar a los pueblos y comunidades antes de que los gobiernos tomen medidas administrativas o de que legislaturas acuerden normas que los afecten.

Pero, más allá del terreno jurídico, las comunidades resisten por medio de la acción directa. Impiden el despojo movilizándose, bloqueando caminos, frenando en los hechos el pillaje, defendiéndose a sí mismos, haciendo paros, como el de los jornaleros de San Quintín. Lo hacen, al tiempo que se reconstruyen como pueblos, que reinventan sus tradiciones, que reafirman su identidad, que recuperan sus raíces.

En este proceso de resistencia ha sido clave el papel jugado por la alianza del Congreso Nacional Indígena (CNI) y el EZLN. El congreso se fundó al calor de la lucha zapatista y de los acuerdos de San Andrés (que siguen sin cumplirse por parte del gobierno) durante una asamblea efectuada entre el 9 y el 11 de octubre de 1996, en la que participó la comandanta Ramona.

El CNI no es una organización tradicional. Es un espacio de encuentro y articulación de la diversidad y multiplicidad de expresiones que forman el movimiento indígena. No hay una convergencia nacional de los pueblos originarios de su importancia y trascendencia. Ha sido capaz de sobrevivir a la adversidad y a la represión.

El congreso ha desatado procesos organizativos en muchas regiones del país. Les ha dado a luchas, aparentemente aisladas, un horizonte nacional y ejes de acción sobre los cuales superar su carácter local. Además de la exigencia de cumplir con los acuerdos de San Andrés (que fue una de sus demandas originales), el CNI ha promovido programáticamente la resistencia al despojo y la autodefensa de las comunidades indígenas.

Este octubre, el CNI y el EZLN celebrarán el 20 aniversario de fundación del CNI. Realizarán su quinto congreso nacional en territorio zapatista, del 9 al 14 de octubre. Allí refrendarán su papel en la reconstitución integral de los pueblos y la construcción de una sociedad en la que quepan todas las culturas, todos los colores, todos los pueblos que integran el país. Será, en todo el sentido de la palabra, un acontecimiento.

FUENTE: LA JORNADA

ENLACE: http://www.jornada.unam.mx/2016/10/11/opinion/016a2pol

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